Crisis por coronavirus

El cuello de botella judicial que hizo estallar el conflicto en cárceles bonaerenses

El procurador Conte Grand vs los criterios de la Corte Suprema de Buenos Aires. El rol de dos jueces y un fiscal que apagaron el conflicto.

Un conflicto desatado en 10 cárceles que dependen del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) encendieron las luces de alarma en el campo de la justicia bonaerense. Con huelgas de hambre, bocas cosidas, trepadas a techos, videos en redes sociales y banderas, miles de personas privadas de su libertad intentaron salir a la luz con un viejo reclamo: celeridad judicial para que se ejecuten las prisiones domiciliarias para evitar un posible contagio masivo de coronavirus debido (entre otros factores) al hacinamiento que se registra en cárceles y comisarías de la provincia de Buenos Aires. Luego de negociaciones simultáneas con dos jueces y un fiscal, volvió la calma. De todos modos, sigue latente el conflicto.

 

La jornada de este martes 21 de abril se vivió en estado de tensión permanente por las protestas que se registraron en penales de las localidades de “San Martín, Ituzaingó, Florencio Varela, Lomas de Zamora, Los Hornos, Sierra Chica, General Alvear y Sierra Chica”, detallaron fuentes de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos ante la consulta de Letra P.

 

 

Detrás de este reclamo se enmascara una situación de tensión entre el Procurador General de la provincia de Buenos Aires, el vidalista Julio Marcelo Conte Grand, y un sector de la magistratura. El jefe de los investigadores provinciales (que también tiene bajo su órbita a los defensores oficiales) ordenó a los fiscales de todas las instancias que apelen todas las morigeraciones que dicten los jueces y a los defensores que no pidan ningún beneficio para sus asistidos, tal como informó este medio en ediciones anteriores.

 

Con esta orden, Conte Grand obliga a sus subordinados a que desconozcan los criterios de la Suprema Corte provincial que, en diciembre de 2019 (antes que se declarara la pandemia) dio directivas a los jueces para que descompriman las cárceles y liberen o morigeren a las personas en conflicto con la ley que cometieron delitos leves, entre otras particularidades.

 

 

 

 

Esa medida fue tomada luego de una huelga de hambre que protagonizaron decenas de miles de presos en la provincia de Buenos Aires entre la finalización del mandato de María Eugenia Vidal y el inicio de la gestión de Axel Kicillof, quien prorrogó la emergencia carcelaria decretada por su antecesora.

 

El titular de la cartera de Justicia provincial, Julio Alak, creó varias mesas de diálogo para descomprimir la situación de malestar en la población carcelaria, pero la llegada de Covid-19 barrió con todos los planes y los internos aumentaron su presión para salir de la cárcel.

 

 

El reclamo central se resume en prisiones domiciliarias y medidas de higiene para la prevención del coronavirus intramuros.

 

SÍNTOMAS. Días previos a la protesta circularon por redes sociales videos de internos que anunciaban el malestar que se vive muros adentro. La crisis por coronavirus catalizó en modo aceleración la impaciencia de los internos que están en condiciones de acceder a libertades anticipadas o arrestos domiciliarios. La declaración de aislamiento social preventivo y obligatorio dejó tras las rejas a cientos de internos que esperaban salir con libertades asistidas, dado el avanzado estado del cumplimiento de sus condenas.

 

Uno de los focos centrales del conflicto se registró en el penal de la localidad de San Martín. Hasta allí llegó el juez de Casación Víctor Violini, quien dio vía libre a una habeas corpus colectivo en el que se estableció la morigeración de, al menos, 800 reclusos y, en una sentencia histórica, autorizó el uso de teléfonos celulares a los detenidos, al menos, mientras dure la declaración de emergencia por la pandemia.

 

 

 

El juez explicó a los internos el alcance de sus dos fallos y se comprometió a “seguir trabajando para que disminuya el hacinamiento en las cárceles ya que implican un agravamiento en las condiciones de detención”, señaló Violini en diálogo con Letra P.

 

El magistrado les explicó a los reclusos que la huelga de hambre que llevaban adelante los iba a debilitar y les solicitó que levantaran las protestas bajo el compromiso personal de “seguir bregando para que no exista más hacinamiento carcelario, independientemente de la pandemia”.

 

 

 

En paralelo a esta negociación se registraba otra similar en la Unidad Penal 10 de Melchor Romero que aloja a personas que están en la etapa final de su condena y cuentan con salidas transitorias, medidas que quedaron en suspenso por la cuarentena. A cambio, solicitan que sean enviados a sus casas bajo la figura de arresto domiciliario.

 

Hasta ese penal se acercaron el fiscal de turno de La Plata, Martín Almirón, y el juez de Ejecución, José Villafañe, quienes luego de una negociación, lograron que vuelva la calma. “La situación quedó controlada sin que se tuviera que lamentar heridos”, dijo el fiscal Almirón en diálogo con Letra P. Y agregó que los internos prepararon un petitorio con reclamos judiciales con eje en que se otorguen prisiones domiciliarias y excarcelaciones.

 

 

 

Almirón señaló que durante el reclamo “no se cometió ningún delito” al tiempo que “se labró un acta donde quedó plasmado que todo estaba en orden” y detalló que los presos accedieron a los techos del penal “porque es un régimen semiabierto” y las condiciones de seguridad del penal son más leves debido a que son personas que están en el tramo final de su condena y en poco tiempo recuperan la libertad.

 

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