La Casa Rosada busca apuntalar relaciones y resetear los vínculos más trabados con el sector privado para que se convierta en la locomotora que sostenga el crecimiento y la creación de empleo en la etapa que quiere iniciar en febrero, cuando espera que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) ya esté sellado.
“Hay que calmar los ánimos, sentarse a dialogar y entender que necesitamos del sector privado para crecer. Ellos tendrán que ceder algunas cosas y nosotros también. Hay que negociar”. La afirmación que se escucha de boca de un funcionario con despacho en Balcarce 50 resume el rumbo que el gobierno de Alberto Fernández pretende acelerar después del anuncio del acuerdo con el Fondo, que espera concretar entre fines de diciembre y principios de enero de 2022.
La hoja de ruta que se escribe en el Gobierno cuenta con el envío del acuerdo al Congreso para su aprobación entre fines de enero y principios de febrero. Después, llegará la hora de “fortalecer el proceso de recuperación”, dicen en el entorno del Presidente.
Siempre según el Gobierno, ese proceso se apoyará en tres pilares centrales: la inversión pública, el uso total de los créditos internacionales que Argentina tiene otorgados y los incentivos a la inversión privada. En el segundo punto trabajan en conjunto desde unidades de monitoreo el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz,y el vicejefe de Gabinete, Jorge Neme.En la Casa Rosada apuntan que la gestión de Mauricio Macri dejó 1.200 millones de dólares de créditos internacionales otorgados –de organismos como el Banco Mundial o la CAF– sin ejecutar.
En lo que tiene que ver con la inversión privada, el Presidente prende velas por las gestiones del ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y el de Agricultura, Julián Domínguez. Kulfas sobrevivió a los cuestionamientos internos a fuerza de anuncios de inversiones y por el fortalecimiento que tuvo el sector albertista después de las elecciones. En la Casa Rosada dicen que aparece “cada dos días” con empresarios de diferentes nacionalidades interesados en invertir en diferentes rubros. El Presidente anunció en la 27° conferencia de la Unión Industrial Argentina (UIA) que firmaría el decreto para el lanzamiento del plan productivo 2030, un faro para los próximos meses. En tanto, Domínguez fue el encargado de encauzar las relaciones con el campo y empujará la ley de fomento a las exportaciones agroindustriales.
Aunque el sector empresario todavía no termina de confiar en el Gobierno, el Presidente y su gabinete intentan acompañar palabras con gestos. El jefe de Gabinete, Juan Manzur,estará este jueves en el 20° Seminario ProPymes que organiza el Grupo Techint y compartirá el cierre con el CEO de la empresa, Paolo Rocca. “Y va a haber cada vez más de esas fotos”, anticipan cerca del Presidente. Desde el sector cristinista de la coalición fue el ministro del Interior, Eduardo de Pedro, el encargado de enviar el mensaje al empresariado durante la reunión de gabinete que se celebró en Monteros, Tucumán, cuando habló sobre la necesidad de crear “empleo genuino, privado” en toda la Argentina.
Como ejemplo, en la Casa Rosada se cita el modelo de diálogo que se cerró a principios de octubre con la empresa Aluar, por el cual el Gobierno se comprometió a garantizar el precio de la energía a la empresa, a cambio del aumento en la producción y las exportaciones de aluminio. Algo similar empezó a cocinarse este miércoles en Balcarce 50, donde se reunieron el titular del Enacom, Claudio Ambrosini, y representantes de las empresas de telecomunicaciones Telefónica, Arsat, Claro y Telecom, para tratar de llegar a un entendimiento en materia de tarifas, servicios e inversiones. Un reseteo en una relación compleja.
Más allá de los intereses propios, el Gobierno entiende que las empresas también esperan el acuerdo con el Fondo como señal de largada. “Les va a dar un horizonte previsible, en particular en lo que tiene que ver con el comercio exterior”, apunta un funcionario que dialoga con el sector privado.
Los gestos y señales todavía no terminan de conmover, aunque los números sean positivos. Este martes, durante la reunión de la junta directiva de la UIA, se señaló que la actividad industrial “se encamina a cerrar el año con una suba superior al 10% y con una recuperación respecto de 2019”, aunque en lo que respecta al empleo industrial “se advierte una recuperación de carácter moderado”.
Según datos del Centro de Estudios de la UIA, entre marzo de 2020 y septiembre de 2021 se crearon 30.000 empleos, pero el crecimiento es por goteo. En septiembre fueron 3.600 y hubo meses de mil o incluso menos. En octubre, la actividad cayó. El nivel de empleo está todavía 150 mil puestos debajo del pico de 2013. El crecimiento fuerte de la industria está traccionado por sectores dedicados a fabricar bienes de capital y maquinaria.
Si bien la actividad industrial terminará 2021 con una recuperación del orden del 14%, la junta directiva de la entidad señaló que el empleo “está rezagado en parte por efecto de la brecha cambiaria, que desincentiva la inversión, y por la prohibición de despidos”. Si bien la prohibición, dicen, ayudó a detener la caída, después desalentó la nueva contratación.
En tanto, la otra apuesta que tenía el Gobierno para convertir planes sociales en empleo privado, también viene demorada. El programa Potenciar Trabajo arrancó en 2020 con cerca de 560.000 planes. En octubre de este año, ese número superaba el millón, pero solo 1,6% tenía contraprestación en el sector privado. En el Ministerio de Desarrollo Social, que conduce Zabaleta, explican que la política oficial se empezó a acelerar en agosto, primero con el convenio para trabajadores temporales del agro. Luego siguieron con el rubro de la construcción, hotelería y gastronomía, pero estos dos últimos todavía no están reglamentados.
El Gobierno necesitará encontrar más elementos para seducir al sector en el que deposita parte de sus expectativas de recuperación.