El juez Fabián Lorenzini notó que los dueños de Vicentin le daban vueltas. Exigió, entonces, que se hiciera presente en su juzgado el vicepresidente de cerealera, Alberto Macua. “Acá, en persona”, aclaró apoyando el dedo sobre la mesa. La presencia de quien tiene el conocimiento técnico del directorio era la pata determinante para iniciar el fideicomiso y encauzar, de una vez por todas, el salvataje. El apuro también escondía una necesidad para el juez: zafar de patear el último penal. Finalmente, Macua se hizo presente, pero para rechazar todo y ponerle el moño del fracaso al plan. El juez veía cómo la novela retrocedía hasta casi el inicio y con un agregado extra: el presidente Alberto Fernández despotricaba contra él y lo responsabilizaba por el naufragio al mismo nivel de los accionistas.
A un año de iniciada su carrera como juez, un elefante le cayó del cielo. La gigante agroexportadora pedía abrir un inesperado como complejo concurso preventivo. Como si fuera poco, el paquete terminaría siendo una inyección de adrenalina a la llamada grieta. Y con todo el combo simbólico: estatización, antichavismo, propiedad privada, República... El anuncio presidencial lo colocaba en la centralidad política en el instante justo en que las palabras intervención y expropiación salían de la boca de Fernández con la fuerza de un martillo revoleado al aire.
Lo primero con lo que tuvo que luchar el juez es la sospecha de haber sido comprado por VicentiN. La clásica presunción en este tipo de litigios, donde una de las partes es un gigante contra las cuerdas, se construyó de inmediato. El argumento más liviano es que reside donde la cerealera es una institución y el motor económico desde hace 90 años. Allí se puede cruzar con los Vicentin o con empleados de la firma haciendo un trámite o en la cola del supermercado. También juega la identidad de haber nacido en el campo, a escasos 30 kilómetros de donde se originó la planta y de que su padre fue trabajador rural.
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Al margen de esas conexiones ligeras, la desconfianza tiene sus fundamentos firmes. Trabajar 20 años como apoderado de la sucursal local del Banco Nación, principal acreedor crediticio, es, mínimamente, atendible. Pero una resolución emerge sobre todo: le dio lugar al pedido de los dueños de la firma para reponerlos en el directorio, luego de haber sido reemplazados por un interventor enviado por la Casa Rosada. Corrió de un escobazo el decreto del presidente y pisó la situación. Narrar esa sola frase ya tiene peso propio, pero los argumentos lo condenan: por tratarse de una empresa de complejo manejo, era necesaria una administración "con el grado de experticia que asegurase la continuidad operativa".
Esa experticia, a su entender, no la tenían los interventores enviados por Férnandez, pero sí el directorio que tenía en el placar un tendal de 2.600 acreedores por 1.400 millones de dólares. Había fundamentos de sobra para alejarlos, pero los mantuvo. Ese fue el pico de señalamientos. La decisión atragantó al Presidente hasta que este viernes se desahogó con furia contra el juez en el escrito con que derogó la intervención. Lo responsabilizó por los objetivos no cumplidos del decreto debido a la "acogida favorable" de la "acción obstruccionista de los accionistas" y por la imposibilidad de conocer el pasivo real de la cerealera. Colaboracionismo, en la consideración del Presidente. El enemigo, claro, Vicentin.
Semanas después de las astillas por reponer a los dueños, el juez enderezó los ánimos con una conciliación entre el directorio y la provincia de Santa Fe. Con esa reunión, demostró entender que la permanencia de los dueños al mando de la compañía era insostenible. Hasta los propios directores casi lo reconocen cuando amagaron con transferir sus acciones a un fideicomiso. Pero ya era demasiado tarde para que cambiara la opinión sobre él, incluso, por más que ese acuerdo, indirectamente, pudiera enterrar la expropiación de la que el Gobierno se arrepintió. Los jueces hablan a través de sus fallos y Lorenzini había dado un concierto.
LA HOGUERA. Desde la noche del 8 de junio, el juez, de 45 años, siente presión, de esa que molesta en el cuerpo. Le retumban las palabras de Fernández en conferencia de prensa: "He firmado un decreto que dispone la intervención del grupo Vicentin". Desde entonces, se aboca estrictamente al tema con su secretario. El resto puede o debe esperar. El despacho de Lorenzini es una hoguera. Junio lo es. Afuera no cambia. Reconquista y Avellaneda estallan cuando Fernández dice lo suyo. Brota una dosis de republicanismo inmediato, por momentos violento, siempre dispuesto a la ocasión. Difícil de abstraerse. Aturdido, el juez observa la defensa en las calles y los banderazos y se da cuenta que tiene una bola de nieve en sus manos.
Pero la expropiación se desvaneció y la espuma bajó. Algunos actores en la causa vieron que el juez varió su concepción inicial. “Empezó a darse cuenta de una serie de cosas, de cómo jugaba Vicentin, y no se quedó con el pescado que le vendía”, intuyó alguien al tanto de la negociación provincial. Dicen que le empezó a notar hocico y dientes afilados al cordero. Quizás, de nuevo, era tarde. El desprestigio de los directivos, expuesto día a día con múltiples denuncias de maniobras de ocultamiento o triangulación, hizo mucho. Hubo hasta una suerte de power soft académico con artículos de renombrados concursalistas santafesinos antiintervención.
Pero, por sobre todo, le resonó la no entrega del balance 2019, clave para saber qué pasó en el medio de los envidiables números de 2018 y el default declarado menos de un año después. Fernández le reprocha eso como una de las "dilaciones que consintió". Ese ninguneo lo expuso. Más aún, las imputaciones e inhibiciones de la justicia federal a los directores del Banco Nación y de Vicentin por las relaciones carnales que terminaron en préstamos irregulares. Otra vez era insostenible algún mínimo respaldo.
Así, llegará a definir si acepta la intervención de Santa Fe, una opción que a esta altura no se sabe si es una última bala o una cebita. Pero en esa decisión está su karma: correr o no al directorio. "El fragor de la prueba debería cambiar su consideración de los directivos", presionó el secretario de Justicia santafesino, Gabriel Somaglia. Cada tanto, a solas en el juzgado, se repite que, si el barco naufraga, nunca nadie arroja salvavidas al mar.
