La categorización de Rosario como zona de alarma epidemiológica desalineó, una vez más, los planes del gobernador santafesino Omar Perotti con los dispuestos por la Casa Rosada, puntualmente por la prohibición de la presencialidad en las escuelas, medida que el justicialista adoptó a regañadientes sólo por una semana y no hasta el 21 de mayo como sugirió el DNU presidencial. A la par se encendió una ofensiva al estilo larretista encabezada por el intendente de Rosario, Pablo Javkin, para que se revea la calificación sanitaria de la ciudad y no se vacíen las aulas.
En las últimas semanas, la postura epidemiológica del gobierno provincial no termina de cuadrar con la línea nacional, incluso son evidentes algunas reticencias y señales ambiguas a la hora de adherir a las medidas del presidente Alberto Fernández. Todo esto en momentos en que el mandatario sufre un desgaste de poder con la interna entre el ministro de Economía, Martín Guzmán y el subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo.
En ese marco en el que no cabe un frente de tormenta más en el Gobierno, Perotti se diferenció de la decisión de prohibir las clases presenciales, pero con un enredó que complejizó el asunto. Es que estiró demasiado la negociación para poder torcerle el brazo al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero y evitar que el departamento Rosario y San Lorenzo ingresen en la zona más roja, y terminó comunicando la adhesión a las restricciones este domingo a las 21.30, cuando Fernández las había anunciado el viernes.
Así, se vio sometido a una crítica de doble filo: por un lado por la demora de los anuncios que complicaron la organización familiar hasta altas horas del domingo, y encima por una medida que no comparte. “Estuvimos hasta última hora tratando de realizar un cambio a la normativa. Ante estas gestiones, a las 21 comunicamos porque ya no había vuelta atrás”, dijo el ministro de Gestión Pública provincial, Marcos Corach, para justificar la demora.
Entonces, si no compartían la decisión, ¿por qué adhirieron?, le preguntaron en Radio 2; Corach contestó: “No es obediencia al Presidente. Si hubiese sido disciplina adherimos al DNU y listo, y no discutíamos. Estamos al límite y tenemos que bajar los contagios. No obstante, nos preocupamos por la presencialidad, nos preparamos para ella, por eso los docentes están vacunados”.
Un poco de larretismo
Como no había sucedido en otra oportunidad, las restricciones presidenciales chocaron contra la dirigencia santafesina y puntualmente la suspensión de clases, tema que caló en la agenda del gobernador y, sobre todo, en la del intendente de Rosario. Fue éste quien empuñó rápidamente una confrontación a la medida dispuesta por Nación, aunque sin llegar a la judicialización como ha hecho el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.
“Queremos que se revea la situación de las escuelas, la última medida debería ser suspender las clases. No podemos tener otras actividades abiertas y las escuelas cerradas. Hoy realizaremos una presentación ante el gobernador. Queremos que los chicos estén presencialmente en las escuelas”, dijo Javkin este lunes por la mañana. Parece ser que este tema volvió a acercar a ambas gestiones santafesinas, al margen de algunas diferencias de concepto que subyacen.
Quien sí apeló a la Justicia fue el diputado nacional de Juntos por el cambio, Federico Angelini, al anunciar un amparo ante el Poder Judicial que permita revertir esta determinación del Ejecutivo. “Lamentablemente, ni el gobernador ni el intendente de Rosario se ponen firmes en este tema, que es crucial para el futuro de nuestros chicos, como tampoco han defendido a Santa Fe a partir de otras medidas anunciadas por Nación y que nos afectan directamente a los santafesinos”, manifestó Angelini.
Javkin sostiene que Rosario está en una categoría agravada porque alberga pacientes de otras localidades por eso pide que se revea la categoría sanitaria de Rosario. En esa línea coincide el gobernador, quien este lunes por la tarde reunió a diferentes intendentes para repasar la situación y lograr respaldo político ante el pedido de revisión a Nación. Al menos por una semana, la tensión se mantendrá.
