Con la oposición decidida a rechazar de plano la discusión, el proyecto de reforma judicial encontró la inesperada resistencia de varias gobernaciones contenidas en el Frente de Todos (FdT) y de sus representantes en el Senado, que le presentaron una lista de críticas y observaciones al Poder Ejecutivo. El presidente Alberto Fernández tomó nota y accederá a incorporar cambios, pero limitó las modificaciones admitidas a lo que concierne a la justicia federal en las provincias, sin que eso roce los planes para Comodoro Py.
Los tiempos apremian. En los últimos días, el Presidente y la ministra de Justicia, Marcela Losardo, recibieron objeciones al proyecto de reforma de boca de varios dirigentes del FdT, que advirtieron desde cuestiones que podrían derivar en planteos de inconstitucionalidad como problemas que afectan directamente en las provincias. A eso se sumaron las críticas que plantearon en el plenario de comisiones del Senado la defensora general de la Nación, Stella Maris Martínez -nombrada durante el gobierno de Néstor Kirchner-, el titular de la Asociación de Fiscales, Carlos Rívolo, y la titular del CELS, Paula Litvachky, entre otras voces que activaron alarmas.
La Casa Rosada dio luz verde a los cambios requeridos, pero les hizo saber a los senadores y senadoras que deberán presentar sus propuestas sin demoras, ya que el el plan es sacar dictamen la próxima semana para llevar la ley al recinto el 26 de agosto. También puso un límite de acción. "La parte estructural no se toca", le dijo uno de los máximos referentes del kirchnerismo en el Senado a Letra P, en referencia a lo que atañe a la justicia federal con asiento en la Ciudad de Buenos Aires, más precisamente en los tribunales de Comodoro Py, por donde pasan las causas más sensibles al poder.
Atentos al pedido presidencial, los legisladores y legisladoras cursaron consultas urgentes a las autoridades judiciales de sus distritos, a los que pidieron opiniones y propuestas para sus distritos. En líneas generales, las críticas coincidieron con el señalamiento que hicieron los especialistas ante el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia y Asuntos Penales, relacionado con la necesidad de crear en las provincias más fiscalías federales que juzgados, a tono con la implementación del nuevo Código Procesal Penal de la Nación, que promueve el sistema acusatorio, con un mayor protagonismo del Ministerio Público Fiscal.
También hubo pedidos particulares. El cordobés Carlos Caserio planteó la inconveniencia que genera el desdoblamiento de los juzgados federales de primera instancia de San Francisco y Villa María, que generaría la transferencia de sus respectivas secretarías penales a Río Cuarto. Entre San Francisco y Río Cuarto hay 300 kilómetros de distancia.
La problemática de Córdoba tiene como origen el desdoblamiento de los juzgados federales "multifuero" que hay en el interior del país y que el proyecto se propone desarmar. En concreto, de un juzgado con dos secretarías -una penal y otra civil-, el proyecto plantea crear dos juzgados, cada uno con su especificidad. Pero tanto en algunas gobernaciones como en algunos despachos del Senado consideran que esa simple decisión no resuelve los problemas que la justicia federal tiene en las provincias y reclaman más recursos, más fiscalías, tecnología, infraestructura y algunas cuestiones específicas, como nuevas salas de audiencias, como plantea la senadora santafesina María de los Ángeles Sacnun para Rosario. "Con sumar un juez sin estructura no resolvemos nada", le dijo a Letra P un magistrado federal con asiento en el interior.
Entre los pedidos, los senadores y senadoras plantearon también el reclamo por la habilitación de juzgados federales que ya fueron creados y, en algunos casos, hasta tienen titulares designados, como sucede en Concordia y Victoria, Entre Ríos. Algunos de los jueces y las juezas están dentro del paquete de pliegos que había sido enviado por el macrismo y que el Frente de Todos mandó a revisión. Otros concursos están todavía en trámite o sin avances.
Además de las cuestiones locales, el proyecto recibió varias críticas respecto del sistema de subrogancias que plantea. En el oficialismo no descartan que haya alguna modificación, también en ese punto. "Puede ser que se busque alguna forma. Estamos evaluando todo lo que plantearon los senadores y especialistas. Lo que queremos es evitar la inconstitucionalidad", le explicó a Letra P un dirigente de peso en la discusión dentro del FdT, pero advirtió: "Todos manejan esquemas técnicos ideales. Lo ideal no es posible".
Para la próxima semana, las propuestas llegarán a Sacnun, la presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, que canalizará las inquietudes ante el equipo de Losardo. El acompañamiento de las provincias es central para el Gobierno. En el oficialismo ya dan por descartado que Juntos por el Cambio no acompañará el proyecto, aún cuando gran parte del texto toma como referencia el proyecto Justicia 2020, que había planteado el exministro de Justicia de Mauricio Macri, Germán Garavano, e iniciativas presentadas por miembros del bloque macrista. Además, la ley incluye el capítulo del traspaso de la Justicia nacional a la Ciudad, algo que contenta Horacio Rodríguez Larreta. Sin embargo, en el macrismo aseguran que ese capítulo no responde a un pedido del jefe de Gobierno porteño, quien ya hizo saber que no tiene por qué trabajar para que la bancada opositora acompañe con su voto.
"Es una cuestión de posicionamiento político. No presentaron siquiera propuestas de modificaciones y no van a acompañar", le dijo a este portal una de las espadas negociadoras del oficialismo en la Cámara alta. En ese contexto, el oficialismo, con mayoría cómoda en el Senado, trabaja la relación con las provincias para no quedar rengo en Diputados, donde necesitará sumar votos del Interbloque Federal, donde se anotan los cordobeses que responden a Juan Schiaretti y figuritas difíciles, como Graciela Camaño, con silla propia en el Consejo de la Magistratura.
