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El muro de cemento tiene el OK de los exambientalistas Lousteau y Ocaña. El macrismo ladrillero afila los dientes. Máximo K. y Massa pueden trabar la rueda.

Por 22/10/2020 16:37

Una cortina de edificios de diez pisos de entre 20 y 30 metros de altura sobre avenida Costanera se extenderá a lo largo de siete cuadras y clausurará la vista al río si Horacio Rodríguez Larreta logra avanzar con la ley que ya tuvo una primera aprobación y debe superar ahora el trámite de las audiencias públicas y la segunda lectura en la Legislatura porteña dominada por el PRO y sus aliados. Eso es lo que sostiene el amplio arco de detractores del proyecto, entre los que se cuentan los bloques partidarios de la oposición al macrismo, asociaciones de vecinos y un grupo de entidades entre las que se destacan el Colectivo de Arquitectas y el Observatorio del Derecho a la Ciudad.

En el contexto de la tensión con el gobierno nacional por la coparticipación, Larreta avanzó hace dos semanas con la rezonificación de terrenos que dan al río en la Costanera Norte y dio un paso más con su intención de levantar un barrio de lujo y un parque público en el predio de 32 hectáreas que se extiende entre Punta Carrasco y Costa Salguero, en el llamado Distrito Joven. Lo hizo con el apoyo de los bloques legislativos que responden a sus socios Martin Lousteau, Graciela Ocaña y Roy Cotina, antiguos detractores de la enajenación de tierras públicas. La ley modifica los usos y alturas de las parcelas rezonificadas y le da capacidad constructiva al predio, en lo que figura como condición previa para su venta.

 

 

VAMOS POR TODO. La concesión del predio de Costa Salguero vence en 2021. Durante tres décadas, estuvo a precio de remate en manos de Telematrix, una empresa que es socia de Fernando Polledo, el esposo de la diputada PRO y exvicepresidenta primera de la Legislatura Carmen Polledo. Los Polledo alquilaban el Centro de Convenciones que se convirtió en el fetiche de la fuerza creada por Mauricio Macri y fue la sede del casamiento del egresado del Cardenal Newman con Juliana Awada. Pero el negocio de la familia amiga concesionaria terminó y Larreta busca dar un salto en un emprendimiento que está pensado para aumentar la recaudación de la Ciudad y convocar a los gigantes del real estate.

A la concesión se le suma la venta definitiva del 35% de las tierras, en una operación que va a tornar el lugar inaccesible para la mayor parte de los vecinos. 

En diciembre de 2019, la Legislatura ya había aprobado sobre tablas la ley 6289, que autorizó a vender el 35% de los terrenos y obligó a destinar el 65% para espacios públicos. El Frente de Todos, el Frente de Izquierda, Consenso Federal, el GEN y AyL votaron en contra. El argumento de Larreta es que, a partir de ahora, los porteños van a tener acceso irrestricto a esa zona o, como le dijo a Futurock el vicejefe de gobierno porteño, Diego Santilli, que “la ciudad va a ganar 13 manzanas de espacios verdes”.

Para la oposición, en cambio, lo que está en marcha es la reprivatización de la costa, pero con una serie de aditamentos que agravan el cuadro. Esta vez, a la concesión se le suma la venta definitiva del 35% de las tierras, en una operación que va a tornar el lugar inaccesible para la mayor parte de los vecinos y consagrará un largo proceso de una ciudad que está de espaldas a un río que muy pocos disfrutan. 

En una carta a los legisladores porteños firmada por 342 profesionales, el Colectivo de Arquitectas denunció que la iniciativa de Larreta, que no fue pensada desde un proyecto urbano ambiental integral, es inconstitucional. Citan el artículo 8 de la Constitución de la Ciudad Autónoma, que establece que “los espacios que forman parte del contorno ribereño de la ciudad son públicos y de libre acceso y circulación”, y la ley marco del Plan Urbano Ambiental, que, en su artículo 9, especifica que el gobierno debe “destinar a uso público los predios de dominio estatal que se desafecten en las riberas”.

