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Berni sumó otro rechazo a su decisión de alojar presos en containers

El Comité Nacional Contra la Tortura advirtió que no cumple con las condiciones mínimas de habitabilidad requeridas. El CELS ya había criticado la medida. El ministro de Seguridad avanza con su idea.

La idea que impulsa el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, para alojar presos de comisarías en contenedores sumó un nuevo rechazo: el Comité Nacional de Prevención Contra la Tortura en Argentina (CNPTA) advirtió que estos mecanismos “nunca satisfacen las condiciones mínimas de habitabilidad”. Antes, se expresó en los mismos términos el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

 

La elegida para salir dar la batalla dialéctica es la exdiputada nacional Diana Conti, quien es comisionada en el CNPTA. En diálogo con Letra P, la referente kirchnerista explicó que decidieron “hacer una alerta” en “esta aparente decisión del ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires de alojar presos de comisarias en contenedores”.

 

La dirigente consideró que “estos mecanismos nunca satisfacen las condiciones mínimas de habitabilidad de las personas detenidas”. Al tiempo que recalcó: “Estas soluciones transitorias suelen quedar en el tiempo, queremos alertar al gobierno de la provincia de Buenos Aires y a todos los gobiernos provinciales que estos mecanismos no satisfacen los estándares mínimos de la Organización de las Naciones Unidas para el trato de personas privadas de su libertad”.

 

 

Conti confirmó que la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), como organismo local de la prevención de tortura, “está en pleno análisis y elaboración de un informe, pero desde el Comité Nacional contra la Tortura –indicó- queremos adelantarnos a esta situación” para expresar el rechazo.

 

En 2017, Conti fue designada por el Congreso de la Nación en el CNPTA y otros tratos o penas crueles e inhumanos, un ente autónomo encargado de supervisar los sitios de detención dentro del país.

 

Tal como informó este medio en ediciones anteriores, el titular de la cartera de Seguridad bonaerense lleva adelante un plan para descomprimir la situación en seccionales policiales. Adelantó que La Matanza y La Plata serán los primeros municipios donde comenzarán con el traslado de personas en conflicto con la ley a estas celdas containers.

 

Hasta el momento ningún integrante del Ejecutivo bonaerense que encabeza el gobernador Axel Kicillof salió al cruce de esta iniciativa de Berni, que avanza con prisa y sin pausa.

 

 

 

En una entrevista con el diario Perfil, Kicillof sostuvo que de la situación de hacinamiento carcelario “se sale construyendo cárceles” y que esa posible solución es “una de las conclusiones” de la mesa de trabajo que integran el CELS y el Ministerio de Seguridad, entre otros actores.

 

EL COMUNICADO. Bajo el título “Ni presos en comisarías, ni contenedores para presos”, el CNTPA emitió una declaración oficial que, a continuación, se publica:

 

El Comité Nacional para la Prevención de la Tortura expresa su extrema preocupación ante la inminente inauguración de contenedores para la detención de personas en la Provincia de Buenos Aires.

 

Esta medida fue anunciada por el Ministro de Seguridad de la Provincia con la proclamada intención de dejar de utilizar a las comisarías como lugar de detención prolongada de personas. Sin embargo, este objetivo –que el Comité comparte- no puede cumplirse incurriendo en otras violaciones a los derechos humanos, como las que implican la privación de la libertad en establecimientos no adecuados para tales fines. Debe recordarse que la detención en lugares de alojamiento transitorio no exime al Estado del deber de garantizar condiciones mínimas de detención compatibles con la dignidad personal.

 

 

 

A finales del 2019 el CNPT alertó en sus informes sobre el incremento sostenido de hombres y mujeres privadas de su libertad en dependencias policiales, que en aquel momento superaban las 4.000 personas. Allí también se señaló que dicha situación no es ajena al aumento exponencial del total de personas privadas de su libertad en la Provincia de Buenos Aires, que para esa fecha alcanzaba la cifra de 48.469, superando holgadamente la capacidad de alojamiento de las respectivas unidades penales.

 

En dicha oportunidad, el Comité fue enfático en recomendar a los tres poderes del Estado la adopción de acciones urgentes y necesarias a fin de adecuar las políticas y decisiones de privación de la libertad, considerando el grave perjuicio generado por el elevado hacinamiento. Entre otras medidas concretas, recomendó: la adopción de medidas menos lesivas que la privación de la libertad para delitos de menor gravedad, como el otorgamiento de prisiones domiciliarias; la promoción del cumplimiento de libertades condicionales; el impulso de mecanismos de justicia restaurativa; la revisión de las medidas de encarcelamiento que en las actuales condiciones generan efectos lesivos permanentes e indebidos en los grupos más vulnerables.

 

 

 

El Comité entiende que la “Mesa Interinstitucional de Diálogo” creada por Decreto N° 24/2019, en diciembre del año pasado, debe servir para impulsar soluciones adecuadas sobre la situación de las personas privadas de la libertad en la Provincia. Sin embargo, transcurridos cinco meses, las recomendaciones del Comité se mantienen vigentes ya que no se ha observado la adopción de otras medidas estructurales dirigidas a solucionar las graves violaciones a los derechos de las personas privadas de la libertad. A criterio del Comité, esta situación solamente empeorará con la implementación de los referidos contenedores.

 

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El nuevo intendente de Río Cuarto, Guillermo de Rivas, junto al gobernador Martín Llaryora.

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