Con los casos de inseguridad ganando espacio mediático y en la opinión pública, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, vuelve a sentar posición y pone la mira en el Poder Judicial de la provincia: el mandatario se prepara para entrar en la discusión de una modificación del Código Procesal Penal, mientras la oposición también quiere estar en la centralidad y apura en la Legislatura con una Ley de Víctimas.
Este viernes, Kicillof aprovechó el inicio de obras de ampliación en distintas unidades penitenciarias para reiterar que el Poder Ejecutivo no define prisiones domiciliarias, excarcelaciones ni condenas y que esas acciones son potestad del Poder Judicial.
Como un mantra, repitió lo que había dicho al inicio de la pandemia, cuando el el tribunal de Casación y la Procuración bonaerense saltaban a escena otorgando prisiones domiciliarias a internos que fomaban parte de grupos de riesgo sanitario con el objetivo evitar un efecto cadena de contagios en las atestadas cárceles bonaerenses. "El gobierno libera presos", eran los fogonazos que hacían correr algunos sectores de la oposición.
twitter_tweet
El gobierno vuelve, así, a meterse en un terreno complejo de la gestión, ya que la cuestión carcelaria hace también a la (in)seguridad. En palabras del ministro de Justicia, Julio Alak, las mejoras de tránsito y estadía por las cárceles son “un aporte concreto para mejorar la seguridad ciudadana”. Según la Comisión por la Memoria (CPM), la provincia de Buenos Aires tiene en promedio un 118% de sobrepoblación carcelaria, con unidades que alcanzan el 200%.
Kicillof cuestiona con énfasis la gestión carcelaria del gobierno de María Eugenia Vidal, que tuvo, durante casi todo su mandato, a Gustavo Ferrari como titular de Justicia. “Durante los años pasados se abandonó la cuestión penitenciaria. Nos hemos comprometido en un plan de inversión”, dijo el mandatario. En el gobierno informan que entre 2016 y 2019 se registraron 16.125 nuevos ingresos al sistema.
Kicillof y Alak sostienen que la mejora estructural de la cuestión carcelaria bajará la reincidencia delictual. Una de las críticas que parten desde la misma mesa ministerial bonaerense tiene que ver con este punto. Días atrás, el ministro de Seguridad, Sergio Berni, llegó a decir que el Servicio Penitenciario le “complica la vida” para llevar adelante su plan de seguridad. Sostiene que el SPB no tiene políticas de reinserción ni genera trabajo para que los internos, cuando cumplen su condena y recuperan su libertad, no vuelvan a cometer delitos. Con diplomacia, Alak deslizó que “una política de seguridad seria” para la provincia y el país se hace “con hechos concretos (como los anunciados este viernes) y no con palabras”.
twitter_tweet
JUDICIAL Y LEGISLATIVO. En el gobierno niegan que haya diferencias entre un ministro y otro, aunque cuestionan la lentitud y algunas resoluciones de la Justicia bonaerense. Por eso, Kicillof mira a la Legislatura y pergeña cambios en la legislación vigente. Trabajan en el tema el secretario general de Gobierno, Federico Thea, que además es el representante del Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura, el organismo donde se tamizan candidatos a jueces, fiscales y defensores, y Alak. En declaraciones a Letra P, el propio Thea sostuvo que “la prisionalización es productora de marginalidad a futuro”. La línea judicial de Thea es la de Kicillof.
La cuestión llega entonces al Poder Legislativo, otro de los terrenos donde el gobierno busca hacer mella para bajar el impacto del desamparo de la inseguridad. Uno de los caminos es una nueva ley de víctimas. La oposición primereó y tiene el dictamen listo -por controlar el Senado- de un proyecto de ley propio. El oficialismo recordó que desde 2016, con el senador massista José Luis Pallares al frente, trabaja en iniciativas similares y que el proyecto opositor no tiene la opinión del Ministerio de Justicia.
El vidalismo busca más protagonismo durante el procedimiento y voz propia frente a las decisiones judiciales, además de garantía de acceso a un abogado gratuito para la víctima y el derecho a ser oída y tener una opinión preponderante cuando se decida sobre libertad condicional, prisión domiciliaria o excarcelación del imputado. La oposición buscará aprobar ese proyecto en la próxima sesión del Senado y sospecha que, por decisión del Ejecutivo, que quiere darle su impronta al tema, el proyecto no pasará más allá de la Cámara alta.