 

 

LA VENTA IRREPARABLE. En diálogo con Letra P, la especialista en proyectos urbanos e integrante del Colectivo de Arquitectas Barbara Rossen afirmó: “Acá están modificando la costa del río para siempre. El Estado se desprende de la titularidad de las tierras de manera definitiva y pasan a manos privadas. La venta es una pérdida irreparable. Es mucho peor que lo que se hizo hasta ahora con las concesiones”. Además, considero que, si Larreta logra su objetivo, los terrenos van a terminar como reserva de valor de sectores de altos recursos. “Solo van a poder acceder personas que muchas veces ni siquiera son argentinas y la vista privilegiada va a quedar reservada a quienes pueden pagar entre 9.000 y 11.000 dólares el metro cuadrado”, agregó.  

 

El proyecto contempla 50 mil metros cuadrados de edificios de hasta 12 metros de altura y 75 mil metros de amanzanamiento en edificios de entre 18 y 29 metros de altura. No sólo eso: a diferencia de la concesión de Costa Salguero, que todavía está vigente, el diseño oficial permite construir edificios sin perímetro libre, entre medianeras, es decir, uno pegado al otro, lo que cierra la vista en la zona.

 

Aunque todavía no hay información precisa sobre quiénes figuran como interesados, los bloques de la oposición deslizan que sobrevuela la sombra de Angelo Calcaterra, Nicolas Caputo, Eduardo Elsztain y los grandes desarrolladores inmobiliarios que se hicieron grandes o se acoplaron bien a la era amarilla. La legisladora Myriam Bregman afirma que es parte de una política que incluyó el proyecto de los macristas Agustin Forchieri, Victoria Roldán Méndez y Cortina aprobado a fines de agosto: incluía exenciones impositivas y diferimientos en los pagos para las nuevas obras de construcción en la Ciudad y fue aprobado por todos los bloques en la Legislatura con el solo rechazo del Frente de Izquierda.

 

 

LO QUE FALTA. En las seis semanas que quedan hasta la primera audiencia pública, fijada para el 27 de noviembre en el Salón San Martín, la oposición y los sectores sociales que rechazan la ley se proponen elevar la presión con el objetivo de lograr modificaciones en el proyecto que Larreta eligió en Concurso Público convocado en abril, antes de tener aprobada la rezonificación. Sin embargo, la audiencia no es vinculante y Juntos por el Cambio tiene abrochada la mayoría en la Legislatura, con lo cual disuadir al jefe de Gobierno porteño no va a ser sencillo. No obstante, hay una carta que todavía falta jugar y despierta expectativa en el bloque del Frente de Todos: la intervención de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), que tiene como titular a la dirigenta de La Cámpora Paola Tamburelli y depende del Ministerio de Transporte, la cartera que conduce el massista Mario Meoni.

La ley aprobada en la Legislatura es clara y establece que “la determinación de los planos límites y los servicios u objetos que puedan exceder la altura permitida, así como la localización de los usos permitidos en los sectores quedan sujetos a las normas de seguridad aeronáutica que establezca el organismo competente. La edificaciones y objetos a erigir deberán tener aprobación previa de la ANAC, debiendo ser evaluados puntualmente conforme altura, cota y ubicación de los mismos”. Mientras la Ciudad le tiene que pedir opinión al organismo y todavía no lo hizo, los bloques que rechazan el proyecto afirman que tiene que expedirse cuanto antes y tiene la última palabra.

Los detractores de la urbanización de lujo que impulsa el Gobierno porteño sostienen que no es posible avanzar con construcciones de las dimensiones proyectadas en la zona aledaña al Aeropuerto Jorge Newbery y cuentan a su favor el antecedente de El Palomar, donde los vecinos manifestaron su disconformidad. Otros recuerdan el accidente de Lapa, hace 21 años, cuando un Boeing 737-204C cruzó la Costanera y se estrelló a metros de una planta de gas, en el acceso al predio de Punta Carrasco.

Por último, también Malena Galmarini puede terminar como protagonista involuntaria de la saga. En el gobierno nacional sostienen que la titular de AYSA tendrá que resolver un convenio con la Ciudad para discutir quién financia las obras para abastecer al barrio exclusivo que proyectó su amigo Larreta. Para una Argentina ajustada que padece la pandemia y cuenta 4.200 barrios populares sin agua potable, no parece la prioridad.