Carolina Moisés destrabó el dictamen con un proyecto propio. La jefa de LLA en el Senado quiere tratar la iniciativa sin cambios el 29 de octubre en el recinto.
Patricia Bullrich.
Patricia Bullrich consiguió oficializar en el Senado el dictamen sobre la reforma de la ley de salud mental e intentará aprobarlo en una sesión el 29 de octubre. La jefa del bloque de La Libertad Avanza (LLA) confía en tener los votos, sin necesidad de incluir una partida presupuestaria, como pide el bloque de Misiones.
El dictamen oficial quedó firme este jueves, una semana después del debate en comisiones, porque Carolina Moisés y Guillermo Andrada, del bloque Convicción Federal, presentaron un despacho de minoría. De esa manera aseguraron las firmas necesarias para oficializar el texto oficial. El reglamento es claro: si la mitad más uno de los miembros de las comisiones no avala aunque sea una propuesta, ninguna es válida.
Bullrich quiere incluir el proyecto en la próxima sesión y busca los votos. "Vamos a votar nuestro proyecto sin cambios, porque se debatió en el Consejo Federal de Salud (COFESA) con los ministros de las provincias", confirmaron a Letra P fuentes cercanas a la senadora.
No se tomaría en cuenta el pedido para sumar una partida presupuestaria, realizado por el misionero Oscar Arce, referenciado en Hugo Passalacqua. Un planteo similar realizó Mercedes Valenzuela (UCR). Ambos firmaron en disidencia.
En LLA defienden que la reforma mantenga las partidas vigentes para cumplir con la ley de salud mental de 2011, que se intenta reformar. Como las exigencias planteadas para los centros de salud y hospitales son mayores, Arce reclamó reforzar esa partida. "Una ley nacional necesita una partida presupuestaria propia, con control de la ejecución y seguimiento del Congreso. De ese modo podremos evaluar si los fondos cumplen los objetivos previstos", requirió durante el debate en comisión.
El misionero pidió que el COFESA coordine la aplicación de la ley como también el Consejo Federal de Salud Mental (Cofesama). En el bloque oficialista aseguran que Bullrich dijo tener 38 votos confirmados, uno más que la mayoría del recinto, para aprobar el proyecto sin cambios. La cuenta oficial suma 21 votos de LLA, nueve de la UCR (Maximiliano Abad vota en contra), tres del PRO y cinco de partidos provinciales.
"Hay 47 votos posibles sin pedirle ayuda al peronismo, por lo que podemos perder hasta diez aliados", señalan. La disidencia de Valenzuela no preocupa en LLA, porque no hay reclamos de fondos desde los gobiernos radicales, como el de Juan Pablo Valdés (Corrientes).
El problema puede surgir en Diputados, donde el bloque que comparten Misiones y Salta (Argentina Federal) es decisivo para el cuórum, como quedó demostrado en la sesión de este jueves. Bullrich no suele consultar a Martín Menem antes de juntar una mayoría. Es por eso que algunos temas vuelven con cambios, como el de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.
El cambio principal que propone el Gobierno a la ley de salud mental es permitir la internación involuntaria. De prosperar esta iniciativa, no se requerirá más la intervención de un juez, que sólo podrá dejarla sin efecto después de pedir informes y peritajes.
Se trata de un reclamo de familiares de personas con problemas de salud mental que tuvieron dificultades para asegurar la atención. El gran conflicto del Senado con las provincias se debe a que el proyecto tiene exigencias que los directivos de los hospitales y centros de salud no creen poder cumplir. Una es la intervención de psiquiatras para definir las internaciones.
El dictamen de Convicción Federal habilita a los psicólogos a actuar casi con las mismas facultades, aun cuando no tienen formación médica y no pueden recetar medicación. El problema es que la cantidad de psiquiatras es escasa, está concentrada en las grandes urbes y la tendencia es decreciente.
Esto se debe a que es una especialidad que requiere muchos años de estudio y no tiene una remuneración acorde. Otro cambio aceptado por los gobernadores es que para las internaciones la definición de salud mental sea adicciones. Comprende otros nuevos flagelos como la ludopatía.
El proyecto oficial se completa con una referencia general a los parientes que pueden intervenir: se limita a padres o hijos, manteniendo a representantes legales, cónyuges y convivientes.
Se agrega un régimen de atención por equipos infantojuveniles y se incorporan dispositivos diferenciados de adultos. Además, se garantiza la autonomía progresiva, derecho a ser escuchados, confidencialidad, abordaje familiar y comunitario. La internación en unidades de adultos queda restringida a imposibilidad acreditada y por el tiempo mínimo indispensable.
Otra propuesta es cerrar para siempre los manicomios, un pedido de los gobernadores en el COFESA. El dictamen del oficialismo establece un catálogo de atención ambulatoria y domiciliaria. Incluye casas de convivencia, hospitales de día y centros de capacitación sociolaboral, y se refuerza la promoción y prevención.
El peronismo, que cuenta con la minoría del recinto y muy pocos gobernadores, no tiene una propuesta alternativa y prefiere seguir con la ley de 2011. No es una opción para el Gobierno. Pero necesita tener mayoría en ambas cámaras para cambiarla.
