En el momento más caliente de la disputa de la Legislatura con la Justicia por el fallo que le quitó la potestad de remover a fiscales, el gobierno de Omar Perotti movió una ficha al asistir con recursos y personal al Ministerio Público de la Acusación (MPA), dirigidos a la Auditoría General, encargada de iniciar los procesos disciplinarios y girar las faltas graves a la Legislatura para su sanción. Es toda una toma de posición del Gobierno en el conflicto, que empieza a transitar un camino incierto hacia la Corte Suprema de Santa Fe.
Hubo algo de desconcierto cuando el jueves, a la misma hora en que los legisladores, en sesión conjunta, despotricaban contra fiscales y los camaristas del fallo, el ministro de Gobierno y Justicia, Esteban Borgonovo, y el secretario de Justicia, Gabriel Somaglia, firmaron un convenio de fortalecimiento con el fiscal general de la provincia, Jorge Baclini, y la auditora, Cecilia Vranicich, por el MPA.
Si bien el convenio venía trabajándose desde hacía un mes luego de que el ministro Borgonovo declarara la necesidad de revisar el funcionamiento del MPA a días del escándalo por la detención de dos fiscales de peso, la firma del entendimiento podría haberse postergado para evitar suspicacias. Sin embargo, a veces, la política simplemente va para adelante sin detenerse en las cuestiones colaterales y eso significa algo en sí mismo. De inoportuno a oportuno, en el mismo movimiento.
Lo colateral, en este caso, fue la posición en la que quedó el fiscal general Baclini con la exposición de la firma del acuerdo de asistencia, cuando hasta ahora se había mantenido sin manifestaciones públicas respecto al fallo y la disputa con la Legislatura. Pero, además, queda en evidencia que las áreas estaban desprovistas de recursos y, particularmente, la Auditoría. El MPA dispone del manejo de sus recursos económicos, es decir, tiene autarquía financiera dentro de la Justicia.
“¿Cómo quieren juzgar a fiscales desde el MPA si la Auditoría tiene cuatro pasantes que ganan 15 lucas? Así no generás el marco para investigar”, comentaron en el gobierno. Por eso, fue lógica la incomodidad de firmarlo en momentos en que los legisladores aceleraron la ofensiva desde sus atriles. “Es un latigazo”, agregaron. Si hay debilidad, que se note.
Desde mitad de semana, el gobierno tiene postura explícita en el asunto. Confirmó que va a apelar el fallo para que llegue a la Corte Suprema al considerar que no existe una “introducción indebida” de la Legislatura sobre el Poder Judicial. No sólo con hechos, sino, también, con palabras. "Me pareció una jornada ejemplar, muy correcta la posición de la Legislatura y muy respetuosa del fallo, no exenta de críticas", dijo el ministro de Justicia para respaldar la sesión incendiaria del jueves.
El gobierno insiste en que no es caprichosa la potestad de disciplinamiento de los fiscales porque puede dejar en carne viva la inestabilidad institucional. “¿Quién va a juzgar a los fiscales hoy complicados? ¿Con qué competencia?”, argumentan. Según supo Letra P, el Colegio de Magistrados de Santa Fe no responderá a los Legisladores que apuntaron los cañones hacia ese sector y esperará a que la Corte Suprema decida el fallo y los agravios.
LA CORTE. El camino hacia el máximo tribunal santafesino es incierto aún. El año pasado, la Corte atendió una queja interpuesta por la provincia sobre un fallo similar también de la Cámara Laboral de Rosario, a raíz de un amparo de los fiscales Sebastián Narvaja y Adrián Mac Cormack. Finalmente, resolvió que no tenía sentido expedirse porque la ley declarada inconstitucional en el camino había sido modificada por otra que otorgaba más potestad a los legisladores.
Sólo el ministro Daniel Erbetta fundamentó que la queja de la provincia no debía prosperar. La remoción de fiscales “debe ser acorde con la independencia y autonomía funcional de la acusación, (...) cualquier regulación en sentido contrario implica violentar la autonomía reconocida (...) con graves consecuencias institucionales y operativas”, estableció.
La lupa estará en ver qué decide el resto de los ministros. De todos modos, hay quienes esperan que todo finalice en una salida salomónica y apuntan a una nueva modificación legislativa atendiendo algunos puntos del fallo, dado que la ley ahora declarada inconstitucional es perfectible. De por sí, suena raro al repasar los duros discursos de los presidentes de bloques de la Legislatura del jueves pasado.