El gobierno de Omar Perotti busca recuperar la iniciativa política tras la fractura del bloque oficialista en el Senado y con el año electoral por delante. Por eso, con gabinete renovado, continúa con el intento de limitar la influencia del senador justicialista Armando Traferri en la Cámara Alta y de disciplinar a parte de la Legislatura, al entender que en ese ámbito germinó una práctica opositora que todo el tiempo le corre el arco al Ejecutivo. Con una jugada subterránea, apunta a la ley por la cual la Legislatura se facultó para sancionar fiscales y que hasta hace poco tiempo respaldó con creces, pero ahora procura que se reformule por un esquema que no se limite al control de los legisladores.
Traferri motorizó hace dos años la modificación de la ley 13.087 que permitió a la Legislatura sancionar faltas graves y remover fiscales, en momentos en que se producía un avance judicial sobre un grupo de senadores. Ya con Perotti en funciones y con varios fiscales en la mira acusatoria, la polémica sobre el control volvió al ruedo y hasta coló un latigazo del gobierno contra el Ministerio Público de la Acusación (MPA) por estar desprovisto de recursos.
El por entonces ministro de Justicia, Esteban Borgonovo, afirmó a principios de octubre pasado que la posibilidad de que haya un “control externo a los fiscales es sana y saludable”, dándole respaldo a la ley. Sin embargo, poco tiempo después irrumpió el escándalo de Traferri, que terminó posicionándolo con su bloque como un dirigente opositor y cambiando el escenario político.
El gobierno endureció su posición al entender que requería frenar algunas ofensivas que desplegaban de manera coordinada ambas cámaras. Para eso asumieron dos funcionarios de mayor volumen político y confrontación como Roberto Sukerman y Marcos Corach, en Gobierno y Justicia, y Gestión Pública, respectivamente.
Por eso engrana la declaración de Sukerman a Letra P de este lunes, donde contrariamente a su antecesor, puso en discusión la ley de control de fiscales: “Esa modificación que se aprobó (en referencia a la ley 13.807) no es saludable porque genera dependencia de un organismo que tiene que tener la mayor independencia posible. Nosotros tenemos que apuntar a fortalecer el sistema procesal penal”, dijo.
La ley había sido declarada inconstitucional por un fallo de la Cámara Laboral, y el propio gobierno provincial recurrió hace un mes a la Corte al entender que los magistrados se atribuían facultades de legisladores. Lo que se evidencia como una contradicción, el gobierno le da una vuelta y explica que la ley es respetada por haber sentado las bases por unanimidad legislativa, pero que debe ser mejorada a partir de un sistema sancionatorio más amplio y superior.
“No hay contradicción, al contrario, el MPA es un órgano que funciona dentro del Poder Judicial, aunque con autonomía funcional. No obstante existen mecanismos mixtos de control, como el Jury de Enjuiciamiento, cuya instauración es constitucional con una ley que reglamenta el proceso”, explicó a Letra P el secretario de Justicia, Gabriel Somaglia.
Conocedor de los engranajes del ámbito político-judicial, en su momento declaró cuidadosamente que "no había intromisión de poderes" en la facultad delegada a la Legislatura, pero dejó abierta la puerta para una instancia más amplia de enjuiciamiento, como también ahora planteó Sukerman. "Toda ley es perfectible. Pero para ello tiene que existir un consenso tan amplio como el que se dio en su momento para sancionarla", dijo hace unos meses a El litoral.
Somaglia, insiste: “Sostengo que no puede el MPA juzgarse a sí mismo, es menester encontrar en el futuro y sin privilegios, un sistema que conjugue actores de procedencias mixtas, como el tribunal de jury para jueces, que pueda enjuiciar a fiscales”. Quizás sea una de las puertas que encuentra el nuevo gabinete para una reforma constitucional.
El futuro de la ley depende de la Corte Suprema de Santa Fe, que deberá analizar si durante este tiempo finalmente un poder avanzó sobre las facultades de independencia de otro. Probablemente, si la Corte le otorga un tono de docencia al fallo, podría abrirse una ventana para lograr una modificación de la norma, más adecuada y equilibrada como pretende el Gobierno.
