Un pedido de juicio político (jury) recayó sobre el juez platense Víctor Violini, integrante del Tribunal de Casación Penal de la provincia de Buenos aires y firmante del hábeas corpus que permitió el análisis de medidas de morigeración (arrestos domiciliarios) para detenidos que integran la población se riesgo ante el eventual contagio con Covid-19.
El proceso es impulsado por la ONG Usina de Justicia, una organización considerada por algunos como un fiel exponente del ala dura del punitivismo. Muchos de sus integrantes son adherentes o estuvieron logados al macrismo ortodoxo.
En el documento al que accedió Letra P, se sostiene que, con su resolución, el juez Violini incurrió en “incumplimiento de los deberes de funcionario público” y por “la realización de actos que demuestran incompetencia o negligencia demostrada en el ejercicio de sus funciones”.
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El escrito fue presentado ante la Secretaría de Enjuiciamiento de Magistrados de la provincia de Buenos Aires, organismo que depende del Senado provincial.
Usina de Justicia supo ser el tanque de pensamiento judicial de Juntos para el Cambio. En ella están agrupados abogados, magistrados, legisladores y ciudadanos que abonan la teoría punitivista como una de las herramientas para combatir la inseguridad ciudadana, entre otros aspectos del derecho penal y los conflictos sociales, postura conocida como “mano dura”, aunque sus integrantes hablan de “mano justa”.