Al igual que en junio, la Argentina volvió a abstenerse en una votación de la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre la crisis institucional en Nicaragua, en momentos en que 37 dirigentes opositores –entre ellos, siete candidatos presidenciales– y referentes de la sociedad civil permanecen encarcelados y cuando el país se prepara para volver a votar el 7 del mes que viene. En esos comicios, viciados por la ola represiva, el sandinista Daniel Ortega, que ya había gobernado entre 1985 y 1990 y está en el poder ininterrumpidamente desde 2007, buscará su cuarto mandato consecutivo. El nuevo canciller, Santiago Cafiero, repite lo hecho por su predecesor, Felipe Solá, una postura que por repetida no deja de llamar la atención dado que el Gobierno cuestiona esas detenciones en el marco de su política exterior de promoción de los derechos humanos y que llegó a llamar a consultas a su embajador, junto con México, en repudio a la ola de arrestos.
La nueva resolución de la OEA expresa su “grave preocupación” por el hecho de que "los intentos del Consejo Permanente de comprometer al gobierno de Nicaragua a la celebración de elecciones libres y justas han sido ignorados”.
Asimismo, “toma nota con alarma del deterioro de la situación de los derechos políticos y los derechos humanos (…) y del empeño del gobierno de Nicaragua en minar el proceso electoral". También “reitera su llamado para la liberación de los candidatos presidenciales y de los presos políticos”, a la vez que “urge con vehemencia" a ese país “a poner en práctica sin demora los principios de la Carta Democrática Interamericana” y a “celebrar elecciones libres, justas y transparentes tan pronto como sea posible bajo observación de la OEA y otra observación internacional creíble".
De los 34 miembros del organismo, 26 votaron a favor –incluida Venezuela, representada por la delegación que responde a Juan Guaidó– y siete se abstuvieron –Argentina, México, Bolivia, Guatemala, Honduras, Barbados y San Vicente y las Granadinas–.
Nicaragua no asistió a la votación.
La Cancillería nacional emitió un comunicado en el que defendió su postura al señalar que “el texto en cuestión, si bien contiene elementos congruentes con la posición argentina en lo que concierne a la situación de los derechos humanos en Nicaragua y los arrestos de representantes de la oposición nicaragüenses –como ya lo expresara en el comunicado emitido conjuntamente con México el pasado 15 de junio– solo parece buscar prejuzgar sobre el desarrollo de un acto eleccionario que aún no ha tenido lugar, al tiempo que invoca distintos estándares internacionales que no son válidos como exigencias a ningún país, más allá de que alguno pueda haberlos adoptado en su legislación interna”.
“La República Argentina entiende que la consideración apresurada de este tema por el Consejo Permanente resulta improcedente y extemporánea, atento a la proximidad de los comicios en Nicaragua y a la inminente realización del 51º Período de Sesiones de la Asamblea General de la OEA –prevista para sesionar del 10 al 12 de noviembre próximos– que ha incluido la cuestión de Nicaragua entre los temas a considerar”, añade.
“Claramente hay una intencionalidad política en esta resolución cuando hay elecciones y una Asamblea por delante. Haber votado a favor habría sido un acto de injerencia, algo que entendieron también México y otros cinco países”, le dijo a Letra P una fuente diplomática involucrada en la cuestión,
Sin embargo, “hay que recordar que la postura de nuestro país sobre la cuestión de las detenciones de figuras de la oposición fue expresamente destacada en el comunicado conjunto con México. La Argentina dejó clara su preocupación por el respeto de los derechos humanos de manera integral, tanto los civiles como los políticos y los electorales, y se manifestó de manera puntual sobre la detención de figuras políticas de la oposición, rechazando de manera específica, como inadmisible, cualquier acto de persecución política”, añadió.
La diplomacia de Cafiero reedita la conducta respecto de Nicaragua de tiempos de Solá, lo que remarca que es decisión del presidente Alberto Fernández y de la síntesis posible en el Frente de Todos. La posición oscila, no siempre de modo totalmente congruente, entre los principios de defensa de los derechos humanos y de no injerencia. ¿Cómo se concilian el repudio nacional a la detención de candidatos presidenciales con la necesidad de aguardar para determinar cómo se desarrolla un proceso electoral marcado por esa mácula? El paso de tango canyengue del Palacio San Martín a veces resulta difícil de descifrar para otros países y muchas veces también genera fuego amigo que la Casa Rosada asume como inevitable.
Venezuela, un tema todavía más urticante en la interna del Frente de Todos –en la que el massismo es una cosa y el cristinismo, otra– expone las causas de la desconfianza del Gobierno frente a todo cuanto provenga de la OEA, una entidad que se considera totalmente alineada con Estados Unidos a través de su secretario general, el uruguayo Luis Almagro. Más allá de la importancia de matices retóricos en los textos, el país ha votado condenas a la situación de los derechos humanos bajo el chavismo en la ONU –en respaldo al informe de la alta comisionada Michelle Bachelet –, pero le ha sacado el cuerpo a todo lo que proviniera del oriental, un excanciller curiosamente expulsado por su agrupación, el Frente Amplio, que dejó marcadas sus huellas digitales en el golpe de Estado de 2019 contra Evo Morales en Bolivia.
En el contexto de la campaña, Ortega lanzó una ola de represión contra la oposición que incluyó los mencionados 37 arrestos, que hicieron blanco, entre otros, en una candidata y seis candidatos presidenciales: Cristiana Chamorro, Juan Sebastián Chamorro, Félix Maradiaga, Arturo Cruz, Miguel Mora, Noel Vidaurre y Medardo Mairena. En tanto, el reconocido escritor y exvicepresidente Sergio Ramírez –Premio Cervantes en 2018– zafó de la cárcel el mes pasado debido a su doble nacionalidad nicaragüense y española y a que la orden de detención en su contra lo halló en Costa Rica.
Este jueves, el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), la principal entidad patronal de Nicaragua, denunció que su titular, Michael Healy, fue detenido tras acudir a una citación de la Fiscalía.
Ortega, que así las cosas competirá y ganará acompañado nuevamente por su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo, defiende los cargos que se han levantado contra las personas encarceladas y las acusa de recibir dinero de Estados Unidos con fines de desestabilización.
