La tensión latente en todo el arco político santafesino y los integrantes del Ministerio Público de la Acusación (MPA) terminó de explotar con el reciente fallo de la Cámara Laboral de Rosario que declaró inconstitucional una ley votada por unanimidad en 2018, que otorgaba a senadores y diputados provinciales la potestad exclusiva para sancionar a los fiscales del sistema. El revuelo va en ascenso y empieza a impactar sobre conceptos delicados como la división de poderes y control político. De fondo, el peso de los senadores y la implicación de algunos de ellos en una causa polémica que originó la ley.
Desde hace años, el tema amenazaba con generar un conflicto pero el detonante recién llegó días atrás con el fallo de la Sala II de la Cámara Laboral frente a un pedido de nulidad elevado por el fiscal jefe de Homicidios, Adrián Spelta. Los legisladores estaban por suspenderlo por 90 días y sin goce de sueldo por avalar la excarcelación a Emanuel “Ema Pimpi” Sandoval, implicado en un intento de triple homicidio en una disputa de narcomenudeo, delito que no habilitaba el beneficio. Sandoval fue asesinado mientras cumplía prisión domiciliaria.
Si bien el fallo pone un freno concreto en el caso Spelta, no implica la derogación legislativa. Pero, igualmente, encendió la discusión con un nivel de rispidez alto y con la particularidad de un corporativismo legislativo sin fisuras que no distingue colores partidarios. En parte es porque la ley de la discordia se aprobó en su momento de manera unánime.
El jefe fiscal de Homicidios de Rosario, Adrián Spelta, presentó la cautelar que dio lugar al fallo
La misma, sancionada en 2018, mantiene en la órbita de la Auditoría General de Gestión del Ministerio Público de la Acusación (MPA) las consideradas faltas leves de los fiscales, pero atribuye la potestad exclusiva de las “faltas graves o comisión de delitos dolosos” a la Legislatura. Antes, la Auditoría investigaba y acusaba, mientras que el encargado de sancionar era un tribunal plural compuesto por del Fiscal General, un fiscal regional de otra jurisdicción, un diputado, un senador y un abogado matriculado.
“Ese es el costado inconstitucional de la ley. La Legislatura abarca todo de manera exclusiva. Investiga, acusa y juzga un solo órgano que son los legisladores, en vez de un tribunal con participación de distintos sectores”, explicó a Letra P el abogado de Spelta, Hernán Martínez.
El origen de la ley que otorga la potestad exclusiva de sanción a los legisladores y legisladoras puede explicarse con una causa que pegó de lleno en el Senado. En 2017, la Unidad de Delitos Económicos y Complejos de los fiscales Adrián Mac Cormack y Sebastián Narvaja avanzaron sobre media docena de senadores con décadas en sus bancas por presunto desvío millonario de fondos para subsidios. Los investigados eran Joaquín Gramajo, Armando Traferri, Rubén Pirola, José Baucero y Guillermo Cornaglia. La presión fue tan fuerte que, además de lograr el respaldo del exfiscal regional Patricio Serjal, detenido por presunta coimas, el Senado avanzó al poco tiempo con la ley que acaba de ser declarada inconstitucional. Un trámite exprés y sanción unánime.
Esta semana, la cuestión se calentó y los legisladores cocinan una declaración contundente de rechazo al fallo donde argumentarán que se pone en riesgo la división de poderes. El presidente de la comisión de Acuerdos del Senado, Raúl Gramajo, acusó directamente a los integrantes del MPA: “La ciudadanía tiene que saber que los fiscales no quieren ser controlados”. El abogado de Spelta contradijo esa declaración y aclaró que “se busca un control plural y equilibrado”.
El jefe del bloque de diputados del PJ, Leandro Busatto, defendió la ley 13.807 y consideró que el fallo “es violatorio de la división de poderes”. Por el lado del radicalismo, el senador Lisandro Enrico, quien promovió la suspensión de Spelta, afirmó que con las novedades jurídicas “se intenta mantener un sistema de protección y coberturas reacio a cualquier sistema de transparencia y moderno”.
Desde el otro extremo ideológico, el diputado del Frente Social y Popular Carlos Del Frade se preguntó: “¿No es acaso mejor que otro poder controle a cualquiera de los otros dos? ¿Por qué es mejor que el poder judicial se autocontrole?” Quien no se ha manifestado públicamente hasta el momento es el Fiscal General de Santa Fe, Jorge Baclini. Por su parte, el gobierno provincial de Omar Perotti también tomó parte y la Fiscalía de Estado prepara la apelación. No se descarta que todo llegue a la Corte santafesina.
