Sin esperar la oficialización del contrato de concesión que le servirá de paraguas legal para administrar y operar la hidrovía, la Administración General de Puertos (AGP) puso en marcha el nuevo mecanismo de cobro estatal de los peajes a los barcos que se movilizan por la principal vía navegable del país.
Con el guiño del ministerio de Transporte comandado por el massista Alexis Guerrera, el organismo portuario determinó que la facturación y recaudación de los peajes fluviales por parte del Estado comenzará a regir a partir del 11 de setiembre junto con la salida del escenario de la actual concesionaria privada Hidrovía SA, que integran el grupo belga Jan de Nul y la local Emepa.
Tras una marcada disputa interna entre los referentes del ala dura del kircherismo que impulsaba la estatización y los funcionarios de Transporte partidarios de prolongar el esquema vigente de operación privada con mayores controles, la administración de Alberto Fernández adoptó, a fines de junio, una salida intermedia y transitoria.
Por medio del decreto 427, el Gobierno decidió no volver a prorrogar el contrato con Hidrovía SA y otorgar a la AGP una concesión temporaria para que se haga cargo de la autopista fluvial y del cobro de los peajes que desde hace 25 años han estado bajo la órbita de la concesionaria privada.
Pese a que aún no se ha formalizado el contrato de concesión con las nuevas reglas de juego que comenzarán a regir pocas horas antes de las PASO, los funcionarios de la AGP se adelantaron a los hechos y establecieron que la recaudación estatal de los peajes comenzará a regir desde el sábado 11 de setiembre.
Por medio de una nota, la AGP comunicó a las agencias marítimas y compañías navieras el cambio en la modalidad de cobranza y determinó que todas las empresas usuarias de la hidrovía deberán presentar la documentación legal para darse de alta como nuevos clientes del organismo.
Los pagos deberán depositarse en una cuenta específica del Banco Nación y, según las nuevas condiciones generales, todos los buques deberán tener un agente marítimo al que le será emitida la factura para ser cancelada antes de los 30 días. En caso de que se registre atraso en el pago de un barco, los funcionarios podrán inhabilitar todas las operaciones de la agencia marítima involucrada.
En cuanto a las tareas de dragado y balizamiento que se deberán contratar para mantener en condiciones la vía navegable, la AGP ya tendría resuelto cómo salir del paso no bien se suscriba el demorado marco legal que le otorga la chapa de concesionaria hasta que desembarque el nuevo operador privado, que surgirá de la licitación internacional prevista para el próximo año.
Tal anticipó Letra P, las autoridades portuarias tercerizarán las obras por separado y por medio de “adjudicaciones directas” que se implementarán con un tratamiento express en los próximos días.
En el caso del dragado, el nuevo contrato temporario quedará en manos del grupo Jan de Nul, que desde mediados de los 90 viene realizando las obras de profundización del calado como integrante de Hidrovía SA.
Por el lado del señalamiento, la contratación recaerá en una UTE de empresas locales que estaría conformada por las firmas Pentamar, Hydra, Navitroinic y Sade Electromécanica.
Además de darle aire a los cuestionamientos de las entidades privadas del sector que rechazan la injerencia estatal, el manejo desprolijo y contrarreloj que viene exhibiendo el Gobierno con las cuestiones esenciales de la hidrovía también puso en alerta y en pie de guerra al sindicato de dragado y balizamiento liderado por Juan Carlos Schmid.
Ante la falta de precisiones y la incertidumbre generada por el retiro de la concesionaria privada, el gremio advirtió que va camino a disponer un cese de actividades la próxima semana si no se resuelve y garantiza el traspaso de los 800 empleados de Hidrovía SA.
El secretario general del sindicato y titular de la CATT (Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte) alertó que “de no obtener respuestas concretas se paralizarán las actividades a partir del próximo miércoles”.
Para ese día está convocada una audiencia clave en el ministerio de Trabajo, donde deben concurrir tanto las autoridades de la AGP como representantes de la concesionaria saliente.
Según lo prometido por el Gobierno, se van a preservar todas las fuentes laborales y quienes trabajan en Hidrovía SA pasarán a formar parte de las empresas que se hagan cargo del dragado y balizamiento.
En el gremio de Schimd desconfían de la palabra oficial y remarcan que hasta ahora “ninguna autoridad ha salido a clarificar y explicar cómo se concretarán las desvinculaciones, cuándo se abonarán las indemnizaciones y a partir de qué momento se efectuaran las incorporaciones a las nuevos contratistas”.