24|10|2021

Golpe de timón en la hidrovía: siguen Jan de Nul y Emepa hasta 2022

25 de agosto de 2021

25 de agosto de 2021

El Gobierno prorroga 90 días la concesión privada y frena la estatización temporaria de la vía fluvial. Se creó el ente que controlará la licitación hasta 2037.

Por cuarta vez en el transcurso de un año y con dos medidas relevantes, la administración de Alberto Fernández volvió a modificar drásticamente la hoja de ruta destinada a reconfigurar el futuro manejo de la hidrovía Paraguay-Paraná. El Gobierno tomó la decisión de conceder una nueva prórroga a la actual concesionaria privada Hidrovía SA que integran el grupo belga Jan de Nul y la local Emepa. Correrá a partir del 11 de setiembre y se extenderá, como mínimo, por un plazo de 90 días. Además, el Gobierno aprobó con un DNU la creación del demorado Ente Nacional de Control y Gestión, que tendrá un amplio abanico de funciones y se encargará de licitar y adjudicar en 2022 la nueva concesión de la principal vía navegable del país.

 

Con la prolongación del contrato vigente con Hidrovía SA, que será oficializada con un decreto en los próximos días, la Casa Rosada dio un sorpresivo giro de 180 grados que ha dejado pedaleando en el aire a los funcionarios de la Administración General de Puertos (AGP). A fines de junio, por medio del decreto 427, el Gobierno había decidido ponerle punto final a la relación contractual con Hidrovía SA y otorgarle a la AGP una concesión temporaria para que, a partir del 11 de setiembre, se hiciera cargo de la autopista fluvial y del cobro de los peajes a los barcos que en los últimos 25 años han estado bajo la órbita de la concesionaria privada.

 

Con esa misión asignada y trabajando contrarreloj, la AGP salió a comunicar el último viernes a las agencias marítimas y compañías navieras que un día antes de las PASO iba a debutar el nuevo mecanismo de recaudación estatal de los peajes. Pero en las últimas horas, la Casa Rosada y la cartera de Transporte comandada por el massista Alexis Guerrera resolvieron volver sobre sus pasos y encaminar otro decreto para extender la concesión a Hidrovía SA y demorar la entrada en escena de la AGP y el cobro de los peajes a cargo del Estado hasta los primeros días de enero.

 

Las razones que llevaron a desandar el proceso estatizador que estaba en marcha habrían sido básicamente tres: el escaso tiempo en juego para organizar antes del 11 de setiembre un traspaso ordenado de la operación, el temor a recibir cuestionamientos judiciales por las contrataciones directas del dragado y balizamiento que debía efectuar la AGP para garantizar las condiciones de navegabilidad y las protestas gremiales que se iban a producir por el cobro de indemnizaciones y la preservación de las fuentes de trabajo que no estaban garantizadas con el nuevo esquema de contratistas transitorios.

 

Si bien dejará conformes a las entidades y usuarios del sector que ven de mala manera la injerencia estatal, la continuidad de Hidrovía SA obligará al Gobierno a tener que desplegar una acción interna de “control de daños” para tratar convencer y calmar a los referentes del ala dura del kirchnerismo que vienen bregando desde el año pasado por una estatización plena del corredor fluvial por donde se movilizan el 85% de las exportaciones agroindustriales y el 90% del tráfico de contenedores.

 

Ente poderoso

Tras un prolongado intercambio de borradores durante seis meses y una larga lista de correcciones y modificaciones introducidas en los últimos días, el Poder Ejecutivo sacó a la calle el DNU 556 que crea el nuevo “Ente Nacional de Control y Gestión de la Vía Navegable”.

 

El Ente funcionará como un organismo descentralizado, con personería jurídica propia y capacidad para actuar en el ámbito del derecho público y privado. Será piloteado por un Consejo Directivo integrado por 15 miembros. Tendrá un presidente nombrado por la Casa Rosada, un vicepresidente primero elegido por el Ministerio de Transporte, un vicepresidente segundo designado por el Ministerio del Interior a cargo de Eduardo De Pedro, y un vicepresidente tercero puesto por la cartera de Desarrollo Productivo de Matías Kulfas. A ellos se sumaron siete vocales por cada una de las provincias ribereñas que suscribieron el Acuerdo Federal de la hidrovía.

 

A su vez, el Consejo Directivo contará con una Comisión Asesora compuesta por ocho miembros que serán designados por las carteras de Seguridad, Agricultura, Obras Públicas, Ambiente y Desarrollo Sustentable y Relaciones Exteriores. Se completará con los enviados del Consejo Interuniversitario Nacional, las entidades gremiales y las asociaciones de usuarios representativas del sector.

 

El nuevo ente tendrá su sede operativa inicial en Rosario, todas sus decisiones se resolverán por mayoría y, si lo considera conveniente, podrá habilitar el funcionamiento de delegaciones en otros puntos portuarios de la vía navegable. Al flamante organismo le asignaron un total de 26 funciones, entre las cuales sobresalen cuatro que son las más significativas:

 

-Controlar el cumplimiento de las leyes, reglamentos y los contratos de concesión aplicando las medidas y sanciones administrativas que correspondan.

 

-Confeccionar los pliegos de bases y condiciones, llamar a licitación y adjudicar las futuras concesiones del dragado y señalamiento de la vía navegable Paraguay-Paraná hasta 2037.

 

-Aprobar los procedimientos de aprobación o revisión tarifaria, evaluando las metodologías de cálculo, estudios, análisis y asignación de costos e ingresos que permitan mostrar su razonabilidad y competitividad, con la participación ciudadana correspondiente.

 

-Resolver las cuestiones que queden pendientes al finalizar la concesión de Hidrovía SA e intervenir en todos los casos de juicios y demandas que resulte necesaria su participación para colaborar con la defensa de los intereses del Estado Nacional.

 

En cuanto a los peajes, el ente será el encargado de cobrarlos “por cuenta y orden de los futuros concesionarios”. De esa recaudación se tomará el 0,5% para financiar el funcionamiento del organismo, que también contará con los ingresos de las multas que aplique a los concesionarios y las partidas asignadas por el presupuesto nacional.

 

Si bien no está dentro de sus tareas iniciales, no se descarta que en el futuro el ente también se haga cargo del control y gestión del Canal Magdalena, cuyas obras de construcción y mantenimiento, en teoría, tendrían que ser licitadas en las próximas semanas por la Unidad Ejecutora Temporaria que encabeza el titular de la AGP, José Beni.