El ministro de Seguridad de Santa Fe, Marcelo Sain, puso en marcha su bronce ,el proyecto de ley mediante el cual –según él– se juega el puesto. Codo a codo con su par de Gestión Pública, Rubén Michlig, y el ascendente secretario de Articulación de Políticas Públicas, Marcos Corach, el criminólogo dio una versión medida de sí misma, concentrado en el objetivo clave: alcanzar las leyes. En el horizonte, como primer paso, necesita de una mano de la bancada que lidera el exgobernador Miguel Lifschitz.
DE LOS SENADORES, NI MU. “Acordar entre diferentes” es la premisa de Sain. Sabe que tiene que persuadir a la mayoría del Frente Progresista, que no hay paquete de reforma policial sin el aval de socialistas y radicales en Diputados. En ese sentido, al presentar sus iniciativas bajó un cambio, reconoció a “sectores políticos” con quienes tuvo “convergencias” y llamó a la construcción de “consensos”.
No les destinó palabras a los senadores, con quienes mantiene un enfrentamiento desde que asumió el Ministerio. En parte, la suerte de la reforma está en manos del jefe del bloque PJ Armando Traferri. Sain lo tiene claro y confía en que si supera la Cámara baja que lidera el progresismo, el trío de leyes adquirirá un volumen político que los caciques de la Cámara de Senadores no podrán esquivar.
EL JAMÓN Y LA CHANCHA. “Que me guste el jamón no significa que me encame con la chancha”, graficó el ministro, en un mensaje teledirigido a propios y ajenos. Podemos tener nuestras discrepancias, pero a la hora de analizar la “gran reforma de la democracia santafesina” –así la definió– hay que ponderar “acuerdos políticos institucionales”. Eso interpreta Sain, que auguró una temporalidad de dos a cuatro años para la puesta en marcha de las leyes.
CUATRO COMISIONES. Este jueves, en labor parlamentaria, los bloques de Diputados definirán las comisiones en las que se analizará la reforma en detalle; fuentes de la bancada progresista le confiaron a Letra P que desembarcaría en cuatro: Asuntos Constitucionales, Presupuesto y Hacienda, Seguridad y Derechos y Garantías. En el socialismo hablan de la necesidad de un “tiempo de maduración” de los proyectos, pese a que la aspiración del peronismo es que el paquete tenga aprobación de los diputados este año.
EL ANTECESOR, CLAVE. Quien va a tener un rol central en el debate del paquete es el jefe del bloque UCR, Maximiliano Pullaro, el antecesor de Sain. En sus primeras declaraciones, el exministro le bajó el precio a las leyes y dijo que representan un “reordenamiento normativo de muchas cosas que se hacían mayoritariamente en la gestión del Frente Progresista”. “Esto no es de un día para el otro, no seríamos serios si en noviembre estamos votando esta ley”, avisó el radical.
En el Frente Progresista se prendieron las primeras luces de alerta al observar que nadie del Ejecutivo entró en contacto. Las leyes se derivaron el viernes y por el momento no hay interlocutores de la Casa Gris que hayan puesto al tanto a la mayoría opositora del contenido de la reforma policial y los objetivos políticos del oficialismo. “Si el gobierno no dialoga nos deja el camino libre para poner y sacar,”, avisó un vocero de la UCR.
BUSATTO, EL LOBISTA. A pedido de Sain, dentro de la Legislatura se encargará de negociar con el progresismo el jefe del bloque PJ, Leandro Busatto. El diputado kirchnerista trabaja la agenda de seguridad desde hace años, fue uno de los críticos más duros de la gestión Pullaro y espera la compañía del Ejecutivo para lograr una tarea no sencilla.
