La negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI) entraba este martes en una instancia que en el Gobierno calificaron como determinante, con el viaje del ministro de Economía, Martín Guzmán, a Washington. Será el primero de los encuentros cara a cara con los que el funcionario buscará convencer a interlocutores clave de Estados Unidos, Europa (Alemania y Francia) y Asia (Japón) de tener en cuenta las particularidades de Argentina al firmar el nuevo programa. En paralelo, la querella que inició el Poder Ejecutivo contra el expresidente Mauricio Macri y su equipo económico por el endeudamiento iniciado en junio de 2018 camina mansa por Tribunales, con una certeza: se trata de una causa que busca explicitar a los responsables políticos en el ámbito local sin obstruir las tratativas en curso, coincidieron distintas fuentes consultadas.
La denuncia que la Oficina Anticorrupción (OA) inició contra Macri, Nicolás Dujovne, Federico Sturzenegger, Guido Sandleris y Luis Caputo compendia irregularidades administrativas que habrían tenido como objetivo acelerar el desembolso del préstamo para facilitarles los dólares a fondos de inversión que habían invertido en Lebac del Banco Central en momentos en que las altas tasas en pesos y el tipo de cambio planchado seducían a especuladores que venían a hacer carry trade. "Los imputados ejecutaron un programa criminal destinado a generar ingentes ganancias finales en dólares a personas físicas y jurídicas, las que fueron solventadas mediante el endeudamiento externo contraído por el Estado Nacional", se lee en la denuncia del organismo que dirige Félix Crous.
Según esta argumentación, se pasaron por alto procedimientos administrativos para garantizarles los dólares a fondos amigos. Para probarlo, Crous pidió que el juez solicite al Banco Central información sobre "qué fondos institucionales, personas jurídicas y físicas, desarmaron sus posiciones en letras en pesos (Lebac) desde sesenta días antes del anuncio del acuerdo con el FMI, hasta la reinstalación de las medidas de control cambiario", en septiembre de 2019. Y también, "qué fondos institucionales, personas físicas y jurídicas adquirieron dólares estadounidenses, desde el anuncio del acuerdo con el FMI hasta la instalación de las restricciones". Se la llevaron a las Islas Caimán", resumió Crous en declaraciones a El Destape.
La querella del Ejecutivo retoma una denuncia que la Coordinadora de Abogados de Interés Público realizó a comienzos de 2019 y que, luego de varios intercambios, llegó a la Corte Suprema a fines de ese año. La OA agregó el "fin delictivo": la supuesta búsqueda de una salida rápida para los fondos de inversión. Llamativamente, la OA no se constituyó en querellante y el impulso de la demanda quedó a merced de algún fiscal que tome el reclamo.
Las listas de compradores de divisas se difundieron hace casi un año en El Cohete, la web de Horacio Verbitsky. En una serie de notas, el periodista publicó que las empresas más grandes del país encabezaron el ranking de adquisición de dólares. Entre ellas, algunas (pocas, en comparación) financieras, como la sociedad de Bolsa Cohen y el banco HSBC. También hubo personas, entre ellos casi todos los banqueros del país. Falta saber, para confirmar las sospechas de la OA, a través de qué sociedades financieras operaron los fondos de inversión del exterior y si las personas y empresas que compraron dólares lo hicieron luego de haber vendido Lebac.
Para funcionarios consultados por este medio, la denuncia se trató de una acción política destinada a mostrar la "fuga de capitales", pero efectuada con cierta cintura como para no obstaculizar las negociaciones con el Fondo. El escrito no impugna el crédito, a pesar de las múltiples irregularidades denunciadas (desde la ausencia de una traducción oficial en adelante), ni la potestad del Poder Ejecutivo para encarar una negociación con el Fondo. Hace foco en los procedimientos administrativos y elucubra una maniobra delictiva a partir de esas desprolijidades.
Negociadores con el Fondo depositaban más expectativas en la incidencia que puedan tener en las gestiones las dos auditorías internas que lleva adelante el FMI (la del staff y la de la Oficina de Evaluación Independiente). Esas investigaciones deberían confirmar lo que parece obvio: que el Gobierno de Macri cumplió a rajatabla con los preceptos del programa económico (ortodoxia monetaria y ajuste fiscal) pero que los objetivos explícitos de estabilizar la economía, retomar el crecimiento del PBI, incluir a los más vulnerables y devolverle al país el acceso al mercado de capitales no se cumplieron. El objetivo tácito de favorecer la reelección de Macri, tampoco.
