Voto en la OEA y choque de principios: ¿defensa de los derechos humanos o no injerencia? De Solá a Cafiero y la interna de Todos. Una danza difícil de seguir.
La nueva resolución de la OEA expresa su “grave preocupación” por el hecho de que "los intentos del Consejo Permanente de comprometer al gobierno de Nicaragua a la celebración de elecciones libres y justas han sido ignorados”.
Asimismo, “toma nota con alarma del deterioro de la situación de los derechos políticos y los derechos humanos (…) y del empeño del gobierno de Nicaragua en minar el proceso electoral". También “reitera su llamado para la liberación de los candidatos presidenciales y de los presos políticos”, a la vez que “urge con vehemencia" a ese país “a poner en práctica sin demora los principios de la Carta Democrática Interamericana” y a “celebrar elecciones libres, justas y transparentes tan pronto como sea posible bajo observación de la OEA y otra observación internacional creíble".
De los 34 miembros del organismo, 26 votaron a favor –incluida Venezuela, representada por la delegación que responde a Juan Guaidó– y siete se abstuvieron –Argentina, México, Bolivia, Guatemala, Honduras, Barbados y San Vicente y las Granadinas–.
La Cancillería nacional emitió un comunicado en el que defendió su postura al señalar que “el texto en cuestión, si bien contiene elementos congruentes con la posición argentina en lo que concierne a la situación de los derechos humanos en Nicaragua y los arrestos de representantes de la oposición nicaragüenses –como ya lo expresara en el comunicado emitido conjuntamente con México el pasado 15 de junio– solo parece buscar prejuzgar sobre el desarrollo de un acto eleccionario que aún no ha tenido lugar, al tiempo que invoca distintos estándares internacionales que no son válidos como exigencias a ningún país, más allá de que alguno pueda haberlos adoptado en su legislación interna”.
“La República Argentina entiende que la consideración apresurada de este tema por el Consejo Permanente resulta improcedente y extemporánea, atento a la proximidad de los comicios en Nicaragua y a la inminente realización del 51º Período de Sesiones de la Asamblea General de la OEA –prevista para sesionar del 10 al 12 de noviembre próximos– que ha incluido la cuestión de Nicaragua entre los temas a considerar”, añade.
“Claramente hay una intencionalidad política en esta resolución cuando hay elecciones y una Asamblea por delante. Haber votado a favor habría sido un acto de injerencia, algo que entendieron también México y otros cinco países”, le dijo a Letra P una fuente diplomática involucrada en la cuestión,
Sin embargo, “hay que recordar que la postura de nuestro país sobre la cuestión de las detenciones de figuras de la oposición fue expresamente destacada en el comunicado conjunto con México. La Argentina dejó clara su preocupación por el respeto de los derechos humanos de manera integral, tanto los civiles como los políticos y los electorales, y se manifestó de manera puntual sobre la detención de figuras políticas de la oposición, rechazando de manera específica, como inadmisible, cualquier acto de persecución política”, añadió.
La diplomacia de Cafiero reedita la conducta respecto de Nicaragua de tiempos de Solá, lo que remarca que es decisión del presidente Alberto Fernández y de la síntesis posible en el Frente de Todos. La posición oscila, no siempre de modo totalmente congruente, entre los principios de defensa de los derechos humanos y de no injerencia. ¿Cómo se concilian el repudio nacional a la detención de candidatos presidenciales con la necesidad de aguardar para determinar cómo se desarrolla un proceso electoral marcado por esa mácula? El paso de tango canyengue del Palacio San Martín a veces resulta difícil de descifrar para otros países y muchas veces también genera fuego amigo que la Casa Rosada asume como inevitable.
En el contexto de la campaña, Ortega lanzó una ola de represión contra la oposición que incluyó los mencionados 37 arrestos, que hicieron blanco, entre otros, en una candidata y seis candidatos presidenciales: Cristiana Chamorro, Juan Sebastián Chamorro, Félix Maradiaga, Arturo Cruz, Miguel Mora, Noel Vidaurre y Medardo Mairena. En tanto, el reconocido escritor y exvicepresidente Sergio Ramírez –Premio Cervantes en 2018– zafó de la cárcel el mes pasado debido a su doble nacionalidad nicaragüense y española y a que la orden de detención en su contra lo halló en Costa Rica.
Este jueves, el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), la principal entidad patronal de Nicaragua, denunció que su titular, Michael Healy, fue detenido tras acudir a una citación de la Fiscalía.
Ortega, que así las cosas competirá y ganará acompañado nuevamente por su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo, defiende los cargos que se han levantado contra las personas encarceladas y las acusa de recibir dinero de Estados Unidos con fines de desestabilización.
