El Senado santafesino sigue siendo el eje desde donde la política provincial empieza a crujir. Un nuevo avance del peronismo opositor contra los fiscales del Ministerio Público de la Acusación (MPA), a partir de la creación de una comisión de seguimiento de su desempeño y de las causas penales que investigan, desató un escándalo institucional que promete derivaciones en las alianzas políticas de la Cámara Baja y en el oficialismo.
El jueves pasado se aprobó “una comisión de estudio, investigación, seguimiento y evaluación” del MPA, impulsada por el senador traferrista Rubén Pirola, que encabezaría el jefe del bloque del Frente Progresista, el radical Felipe Michlig, y el justicialista Armando Traferri, quien ya se plantó como un opositor al gobernador Omar Perotti. Cada uno aportó seis votos a favor de la iniciativa, mientras que tuvo el rechazo de los senadores alineados con la Casa Gris.
El fundamento detrás de la creación de semejante figura de control es la causa que impulsan los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery contra Traferri para imputarlo como presunto jefe de una “organización criminal” del juego ilegal. A mediados de diciembre los fiscales pidieron su desafuero, pero fue rechazado por los mismos que esta vez acompañaron.
La noticia de la comisión generó un estruendo en el ambiente judicial, con durísimos comunicados denunciando “avasallamiento” firmados por el MPA, la Asociación de Fiscales y el Colegio de Magistrados. Los fiscales entienden que es la estocada definitiva dentro del largo avance del Senado sobre ellos que se inició con una ley, hoy recurrida a la Corte, en la que se autofacultan para removerlos.
Alianzas que tambalean
La creación de esa comisión no solo tuvo implicancias institucionales, sino también políticas ya que la jugada podría derivar en un estallido del sistema de alianzas dentro del Senado. El radicalismo acompañó, pero con el escándalo encendido dio marcha atrás y avisó que no integrará la comisión. La excusa fue peor: firmaron sin mirar lo que firmaban. “Fue una lectura rápida”, sostuvo Michlig, mientras que otras fuentes del radicalismo le dijeron a Letra P que se trató de una “desinteligencia operativa”.
Desde el bloque oficialista Lealtad desmienten que no conocieran el contenido porque se habló en labor parlamentaria. Lo cierto es que el bloque radical vota casi todo en consonancia con el bloque de Traferri, pero esto parece haber pasado un límite que cayó mal en el propio Frente Progresista. Acompañar pero solo hasta la puerta del cementerio, parece haber sido el reproche.
Entre el jueves y el lunes de la marcha atrás hubo ruido interno tratando de contener para que no se desate un escándalo. “Hubo mucha reserva en las charlas”, comentó un asesor a este medio. El diputado radical Maximiliano Pullaro tuvo reuniones informales avisando que no se iban a sumar a esa jugada.
En tanto, el socialismo dio su postura y lo dejó en manos del radicalismo. Así queda en evidencia una cuestión que los propios radicales comentan: ya no hay nadie que lidere el Frente Progresista para pegar un golpe en la mesa y pedir explicaciones. Todos estos episodios influyen en la nueva conformación del frente que no termina de definir su forma.
Interna oficialista a la vista
Por las características que se atribuye, el nuevo ente de control parece ser una comisión de la venganza a medida de Traferri. El gobierno de Perotti la calificó de "ilegal e inconstitucional". “No tiene sustento jurídico. Que un poder avance sobre otro es poco feliz”, sostuvo el secretario de Justicia, Gabriel Somaglia. Al margen del comentario institucional obligado, el Gobierno intenta mantener distancia y usufructuar que los senadores opositores hayan quedado expuestos de manera grosera por sí solos.
Sin embargo, hay una bomba activada en el oficialismo. En la misma sesión, se aprobó una resolución donde se le pide al Poder Judicial que archive la investigación a Traferri y encomendó a la vicegobernadora y presidenta del Senado, Alejandra Rodenas, que “haga saber” al juez competente que al agotarse la chance del desafuero “no puede avanzar en el proceso judicial”.
Mientras el ministro de Gobierno, el rossista Roberto Sukerman, sostuvo en Twitter que el Gobierno “está en contra del archivo de la causa que investiga el juego clandestino”, la vicegobernadora emitió un comunicado para intentar desmarcarse de lo aprobado. Aclaró que se trata sólo de un acto parlamentario que no fue promovido ni impulsado por ella y que lleva su firma porque así lo establece el reglamento interno del cuerpo.
También sale a responder una información sin firma que dio vuelta en las redacciones y que responsabiliza a Rodenas: “No se condice con la verdad, ya que me he limitado a comunicar al juez interviniente una resolución que expresa la voluntad del cuerpo. Se trata de un acto meramente administrativo”, argumentó. La exjueza siente cada vez más la presión de estar en el medio de la pelea de Perotti con Traferri, quien la apalancó a la candidatura con su partido el Nuevo Espacio Santafesino (NES). Su incomodidad es proporcional a la tensión entre el gobernador y el senador.
