Mientras los cuestionamientos en la novela Vicentin durante 2020 apuntaron al juez del concurso, Fabián Lorenzini, el cierre del año enfocó los cañones hacia el juez penal de Rosario Hernán Postma. El magistrado, de varios años acumulados en el Poder Judicial, lleva adelante la causa por estafa contra los exdirectores al mando de la cerealera presuntamente perpetrada cuando la firma entró en el gigantesco default de 1.300 millones de dólares. Si a Lorenzini se lo acusó de ser el juez de Vicentin por alguna medida favorable a los dueños, a Postma se lo señaló de lo contrario.
Se trata de un funcionario que no pasa inadvertido en el ambiente tribunalicio, pero sin llegar a la exposición. Ha tenido sus episodios de protagonismo en causas de ruedo mediático, principalmente porque atiende, entre otros delitos, homicidios, en una ciudad en la que sobra la sangre. El ejemplo es el crimen del exlíder de la banda narcocriminal Los Monos, Claudio “Pájaro” Cantero. Postma aportó la instrucción en el caso que marcó un antes y un después en la trama de violencia urbana rosarina.
Después de estar en escena tras un intento de jury en su contra, llegó a sus manos el caso Vicentin. Así como el juez del concurso tuvo señalamiento al reponer al directorio luego de que el propio presidente Alberto Fernández decretara la intervención de la cerealera, Postma tuvo su bautismo al allanar los domicilios e inmovilizar las cuentas de los exdirectores y de la agroexportadora.
La decisión no pasó inadvertida, sino todo lo contrario. La firma jugó fuerte de entrada y enmarcó la medida en un “raid persecutorio teñido de una inocultable intencionalidad política y evidente animosidad”. Entienden sus autoridades que, al ser un juez de Rosario, es más permeable al lobby empresarial, judicial y agroexportador local, incluso, al que puede hacer pie desde Buenos Aires. Por eso, está en discusión la competencia. Curiosamente, las mismas objeciones que le cargaron al juez Lorenzini, quien es oriundo de Reconquista, donde tiene la sede Vicentin.
Como contó Letra P, el caso Vicentin se volcó hacia el fuero penal de una forma hostil que promete tonos beligerantes entre un grupo de acreedores al que le deben mucho dinero, como el Banco Nación, que empuja fuerte, y los dueños de la firma, que se defienden de las acusaciones y limitan los hechos a una cuestión meramente comercial y de un desafortunado vendaval económico.
El abogado cercano
Desconfianzas mutuas y operaciones sumaron a esa tensión en el cierre del año que aún no tiene un horizonte concursal definido, pero sí los ánimos rabiosos. El congelamiento de todas las cuentas de Vicentin SAIC ordenado por Postma echó fuego a esas especulaciones. La empresa acusó al juez de imposibilitar el acceso a los recursos para pagar los sueldos al personal y de hacerles el juego a otros intereses.
El juez se retractó y le envió una carta aclaratoria al Banco Central en la que le indicaba que dejara afuera a la cerealera de la interdicción de las cuentas, pero la piedra ya estaba en el aire. “Quedan a la vista las evidentes consecuencias de una medida injusta, extemporánea e inconducente que lejos está de representar o proteger los verdaderos intereses de todos los involucrados en el actual proceso concursal”.
Si el comunicado de la empresa aclara que hay “verdaderos” intereses, sugiere que existen, también, otros vidriosos. Ahí asoma el otro dato que completa la secuencia de suspicacias que se tiraron sobre la mesa.
A mediados de 2020, el juez Postma fue defendido en un pedido de jury por el abogado Gustavo Feldman, quien representa en el ámbito penal a algunos acreedores, entre ellos a la corredora Grassi S.A., damnificada a través de Commodities S.A. y señalada como una de las interesadas en hacer pie en la cerealera.
El procurador Jorge Barraguirre cuestionó su desempeño como juez penal, sobre todo por haber excarcelado y haberle otorgado prisión domiciliaria a Ema “Pimpi” Sandoval, un sicario y narco que terminó asesinado en el domicilio en el cual cumplía el arresto. Además, en 2013, Sandoval baleó el domicilio del por entonces gobernador Antonio Bonfatti.
Postma terminó zafando del jury por seis votos, producto de la mayoría de los miembros de la Corte Suprema y el senador Armando Traferri, contra los cuatro a favor del proceso, entre ellos, el del ministro de la Corte Daniel Erbetta y el diputado radical y exministro de Seguridad Maximiliano Pullaro. Vale aclarar que no se lo vincula con ninguna terminal política en particular.
A confesión de parte…
Volviendo al puente con el abogado Feldman, el propio Postma se excusó de intervenir en la causa en la que se señala a los exdirectivos de Vicentin al argumentar que, como lo había asistido, podía haber temor de parcialidad. A contramano de lo que el propio juez decía, el planteo fue rechazado en primera instancia y luego en la Cámara de Apelación en lo Penal.
El tema quedó solapado e incluso en la audiencia por la competencia de la causa que lleva adelante el fiscal Miguel Moreno, de la Unidad de Delitos Económicos y Complejos, se vio al abogado Feldman con una medida participación, como pocas veces.
Por otro lado, Postma fue recusado por la defensa de los exdirectores de Vicentin, no por el tema mencionado de posible parcialidad sino porque, en momentos en que se define si la competencia queda en Rosario o pasa a Reconquista, como quiere la cerealera, avaló y ordenó los allanamientos y el congelamiento de las cuentas mencionadas. La defensa, encabezada por Jorge Ilharrescondo, explicó que, con semejante medida, “se consideró competente” y preopinó sobre la cuestión.
Por estos episodios, sumados a que se le discuten en voz baja formas de proceder y de aplicar el derecho, recibe cuestionamientos en la causa Vicentin. Igualmente, producto de la rotación a la que se someten los jueces que integran los colegios de primera Instancia en las tareas de juicio oral, investigación penal preparatoria y ejecución, quizás en 2021 no tenga más la causa.
