El nombre de quienes protagonizan la renovada disputa para discutir la legislación laboral habla por sí mismo de la trascendencia del debate: las figuras opositoras más importantes, el presidente Alberto Fernández y la principal central obrera son el elenco estelar de la discusión sobre cuál o cuáles son los factores que impiden la creación de empleo.
El cotitular de la CGT, Héctor Daer, en persona salió a desmentir que la central obrera esté detrás de una negociación para modificar la Ley de Contrato de Trabajo, asegurando que "flexibilizar no es una opción en nuestro país", lo que habla a las claras de cómo silenciosamente viene escalando la disputa. "Algunos medios y periodistas insisten en querer instalar en la agenda la flexibilización laboral. La CGT no está debatiendo un cambio en la Ley y jamás irá en contra de los derechos de los trabajadores", disparó desde su cuenta oficial en Twitter.
Si bien algunos medios son los portavoces, el detalle que no mencionó Daer es que detrás de los intentos que señala está buena parte del empresariado que empuja los cambios y la dirigencia opositora que hace suya la demanda.
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La crisis económica y la desocupación orillando el 10% no parecen ser un impedimento para los intentos empresarios de instalar una agenda que modifique las normas laborales en el país. Ya no se trata del lobby para que no se extienda la prohibición de cesantías impuesta por la pandemia, sino que ahora apunta directamente contra las indemnizaciones por despido.
La contundencia del movimiento que arrastra a buena parte de la oposición convive, al mismo tiempo, con la improvisación a la hora de definir las fórmulas de reemplazo que, por ejemplo, proponen como modelo el fondo de desempleo utilizado en el sector de la construcción que hasta el propio gremio considera inaplicable en otros sectores. La ecuación es sencilla y replica la máxima lanzada por el ex-CEO de Techint, Miguel Ángel Ponte, durante su paso por la función pública durante el macrismo. "La posibilidad de entrar y salir del mercado laboral es como comer y descomer", había afirmado en 2017.
En 2021, el planteo es que el sistema actual de indemnizaciones constituye la principal dificultad para la generación de empleo y se coló en contra de todas las recomendaciones y no sin ruido interno en las propuestas de campaña. "Nadie toma un empleado en la Argentina con un sistema (indemnizatorio) como este", disparó Horacio Rodríguez Larreta en un canal de cable cuatro días antes de las primarias. Fiel a su estilo, aclaró que no proponía “sacar de un día para el otro” la indemnización laboral. El objetivo estaba cumplido. En un contexto donde aún permanece vigente la doble indemnización como dique de contención para la destrucción de empleos empujada por la pandemia, el eje de discurso opositor corrió el arco y lo llevó directamente hacia la necesidad o no de mantener la legislación laboral actual, anticipando cuáles serán las próximas batallas parlamentarias. El modelo que contraponen "a las leyes creadas en otra realidad global" está inspirado en sistemas de seguros de desempleo que mensualmente se robustecen con aportes del sector trabajador, a diferencia del sistema local actual que se sostiene en base a una lógica tutelar de la parte empleadora.
En sus intervenciones, Larreta propuso el tránsito hacia un "sistema de seguro" y puso como ejemplo "el sistema que rige en la Construcción, ya está probado". La referencia tiene que ver con el fondo de desempleo que rige en el gremio mencionado, que está muy lejos está de ser una novedad y no se trata de "un seguro de desempleo". Al contrario, desde los años 70, la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA) viene implementando un Fondo de Cese Laboral, que se compone de un aporte obligatorio exclusivamente a cargo de la parte empleadora, que se inicia al comienzo de la relación laboral. No se trata de un seguro de desempleo, sino más bien de una solución efectiva para el régimen especial que rige en el sector donde, salvo en algunas grandes constructoras, no existe la continuidad laboral por la característica temporal del trabajo. Es más, la obligación de los aportes patronales está protegida por ley, por lo tanto, quedan explícitamente excluidas de cualquier modificación vía convenio colectivo de trabajo.
La propia conducción de la UOCRA, en manos de Gerardo Martínez, aclara en cuanta oportunidad tiene que el sindicato no promueve que ese mecanismo se replique en actividades donde existe la continuidad y permanencia laboral.
Las propuestas opositoras para flexibilizar condiciones de contratación y despidos no quedaron solo en palabras. Tres días después de las PASO, el senador radical Martín Lousteau presentó en el Congreso un proyecto para modificar el sistema de indemnizaciones. Esta vez, la inspiración vino directamente del sector empresario. El dirigente porteño tomó como propio el proyecto de "Mochila Argentina" impulsado por el empresario textil Teddy Karagozian que, ahora sí, propone como solución la creación de un Seguro de Garantía de Indemnización (SGI).
El plan propone que la ANSES administre un fondo creado a partir de los aportes empresarios y, una vez cesada la relación laboral, quienes quedaron fuera de su puesto de trabajo cobrarían cuotas mensuales equivalentes a su último sueldo actualizado hasta conseguir un nuevo empleo o hasta que se superen la cantidad de meses que corresponden a los años trabajados. El proyecto es una copia adaptada que incluso lleva el mismo nombre de un programa de seguros de desempleo europeo, la Mochila Austríaca, que diluye la frontera entre un despido con o sin causa y una renuncia, porque más allá del motivo de la desvinculación quien pierde su puesto cobrará la indemnización.
En el mundo del derecho laboral, la iniciativa de Karagozian fue considerada inconstitucional, ya que el seguro no protegería contra un eventual despido arbitrario, una condición contemplada en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, y viola el principio de progresividad. La reacción del oficialismo osciló entre la condena y la prudencia. Por caso, durante una reunión que Fernández encabezó en la Casa Rosada con algunos de los principales empresarios del país, el Presidente condicionó el pedido de rever las reglas de contratación a un diálogo tripartito con la CGT. Sin embargo, una semana después en un acto en Comodoro Rivadavia, frente a una concurrencia marcada por el sindicalismo, el mandatario se despegó completamente de la idea: "La mejor Argentina es la que dio derechos, y a medida que fuimos perdiendo esos derechos nos convertimos en una peor sociedad. Cuando escucho decir que la solución es que los que trabajan deben ser despedidos sin indemnizaciones, yo le digo 'no' a esa idea. No cuenten conmigo".