SEGUNDO TIEMPO

Pobreza y desocupación, los números rojos que preocupan a Schiaretti

Los indicadores cordobeses no mejoran y siguen arriba de la media nacional. La inquietud que devuelve el espejo rosarino. Programas sociales y silencio PRO.

CÓRDOBA (Corresponsalía) Los datos oficiales que dan cuenta de la situación económica en la que viven algunos de los sectores más poblados de la provincia de Córdoba no son una buena noticia para los intentos de nacionalización del “modelo de gestión Córdoba” que impulsa el gobernador Juan Schiaretti. Según los últimos números del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), la pobreza en Córdoba se ubicó tres puntos por encima de la media nacional y llegó al 40,4%. La indigencia fue del 7,5%, tensionando un clima social que tiene a los movimientos piqueteros ocupando las calles de las principales ciudades del país. Las cifras de desocupación del Gran Córdoba pican en punta: es el único conglomerado de la medición que alcanza los dos dígitos, con el 10,1%.

 

Más allá de la recuperación que expresan los números a nivel nacional, el ritmo mediterráneo se aletarga con respecto a algunos de los conglomerados con los que suele espejarse en materia de recursos, población y posibilidades de desarrollo. 

 

El economista Alfredo Schclarek Curuchet propone centrar el análisis de datos en la comparativa con el Gran Rosario, donde la pobreza alcanzó un 33%, siete menos que en Córdoba. “Es algo que debería preocupar”, dice al ser consultado por Letra P.

 

En esa comparación, la desocupación aparece como una razón que, en gran parte, explica el problema de los ingresos cordobeses. En diciembre de 2020, Córdoba tenía al 13% de su población desempleada y el Gran Rosario al 13,6%. Un año más tarde, Córdoba tiene un 10,1%, mientras que en el Gran Rosario bajó al 7%.

 

En el oficialismo provincial, los señalamientos apuntan al mal momento nacional, profundizado por la pandemia, que “agravó una crisis que ya venía golpeando al sector privado”. El destacado sobre la actividad privada no es inocente, porque otra de las cosas que se destaca es que “en Córdoba el empleo público representa un universo de asalariados muy por debajo de la media”.

 

El dato que fortalece esa lectura se encuentra en un informe elaborado por la Fundación Mediterránea a finales del año pasado, en donde se señala que Córdoba es la provincia con menor proporción de empleados públicos del país. En ese ranking, el 5% de los habitantes de Córdoba trabajan en el sector público, tres puntos por debajo de la media nacional anclada en el 8%.

 

Para la oposición, la explicación es insuficiente. “Más allá de la crisis, el Gobierno hace muy poco para bajar la pobreza. No solo en el Gran Córdoba sino en sectores como el norte de la provincia, en donde el 85% de los chicos que van a la escuela comen en el Paicor”, dice el legislador radical Dante Rossi, en referencia al Programa de Asistencia Integral provincial. “Hay planes de empleo que están muy bien, pero no hay avances en la creación de empleo genuino”, añade.

 

Otro de los puntos que incide es “la presión fiscal” de la provincia. “Vivir en Córdoba en general es más caro y la presión es mayor que en Rosario”, señala Curuchet.

 

“Todas las iniciativas benefician al poder concentrado y perjudican a las clases más postergadas”, agregan la legisladora de izquierda Luciana Echevarría. “Los planes de trabajo terminan garantizando mano de obra flexibilizada a las grandes empresas y son muy acotados en el tiempo”, advierte la representante del MST y añade que "siempre se apuntala como sector estratégico al campo que, más allá de su importancia, no requiere contratar a un número de trabajadores muy grande para su desarrollo”.

 

En el marco de la disputa por la sucesión de Schiaretti, en el que también juega un operativo de seducción que una parte de Juntos por el Cambio desarrolla para sumar al gobernador a las filas nacionales de la oposición, no deja de ser destacado la ausencia de ambos temas entre el listado de las críticas principales por parte de los sectores más cercanos al PRO.

 

Concentrados en las críticas a la gestión nacional, los dardos siempre apuntan contra la Casa Rosada. Más bien, los cuestionamientos amarillos gustan de asentarse sobre la necesidad de alternancia, la falta de transparencia, la corrupción y la amenaza del narcotráfico. Apuntar al sostenido crecimiento de la pobreza y la desocupación en la provincia, incluso, atentaría sobre la idea de la Córdoba “beneficiada” durante la gestión de Mauricio Macri, una idea que el PRO alimenta para sostener en alto la imagen de la coalición en el centro del país.  

 

“Hace bastante tiempo que la pobreza en Córdoba se ubica por encima de la media, pero ahora la diferencia es más significativa. Más allá de las variables que podamos ir analizando, la provincia debería encarar un estudio profundo para explicar qué es lo que está ocurriendo”, reflexiona Curuchet al advertir sobre la necesidad de construir una base estadística sólida a partir de la cual comenzar a buscar soluciones.

 

El Indec cordobés

Desde el tercer trimestre de 2017, Córdoba empezó a analizar y publicar los datos de lo que llaman Monitoreo de Condiciones de Vida. El objetivo principal de ese relevamiento es medir el impacto que los planes no monetarios de la administración provincial  tienen sobre los hogares pobres e indigentes. La herramienta suele ser criticada por la oposición y por analistas que acusan a la administración de intentar “maquillar” los datos con el objetivo de minimizar el impacto en la opinión pública.

 

De todos modos, los informes no ocultan los datos generales, sino que ponen en valor las políticas sociales del gobierno. Si se toman en cuenta esos datos, la pobreza se reduce al 36,5%. En números concretos, según los datos provinciales, los planes de asistencia del Ejecutivo sacan de la pobreza a poco más de 27 mil personas y de la indigencia a unas 32 mil.

 

Entre los programas más importantes que se contemplan en esta investigación se enumeran los relacionados con la asistencia alimentaria, los boletos sociales para el sistema de transporte público y las tarifas solidarias que garantizan el acceso a los servicios básicos, como la luz, el agua y el gas, entre otros.

 

Axel Kicillof encabeza un multitudinario plenario en Varela
Axel Kicillof y Maximiliano Pullaro

También te puede interesar