Una denuncia de 27 fojas llegó a manos del secretario permanente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la provincia de Buenos Aires. Se trata del segundo pedido de jury contra el juez Víctor Violini, integrante de la Cámara de Casación Penal bonaerense que ingresó en la polémica nacional luego de haber firmado un hábeas corpus que permitió el análisis de las medidas de morigeración de pena para detenidos por delitos leves que integran grupos de riesgo de contraer Covid-19.
El proceso fue impulsado por los senadores de Juntos por el Cambio Juan Pablo Allan y Andrés de Leo, la senadora Claudia Rucci, y su par diputada Sandra Paris. La elección de las firmas no fue azarosa: pretende mostrar la unidad del espacio en este tema y exponer de manera clara un abanico multicolor dentro de la alianza opositora. Un representante del PRO, uno de la Coalición Cívica, y otra de extracción peronista en la Cámara alta, y una de la Unión Cívica Radical en la Cámara baja.
La denuncia apunta contra el magistrado por “mal desempeño” y solicita su destitución, con previa suspensión o apartamiento preventivo de su cargo. “El denunciado ha ejercido de manera infiel sus deberes oficiales, carece o ha perdido aptitud para el ejercicio del cargo de Juez de la Casación, como así también ha cometido abusos y excesos funcionales, situación que impone la apertura del proceso de responsabilidad política, para que rinda cuenta de su actuación”, sostienen los legisladores en el documento al que tuvo acceso Letra P.
“El accionar ilegal del juez Violini no solo afecta la correcta administración de justicia sino que, además, su incorrecto e ilegal desempeño funcional derivó en la libertad de imputados, consagrándose así la impunidad de graves conductas”, agregaron los referentes de la oposición.
Este es el segundo pedido de juicio político contra Violini. El primero fue impulsado por la ONG Usina de Justicia, una organización considerada por algunos como un fiel exponente del ala dura del punitivismo. De hecho, ambos procesos corren con argumentos similares y mantienen una posición judicial que los acerca desde lo político y que tiene que ver con marcar una postura de “mano dura”, aunque sus integrantes hablan de “mano justa”.
La denuncia impulsada desde Juntos por el Cambio incita a que “se inicie el procedimiento de rigor, para que, de manera urgente, se suspenda a Violini y, oportunamente, se lo destituya por haber incurrido en mal desempeño”. Para eso aún faltan varios pasos. El primero ya se produjo: la presentación de la denuncia propiamente dicha ante la Secretaría de Enjuiciamiento de Magistrados que depende del Senado bonaerense. Será en esta instancia en la que las autoridades deberán analizar si los argumentos de los legisladores son suficientes como para dar traslado a la Comisión Bicameral. Será en este último escalón en que se sortearán la lista de conjueces, abogados y legisladores que deberán resolver los planteos llegado el caso.
