Hacía varios meses que la Unidad Fiscal de Delitos Complejos de Santa Fe trabajaba en la causa de supuesto espionaje ilegal por parte del Ministerio de Seguridad de Santa Fe a figuras de la política, de la justicia, empresariales y del periodismo cuando era comandado por Marcelo Sain. La investigación, aseguran en la Fiscalía, se encaminaba a su desenlace sin levantar espuma mediática y evitando ciertas presiones para acelerarla, pero un llamado precipitó todo.
Una fuente de esa cartera del gobierno provincial avisó el viernes por la mañana que una gran cantidad de papeles estaba siendo destruída en esas oficinas. La sospecha: que podrían ser evidencias para la causa que investigan la fiscal Mariela Jiménez y su par Ezequiel Hernández. En esos días, la docena de figuras que llegaron desde Buenos Aires con el hoy removido Sain estaban a punto de renunciar y ese episodio alertó a alguien que, a su vez, contactó a la fiscalía.
Al ver riesgo procesal, según afirmó el fiscal general provincial, Jorge Baclini, las autoridadses judiciales avanzaron con allanamientos junto al Organismo de Investigaciones (OI) y aceleraron las actuaciones para conservar algún tipo de información. “Se llevaron siete bolsas de consorcio de papel picado”, detalló a Letra P alguien al tanto de los operativos.
Lo triturado triturado está, pero el operativo le sacó jugo a registros electrónicos. Se trata de “carpetas” que quedaron bajo la acumulación de información de figuras judiciales, empresarias, de la política, del periodismo y personas de distintas actividades por fuera de las previsiones legales. Lo que asombró a los investigadores es la cantidad de informes personales, que podrían orillar el millar, según confiaron.
Se trataría de una mecánica que, se presume, era pedida por los superiores a un grupo de trabajo de funcionarios, funcionarias, empleadas y empleados de planta por algún motivo particular y bajo un lema que se repetía: “Siempre hay que tener información de todo el mundo porque nunca se sabe cuándo puede ser útil”. Manos a la obra y a buscar en el Registro Nacional de las Personas (Renaper) lazos y grupo familiar y estado civil y en otros bases de datos propiedades, inmuebles no registrados, bienes, viajes realizados... Es decir, un perfil económico y familiar que se completaba con un análisis de la actividad en redes: intereses, vínculos, gustos, afiliaciones, etc. Algunas figuras del radicalismo dijeron durante estos días que fueron seguidas y fotografiadas.
El volumen no es para soslayar, no sólo por la cantidad sino porque aún no se han analizado en su totalidad. Muchas carpetas están rotuladas por DNI y, por lo tanto, sin saber a quiénes pertenecen. Incluso, al tratarse de una Unidad fiscal de Santa Fe, hay muchos nombres de personas de Rosario que, en principio, no resultan llamativos, pero pueden tener repercusión para la sociedad rosarina. Este martes, el gobernador Omar Perotti decretó un sumario interno para verificar si hay alguna irregularidad cometida por empleados.
Según explicaron fuentes de la causa a Letra P, la investigación es sólida con la prueba que existe. Baclini habló de una "evolución consolidada". Hay muchas testimoniales que van en el mismo sentido y señalan un sistema de investigación ilegal por parte del equipo de Sain, quien hoy es asesor del ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández. La definición y pedido de audiencias imputativas no se demorarían demasiado, aunque no trascendieron las responsabilidades en el asunto. En tanto, Sain acaba de pedir, por vía judicial, “circunstancias detalladas” del operativo en las oficinas de Seguridad del viernes pasado.
Conocedores del mundo judicial y de la causa entienden que era un mecanismo más bien innato, hasta natural, de un equipo con formación en Inteligencia y Defensa (el propio Sain fue director de la Escuela Nacional de Inteligencia) que proviene de Buenos Aires, donde este tipo de prácticas es más bien una cultura instalada; incluso con cierto margen de tolerancia en el mundo judicial, al margen de que las maniobras de Comodoro Py y los servicios quedan a un mundo de distancia de esta situación. "A ellos puede parecerles una gilada, pero acá, en Santa Fe, hizo ruido", reflexionaron. Algunos van mucho más allá y lo califican como el episodio institucional más grave de la democracia santafesina.
