El gobernador Omar Perotti oficializó los cambios en su gabinete, pidió ministros con un perfil alto y Roberto Sukerman, que se quedó con la conducción del Ministerio de Gobierno, concedió. El constitucionalista arrancó con mensajes potentes para los legisladores, pero no descuida lo que sucede en diagonal a la Casa Gris, en los tribunales santafesinos. De su cartera también depende la relación del Ejecutivo con el Poder Judicial y todo parece indicar que le va a tocar intervenir en la tarea de desenredar los nudos que generen las fricciones entre ambos poderes. Se estima que, apenas termine la feria judicial, la Corte Suprema de Justicia resolverá uno de los casos institucionales más importantes del año: si la Legislatura tiene facultad o no de investigar a los fiscales.
El ministro de Gobierno es crítico de la posibilidad de que el Poder Legislativo concentre el poder disciplinario: “Esa modificación que se aprobó (en referencia a la ley 13.807) no es saludable porque genera dependencia de un organismo que tiene que tener la mayor independencia posible. Nosotros tenemos que apuntar a fortalecer el sistema procesal penal”, sostuvo Sukerman en diálogo con Letra P.
El conflicto quedó planteado en un amparo que presentó el fiscal de Homicidios de Rosario Adrián Spelta cuando la Legislatura le inició un proceso disciplinario por haber acordado la excarcelación de Emanuel “Pimpi” Sandoval. La Sala II de la Cámara Laboral de Rosario sostuvo en septiembre pasado que la ley 13.807 -que le daba a los legisladores la facultad de investigar a los fiscales- es inconstitucional. Y esa posición sumó otra resolución en el mismo sentido el 15 de diciembre último con un dictamen del procurador de la Corte, Jorge Barraguirre.
El caso de Spelta llevó a la superficie la discusión de fondo: ¿hasta donde los senadores y diputados pueden avanzar en un control político, por medio de suspensiones o destituciones, sobre el Poder Judicial? Originalmente, el régimen disciplinario para los fiscales de primer grado estaba constituido por un Tribunal de Enjuiciamiento compuesto por integrantes de distintos sectores, pero en 2018 diputados y senadores derogaron ese artículo de la ley e impusieron que la Legislatura sea quien tenga exclusiva potestad para tratar las sanciones graves.
Lectura política
La discusión es más clara cuando se trata de un jury de enjuiciamiento a las altas jerarquías judiciales e incluso hasta los fiscales regionales por la naturaleza política de esos cargos. Pero se torna vidriosa cuando la Legislatura pretende incidir directamente sobre un fiscal de investigación. Ahora, la Corte deberá resolver e inclinar la balanza. Todo esto mientras aún está tibia la negativa de la Legislatura a quitarle los fueros al senador Armando Traferri a pedido de dos fiscales del Ministerio Público de la Acusación (MPA). El fallo de la Corte tendrá también su lectura política y en caso de que tumbe el sistema de control actual, Sukerman deberá construir los acuerdos entre el MPA, la Legislatura y el gobierno para establecer un nuevo régimen disciplinario de fiscales.
“El hecho de que hoy haya dos fiscales presos y cuestionamientos al funcionamiento del MPA implica que hay modificaciones que son necesarias. Y ahí está una de las cosas que queremos fortalecer, que es el Consejo de la Magistratura. En el sistema de elección de jueces hay muchos intereses en juego y tenemos la mirada puesta en ese sistema. Este sería un tema, por ejemplo, que debería incorporarse a una gran reforma constitucional, pero sabemos que hoy llegar a acuerdos necesarios para una reforma es difícil. Entonces, lo que planteamos es que si no se puede hacer por reforma, que se haga por ley", afirmó el ministro.
- Para cuando termine el mandato del Fiscal General Jorge Baclini, ¿tienen nombres posibles para reemplazarlo?, le preguntó Letra P a Sukerman.
- No, no tenemos nombres todavía y ahí vamos a tener un inconveniente, porque si falta dialogo político vamos a fracasar en los acuerdos de los pliegos de todos los cargos que se están concursando. No solo los que vencen sino los que se puedan crear, los que están vacantes.
Si no hay reforma, que haya ley
Para encaminar el diálogo con la Corte, Sukerman cuenta en su equipo con el secretario de Justicia, Héctor Gabriel Somaglia, que tiene muy buena sintonía con el cortesano Roberto Falistocco, que este año presidirá el máximo tribunal. Para la Legislatura tiene otras cartas que de a poco empieza a mostrar.
“Hay otros temas de coyuntura como las inmunidades de los legisladores. Acabamos de vivir a fin de año una cuestión muy puntual que es el rechazo de un desafuero. Esto marca que la Constitución Provincial es tan exigente a la hora de las inmunidades que no termina permitiendo que un legislador pueda seguir en su función mientras es juzgado como sí sucede a nivel nacional. Acá insisto con lo mismo: si no se puede avanzar con la reforma constitucional también tenemos que buscar la forma de legislarlo por ley. Nosotros tenemos que poner en debate todo. Y eso incluye también las declaraciones juradas, que hoy no son públicas. Tienen que serlo y se tiene que transparentar mucho más el patrimonio de los funcionarios públicos", cerró el ministro.