15|1|2022

Nubarrones en el horizonte de los dueños de Vicentin

18 de diciembre de 2020

18 de diciembre de 2020

El frente penal les estalló en la cara a los exdirectores. El fiscal tira del hilo de la estafa, pero piensa en algo más grande. Se viene una guerra judicial.

Vicentin debe resolver sus problemas en dos direcciones. Hacia adelante, se encuentra el mojón concursal para hacer frente al sideral default que agitó el mercado hace un año. Hacia atrás, la justicia debe determinar las responsabilidades penales de los directores al mando en ese entonces. Mientras las denuncias se acumulan, una certeza les pega en la cara a los dueños: una cuestión es responder con el patrimonio y otra, muy diferente, hacerlo con la libertad.

 

El combo se compone de tres causas federales, tres en los tribunales santafesinos y una docena de denunciantes, entre ellos el Banco Nación, la poderosa banca extranjera y acreedores locales de peso. Al margen de la causa federal por los presuntos préstamos irregulares otorgados por el Nación durante el gobierno macrista, la investigación más grande está a cargo del fiscal Miguel Moreno, de la Unidad de Delitos Económicos y Complejos de Rosario.

 

Se trata de varias denuncias de productores y empresas agropecuarias, entre ellas Commodities SA, del Grupo Corredor Grassi, que están unificadas en una hipótesis investigativa: la estafa del directorio que condujo a la cesación de pagos por 1.300 millones de dólares. Son alrededor de 15 personas señaladas entre dueños, síndicos y personal jerárquico, es decir, los cargos donde se cocinaban las decisiones. Entre ellos, Omar Scarel, Gustavo Nardelli, Alberto Padoán, Daniel Buyatti, Alberto Macua, Roberto Gazze y Máximo Padoán.

 

Fiscal de la Unidad de Delitos Complejos de Rosario, Miguel Moreno.

El fiscal entiende que hubo delito cuando Vicentin recibió granos bajo la modalidad ‘a fijar precio’ (pagaderos a futuro), con el objetivo de stockearse a sabiendas de que iría al default a los pocos días. Sin embargo, amplió la investigación y no se reduce a los directores de la concursada Vicentin SAIC, sino que pone el ojo en el resto de los tentáculos del holding

 

Hasta ahora, Moreno dice asegurarse la imputación de estafa, que prevé de uno a seis años de prisión efectiva, pero no descarta que la acusación termine siendo más grave: a la par, analiza si hubo otros delitos, como la falsificación de balances, asociación ilícita, desbaratamiento de derechos acordados o administración fraudulenta en perjuicio de la cerealera. En otras palabras, vaciamiento. La estafa es el inicio del camino por el cual el fiscal pretende desandar la ruta Vicentin. 

 

Quién cortó el bacalao

Para reconstruir ese sendero, cuenta con la información obtenida esta semana en una docena de allanamientos en domicilios de los directores y oficinas y plantas de Vicentin SAIC. Además, congeló cuentas bancarias y cajas de seguridad y prohibió el movimiento de bienes y propiedades, un golpe que los exdirectores sintieron por primera vez en carne propia. Por esa razón, la empresa lanzó un comunicado de rechazo alegando un "raid persecutorio teñido de una inocultable intencionalidad política y evidente animosidad". Se preguntan si con esto será necesario pintarse la cara para una guerra judicial.

 

El arsenal de información obtenido servirá para precisar las atribuciones personales de cada director en la presunta estafa. Al ser una sociedad la que habría cometido delito, el fiscal busca conocer cómo se determinó la decisión societaria, es decir, el aporte de cada uno de los miembros del directorio. No era parejo el peso de las decisiones en esa mesa, eso está claro. Más allá de que todos tenían voto, pocos cortaban el bacalao.

 

Del lado de los acusados, creen que hay una escalada judicial impulsada por los grandes acreedores y acompañada por un proceso mediático. Con ese antecedente, en Avellaneda, donde viven los dueños, se preocupan porque las futuras imputaciones deriven en una prisión preventiva. No depende directamente de la figura que se le impute sino de un eventual entorpecimiento probatorio o peligro de fuga. 

 

La defensa, encabezada por Jorge Ilharrescondo, remarca que todos se pusieron a derecho y comparecieron espontáneamente sin obstrucciones. El letrado repite, en conversación con Letra P, que alguien encuadrado en calidad de incumplidor no siempre es objeto de una responsabilidad punitiva.

 

De hecho, la defensa, que acaba de sumar al reconocido abogado y exministro de Seguridad de Santa Fe Daniel Cuenca, sostiene que la caída de la compañía fue una convergencia de factores que detallaron en el demorado balance 2019. Desde “las turbulencias financieras de 2018”, a la “volatilidad del tipo de cambio” y la quita del diferencial de subproductos de soja, todo en un marco de sobreendeudamiento compulsivo

 

Cancha embarrada

El pronóstico es una batalla de largo aliento, hasta, quizás, de años por la complejidad de los planteos y resistencias. Al respecto, Ilharrescondo explicó a Letra P: “Nuestra lucha será estrictamente técnica. No nos movemos del expediente. Las cuestiones extrajurídicas contaminan y hay que evitarlas".

 

Lo cierto es que, a partir de agosto, luego de superado el frustrado lance de la expropiación y cuando los acreedores más importantes vieron que el concurso no se encaminaba, las denuncias penales empezaron a jugarse. El Banco Nación apretó el acelerador con las acusaciones, porque hasta ahora no sabe cuándo cobrará los 18.500 millones pesos adeudados. Mientras tanto, el combustible es la presunción de que los dueños se están desprendiendo progresivamente de activos, un punto que parece que se seguirá explotando por mucho tiempo. 

 

Por su parte, el fiscal Moreno también habló con Letra P del riesgo de que su investigación incida en el régimen concursal. “Tenemos que ser cuidadosos de no interferir en un proceso que es de reestructuración de pasivos y continuidad de la firma”, señaló. No obstante, el aprovechamiento de la causa penal por parte de otros actores para presionar en el concurso o en el futuro de la firma es un riesgo inevitable.