El oficialismo apunta a llegar al 29 de octubre con dictamen. Nueva ronda de consultas y diferencias que continúan al interior de Unidos.
Santa Fe: La Casa Gris apura a la Legislatura para tratar las leyes de seguridad impulsadas por Pullaro
La Casa Gris busca apurar el tratamiento del paquete de leyes de seguridad que impulsa el gobernador Maximiliano Pullaro en la Legislatura de Santa Fe. El oficialismo apunta a llegar al 29 de octubre con dictamen, pese a las diferencias que persisten dentro de Unidos y los reparos que despertaron algunas de las iniciativas.
El diputado radical Martín Rosúa, presidente de la Comisión de Seguridad Pública, confirmó el objetivo en diálogo con Cadena 3 Rosario. El legislador oficia como una suerte de vocero del proyecto en los medios, pero también en la cámara baja, donde participa de las negociaciones para conseguir los acuerdos que permitan sacar adelante las reformas.
“Hay un cambio de paradigma. Años atrás, nos pasábamos discutiendo cómo limitábamos al Estado en la persecución de los delincuentes, pero hoy tenemos que empezar a discutir cómo cumple sus obligaciones con las víctimas y la sociedad”, declaró.
Este miércoles las comisiones de Seguridad Pública y de Asuntos Constitucionales y Legislación General volvían a reunirse para escuchar a organizaciones y especialistas. El plenario, encabezado por Rosúa y la socialista Lionella Cattalini, recibía a los colegios de abogados de Rosario y Santa Fe, la Asociación de Abogados Penalistas de Rosario, el Centro de Estudios e Investigación en Derechos Humanos Juan Carlos Gardella, de la UNR, la ONG Familiares de Víctimas contra la Inseguridad de Rosario, el Foro Contra la Impunidad y por la Justicia, la Red Puentes y la Red de Vecinales por Seguridad y Desarrollo Humano.
En la previa, el legislador de la UCR defendió la necesidad de avanzar con las reformas para consolidar la baja de homicidios. “El delito no termina, las organizaciones criminales no desaparecieron, están buscando reorganizarse y cambiar su manera de operar”, advirtió. Según su lectura, el Estado necesita una segunda generación de herramientas para impedir que las bandas narco recuperen poder.
Rosúa también defendió uno de los puntos más cuestionados del paquete: que, ante determinadas situaciones de urgencia, la policía pueda actuar sin esperar una autorización judicial. Según explicó, esas intervenciones serían revisadas posteriormente por un juez. “Lo que se hace es un reordenamiento temporal donde primero se toma la medida urgente y después se aplica el control”, sostuvo.
La presión de la Casa Gris choca con un problema que el oficialismo todavía no consiguió resolver: sus propios socios no se ponen de acuerdo sobre qué leyes están dispuestos a votar. Como adelantó Letra P la semana pasada, el paquete volvió a moverse después de meses de parálisis, pero sin que durante ese tiempo se hubiera avanzado en un consenso interno.
Las once iniciativas ingresaron en mayo y quedaron relegadas mientras la reforma electoral concentraba la atención política. Recién en octubre se retomó el tratamiento, con una primera reunión que convocó a los siete integrantes de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe y a representantes del Ministerio Público de la Acusación y del Ministerio Público de la Defensa.
El Partido Socialista es uno de los sectores que plantea mayores reparos. Los cuestionamientos apuntan a las facultades que se pretende otorgar a policías y fiscales, los mecanismos de control judicial y la lesión de garantías. “No pasan un filtro constitucional”, advirtieron a Letra P algunas voces criticas en estricto off the record.
Por eso, en la Legislatura los aliados discolos rechazan que el tratamiento sea un mero trámite de convalidación de los proyectos enviados. Aún hoy, no hay acuerdo sobre qué artículos pueden aprobarse como están, cuáles necesitan modificaciones y cuáles deberían quedar afuera. La discusión, por lo tanto, no es solamente de tiempos: tampoco está cerrado el contenido.
El debate actual tiene un antecedente directo en diciembre de 2023, cuando Pullaro acababa de asumir la Gobernación. En sus primeros días de gestión, el mandatario envió a la Legislatura una batería de reformas para modificar el esquema de seguridad y justicia de la provincia.
Aquel primer paquete incluyó la emergencia en seguridad pública y penitenciaria, además de la adhesión a la ley nacional de desfederalización parcial del narcomenudeo. Las principales iniciativas consiguieron aprobación legislativa en tiempo récord, aunque también exigieron negociaciones internas y fuertes modificaciones respecto de las propuestas originales.
Esta vez, el Ejecutivo pretende ir un paso más allá. Las once iniciativas, anticipadas en exclusiva por este medio, incluyen la ampliación de facultades para allanamientos, nuevas condiciones para presos de alto perfil, el juicio en ausencia y cambios en la obtención de declaraciones y en las reglas de admisión de pruebas, entre otras medidas.
El propio Pullaro defendió públicamente el endurecimiento de las herramientas en mayo. “No podemos retroceder o ser blandos con quienes matan o están con armas en la calle preparados para hacer daño”, sostuvo entonces. Ahora, el desafío del oficialismo es convertir esa posición en ley.
