La Corte Suprema de Justicia de Santa Fe tiene en sus manos el destino del concurso de acreedores de la cerealera Vicentin que involucra una deuda de 1500 millones de dólares y que se encuentra suspendido desde hace 10 días por una resolución de los cortesanos.
El máximo tribunal provincial resolvió desplazar al juez del concurso preventivo, Fabián Lorenzini, le ordenó remitir las actuaciones y suspendió todos los plazos procesales a días del límite para cerrar el acuerdo del pago por la deuda. La cerealera confiaba en llegar al final de un largo recorrido de dos años y medio, pero ahora el panorama es una incógnita.
En el entorno de la firma sostienen que no conocen en detalle el alcance de la medida. El desconcierto es mayor porque daban por resuelto el trámite concursal. Prueba de ello es que días antes de la decisión de la Corte se habían reunido con los socios estratégicos Bunge, Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA) y Viterra Argentina S.A. para firmar convenios del proyecto para la nueva Vicentin. Aseguran que tenían garantizada la adhesión clave de la banca internacional para lograr el acuerdo final.
La medida lleva la firma del presidente del máximo tribunal provincial, Rafael Gutiérrez, y ordena al juez civil y comercial de Reconquista que remita el expediente a la Corte. La figura de avocamiento se completaría una vez que la Corte disponga una medida sobre el proceso.
Según trascendió, la decisión de la Corte se produjo luego de que la corredora Grassi S.A., una de las principales acreedoras, pidiera el avocamiento del concurso. A comienzos de junio, el presidente del directorio de Vicentin, Omar Scarel, fue detenido e imputado de desobedecer cautelares que prohíben la venta de activos de la empresa.
Por lo tanto, el punto determinante y que Grassi quería evitar es que el juez Lorenzini homologara la convocatoria antes de que se dirimiera en el fuero penal la legalidad de la compra-venta de acciones del 33% de Renova a la multinacional Viterra. Tampoco se descartan implicancias en la causa penal por más que la medida tenga efectos en el proceso concursal.
En medio del intrincado panorama judicial, el presidente Alberto Fernández retomó días atrás la idea de intervenir la empresa y convertirla en una firma testigo para ordenar el mercado de granos. La misma iniciativa que, a través de una expropiación, propuso a mediados de 2020, pero terminó frustrada luego de que se generaran rechazos en las calles y dentro de su gestión. Sin embargo, la nueva avanzada presidencial no pasó del terreno de las declaraciones.
“Esperemos a ver qué dice la Corte. Dejemos que ocurran los hechos”, transmitió por su parte el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, a quienes siguen de cerca el tema. En breve, el máximo tribunal deberá decidir el destino concursal. En la cerealera preparan la artillería para resistir una decisión que revierta los avances conseguidos en estos casi 30 meses.