El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, elevó a la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) una propuesta para comenzar a desactivar la bomba de sobrepoblación carcelaria en comisarías: alojar detenidos a contendores adaptados para el alojamiento de personas, confirmaron oficialmente ante la consulta de Letra P.
En la actualidad hay más de 4 mil personas detenidas en calabozos policiales pero el sistema está preparado para contener a “entre 1.500 y 1.700”. Berni mantuvo un encuentro con la socióloga e investigadora Dora Barrancos, nueva cotitular de la CPM, quien comparte la dirección de la entidad con el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel.
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Según pudo reconstruir este medio, en la reunión que se llevó a cabo en la localidad de González Catán, distrito de La Matanza, Berni mostró fotografías del estado “inhumano” en que sobreviven la mayoría de los alojados en calabozos. Luego le explicó los alcances de la propuesta e ingresó con Barrancos a los contenedores que ya están construidos y propone utilizar en caso de que el organismo acompañe la idea. La CPM cumple el rol de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura de la provincia de Buenos Aires desde el 13 de noviembre de 2019.
Tras la exposición de Berni, con quien hubo un intercambio de preguntas durante la recorrida, desde la CPM receptaron la propuesta y se comprometieron a responder oficialmente mediante la elaboración de un informe basado en el análisis de datos propios, experiencias anteriores y propuesta oficial, según pudo confirmar Letra P. Pese a la consulta de este medio, el Gobierno evitó dar declaraciones, en tanto que la Comisión prefirió no adelantar consideraciones al respecto
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La provincia de Buenos Aires tiene un triste récord: cuenta con la mayor masacre en una comisaría del país. La ocurrida en la noche del 15 de noviembre de 2018 en la seccional Tercera de la localidad de Esteban Echeverría. Las primeras versiones emanadas de fuentes policiales y avaladas por el exministro de Seguridad Cristian Ritondo daba cuenta de un intento de fuga y motín, pero la investigación penal en curso echó por tierra esa explicación.
El titular de la cartera de Seguridad durante la gestión de María Eugenia Vidal y actual diputado nacional fue quien comenzó con el proyecto de las cárceles-contenedores, pero obtuvo el rechazo de otro ministro de aquel gabinete, el de Justicia, Gustavo Ferrari.
La situación de las personas privadas de libertad en Buenos Aires es “alarmante” según expresó el propio ministro de Justicia y Derechos Humanos bonaerense, Julio Alak, en uno de sus primeras ruedas de prensa tras su asunción en el cargo.
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En tanto, el miércoles 5 de febrero último, expertos en temas jurídicos penitenciarios y de derechos humanos se reunieron con internos y familiares en la Unidad Penal 1 de Lisandro Olmos para relevar las condiciones de alojamiento y tratamiento dentro de esa cárcel, la de mayor sobrepoblación en territorio bonaerense.
Se trata del primer mapeo de ese espacio de trabajo creado en el segundo encuentro de la mesa de crisis carcelaria, realizado en enero pasado. Las recorridas de este nuevo comité se definieron en una reunión de la mesa de diálogo integrada por el Ministerio, la Suprema Corte de Justicia bonaerense, la CPM y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
Además del de Ritondo, hay otro antecedente de la opción celdas containers. En 2002, el por entonces gobernador Felipe Solá avaló su uso para descomprimir comisarías. “Brindan todas las condiciones de bienestar que un espacio físico de esas características requiere (…) Son una instalación que tiene agua fría, caliente, ventilación, puerta, ventana”, enumeró los beneficios Alfredo Meckievi, quien estaba a cargo de la cartera de Justicia.