El sindicato anunció un paro por tiempo indeterminado ante el riesgo de pérdida de puestos de trabajo en áreas que operaba YPF.
El gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, de recorrida por pozos petroleros.
La crisis que atraviesa la actividad hidrocarburífera de Tierra del Fuego abrió un nuevo frente de conflicto para el gobierno de Gustavo Melella. El Sindicato de Petróleo y Gas Privado anunció un paro por tiempo indeterminado en rechazo a un proceso de desvinculaciones que podría dejar sin trabajo a unos 180 operarios vinculados a las áreas que operaba YPF.
La medida impacta de lleno sobre una de las apuestas estratégicas más importantes de la gestión fueguina que consistía en la consolidación de Terra Ignis, la empresa estatal que asumió el control de siete áreas hidrocarburíferas transferidas por la petrolera de mayoría estatal.
El conflicto amenaza con paralizar la actividad en plena transición operativa y vuelve a poner bajo la lupa un proceso que desde sus inicios estuvo rodeado de cuestionamientos por la falta de información pública, los mecanismos de control y los interrogantes sobre su sustentabilidad económica y laboral.
La salida de YPF de los yacimientos fue presentada por el gobierno provincial como una oportunidad histórica para que Tierra del Fuego asumiera un rol más activo en la administración de sus recursos energéticos. La herramienta elegida fue Terra Ignis, la sociedad anónima con participación estatal creada por la gestión de Melella y conducida por Maximiliano D'Alessio.
Durante los últimos meses, el proceso estuvo acompañado por cuestionamientos de distintos sectores respecto del manejo de la información, el funcionamiento interno de la empresa y los mecanismos de control sobre una estructura que pasaría a administrar activos estratégicos para la provincia.
La transferencia de las áreas operadas por YPF terminó de concretarse este año y ahora enfrenta su primera gran prueba política y operativa.
El sindicato liderado por Luis Sosa sostiene que la transición está generando un escenario de incertidumbre laboral para cientos de trabajadores vinculados a empresas contratistas que históricamente prestaron servicios en los yacimientos. La organización gremial responsabiliza por la situación a Terra Ignis y a Velitec, la firma incorporada para aportar capacidad técnica y operativa durante esta etapa.
La preocupación del gremio excede la cuestión laboral. Según la presentación realizada ante la Legislatura provincial, la reducción de personal especializado podría afectar las tareas de mantenimiento y seguridad en instalaciones consideradas críticas para el abastecimiento energético de Tierra del Fuego.
Uno de los puntos más sensibles es la Planta San Sebastián, una pieza central en el procesamiento de gas natural para la provincia. Desde el sindicato aseguran que la infraestructura atraviesa una situación delicada y advierten que la salida de trabajadores con experiencia acumulada durante años podría comprometer la capacidad de respuesta frente a eventuales fallas técnicas.
Con ese diagnóstico como telón de fondo, Petroleros Privados decidió profundizar las medidas de fuerza y paralizar las operaciones.
Frente a las acusaciones, Terra Ignis y Velitec difundieron un comunicado conjunto para rechazar las denuncias. Las compañías sostuvieron que no son empleadoras de los trabajadores contratados por firmas terceras y remarcaron que no tienen facultades para disponer despidos o desvinculaciones.
Además, aseguraron que nunca promovieron cesantías masivas y afirmaron que su objetivo es garantizar la continuidad de las operaciones, la seguridad de las instalaciones y la sustentabilidad de largo plazo de la actividad hidrocarburífera en la provincia.
En el mismo documento señalaron que se encuentran incorporando personal técnico para cubrir puestos vinculados a la nueva etapa operativa y manifestaron su disposición a participar de instancias de diálogo con los distintos actores involucrados.
La explicación, sin embargo, no logró desactivar las críticas. En el sector petrolero sostienen que el problema no pasa por quién firma eventuales desvinculaciones, sino por las condiciones bajo las cuales se diseñó la transición posterior a la salida de YPF.
La medida de fuerza rápidamente abandonó el plano estrictamente sindical y se transformó en un problema político para el gobierno provincial.
Desde el Movimiento Popular Fueguino cuestionaron que el reclamo haya terminado llegando a la Legislatura cuando, según sostienen, la responsabilidad política y administrativa de la situación recae sobre el Poder Ejecutivo, Terra Ignis y quienes llevaron adelante el proceso de transferencia de las áreas.
El partido recordó que durante el tratamiento legislativo de las cesiones había planteado reparos sobre la sustentabilidad operativa, productiva y laboral del esquema impulsado por la gestión de Melella y sostuvo que los acontecimientos actuales confirman las advertencias realizadas en aquel momento.
Además, vinculó la crisis con la falta de información pública sobre la empresa estatal y recordó los cuestionamientos que surgieron cuando la Legislatura intentó fortalecer los mecanismos de control sobre Terra Ignis.
La preocupación también llegó a Río Grande. El intendente Martín Pérez se comunicó con el secretario general del Sindicato de Petróleo y Gas Privado, Luis Sosa, para interiorizarse sobre la situación y expresar su respaldo a los trabajadores.
"Defender el trabajo fueguino debe ser la prioridad", sostuvo el jefe comunal, quien advirtió que las decisiones vinculadas a Terra Ignis y Velitec generan incertidumbre sobre cientos de puestos laborales y sobre numerosas familias de la provincia.