La intervención de Vicentin por parte del gobierno de Alberto Fernández, como primer paso hacia la estatización por ley, parió un escenario de unidad en el mar revuelto de Juntos por el Cambio. A seis meses de la salida de la Casa Rosada, la coalición opositora encuentra su primer punto en común que hermana a halcones y palomas. Sin embargo, reina la desorganización: sin un conductor a la vista, no hay un discurso homogéneo para repudiar la medida del Frente de Todos.
El sector más enfervorizado, encabezado por el expresidente Mauricio Macri y la jefa del PRO, Patricia Bullrich, compara a Fernández con Hugo Chávez y a la Argentina con Venezuela. En ese sentido, etiqueta al Gobierno como el "tercer kirchnerismo" para romper el esquema frentista y antigrieta que enarboló Fernández para gestionar la crisis sanitaria y que sedujo algunos a opositores. Para este sector, la paz ya está rota y no hay más lugar para el dialoguismo de pandemia. Reafirmó su postura con las últimas declaraciones del Presidente y el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, sobre la oposición y la gestión de Macri.
El presidente de la Unión Cívica Radical, Alfredo Cornejo, hace juego con Bullrich para cruzar al Gobierno, pero no sigue la línea de Macri. Al contrario: promueve una horizontalidad opositora para licuar el poder del exjefe de Estado. Los blandos amarillos, como Emilio Monzó y Rogelio Frigerio, y sus pares radicales, como Martín Lousteau, omiten la comparación, aunque rechazan la expropiación por considerarla "una mala señal".
En tanto, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, opta por el silencio para esquivar cualquier polémica, pero dio aval al documento de Cambiemos que señala la medida como "ilegal". El único grupo cohesionado es el de los jefes parlamentarios de Cambiemos: Mario Negri, Cristian Ritondo y Maximiliano Ferraro prestaron su firma para repudiar la expropiación y coinciden en no escalar los cruces.
Corrido de la primera plana y sin la billetera ni el poder gubernamental, Macri no cuenta con margen para bajar un mensaje único. Tampoco está Marcos Peña para blandir una línea oficial a propalar sin reproche posible. No hay un discurso aglutinador. El expresidente tiene gravitación sobre un sector del PRO, pero no controla los movimientos de quienes proponen formar una opción de centro dentro de Juntos por el Cambio. Habla con Rodríguez Larreta, pero no puede marcar el pulso de la relación del alcalde con Fernández. Del mismo modo, Cornejo no incide sobre el jujeño Gerardo Morales.
No hay un mensaje común, sino una pluralidad de repuestas que acentúan e identifican a los archipiélagos dentro de Juntos por el Cambio. Hay un punto en el que no hay grises: el rol del Estado en la regulación de la economía y el caso de la agroexportadora santafesina como modelo para respaldar el histórico rechazo del PRO, la Unión Cívica Radical (UCR) y la Coalición Cívica, como hicieron con todo ese tipo de procesos durante el kirchnerismo.
Al mismo tiempo, coinciden en evitar reconocer la responsabilidad de la gestión de Cambiemos en la situación apremiante de Vicentin: antes de su intervención, es una compañía virtualmente quebrada con una deuda de 300 millones de dólares con el Banco Nación. La conducción de esa entidad durante la gestión macrista, a cargo del radical Javier González Fraga, ha sido señalada por haber favorecido, en parte, un endeudamiento excesivo cuando la empresa lucía cada vez más inviable debido a malos manejos de sus titulares.
El Gobierno aprieta las clavijas de esas diferencias: Cafiero cataloga a la presidencia de Macri como la peor desde el regreso de la democracia y Fernández pone el dedo en la llaga cuando habla de dos tipos de opositores, como recogió el subsecretario de Legal y Técnica, Gonzalo Ruanova, puntualizando en la diputada Graciela Ocaña.
Por otra parte, la diferencia de matices quedó al descubierto por otro punto que vuelve a dividir a la oposición en el Congreso. Si bien se avecina una votación negativa unánime, mientras legisladores como Waldo Wolff, Pablo Torello y Federico Angelini denunciaron penalmente a Fernández, otros diputados del ala moderada PRO trabajan en un proyecto para exigir la derogación de la decisión administrativa.
