Justicia | eduardo de lázzari

Un supremo bonaerense se planta otra vez y apunta contra Conte Grand

La suspensión de un fiscal fue el escenario donde el ministro mostró sus diferencias con una Corte que parece alineada con el procurador vidalista.

Un voto en minoría del juez Eduardo Néstor de Lázzari volvió mostrar diferentes posicionamientos internos dentro de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires (SCBA). En el marco de una resolución por la prórroga de la suspensión de un fiscal de Lomas de Zamora que denunció por espionaje ilegal al procurador general Julio Marcelo Conte Grand, el ministro cortesano no ahorró críticas a la actuación (en este expediente) del titular del Ministerio Público Fiscal y de su segundo, el subprocurador Juan Ángel de Oliveira. El resto de los ministros de la Corte hicieron lugar al pedido del jefe de los fiscales.

 

En julio pasado, la Corte suspendió al fiscal general del Departamento Judicial de Lomas de Zamora Enrique Bernardo Ferrari -quien denunció a Conte Grand por espionaje ilegal-, señalado por una presunta serie de irregularidades en el ejercicio de sus funciones. El apartamiento fue por resolución de mayoría, es decir, no se logró la unanimidad. El juez De Lázzari se opuso. Vencido el plazo de la suspensión, el Procurador solicitó una prórroga de la misma, solicitud avalada por la mayoría de la Corte, lo que muestra (una vez más) el alineamiento de los jueces con el funcionario vidalista Conte Grand. Luis Esteban Genoud, Hilda Kogan, Daniel Fernando Soria, Eduardo Julio Pettigiani y Sergio Gabriel Torres votaron en sintonía con el planteo de la Procuración.

 

En el voto solitario, De Lázzari sostuvo que para sostener las imputaciones solo se recibieron “farragosas comunicaciones” de la Procuración General. “De las denuncias de irregularidades, del presunto armado de causas, de las presiones y operaciones que dicen haber padecido algunos jueces, del desborde que se atribuye a ciertos fiscales, ni una palabra”, señaló el ministro.

 

 

Pero fue más allá en sus consideraciones. Dijo: “En resumen (…) el conjunto de datos, proyectos, especificaciones a futuro y demás elementos de relleno no satisfacen en lo más mínimo lo que debía hacer la Procuración General. En reemplazo de una seria y objetiva investigación ha puesto en marcha una suerte de gatopardismo, creando una comisión de notables con rimbombantes propósitos, manteniendo la dirección de la Fiscalía a cargo de uno de sus propios fiscales y frustrando, en definitiva, la sana intención que animara a esta Suprema Corte”.

 

También se expresó en relación a la denuncia del fiscal Ferrari, “que recibió inmediata respuesta –su archivo- por parte del Subprocurador”, Juan de Oliveira, “en un magro decisorio que no tiene fundamentación propia alguna, típicamente dogmático y arbitrario y que descansa exclusivamente en la opinión de un funcionario subalterno cuyo contenido se ignora”.

 

Esta nueva decisión de la Corte muestra, en este caso particular, una mayoría automática alineada con el procurador vidalista Conte Grand. La incógnita a despejar es si se trata de un nuevo esquema de poder en las entrañas del Poder Judicial provincial, una partida que es seguida de cerca por la gobernación provincial, que buscan desplazar a Conte Grand sin contar, a la fecha, con los votos necesarios en el Senado bonaerense para hacerlo.

 

 

 

Conte Grand fue uno de los funcionarios de máxima confianza de la exgobernadora María Eugenia Vidal quien, detrás de escena, maneja las voluntades de los legisladores opositores en la cámara alta.

 

ANTECEDENTES. No es la primera vez que el juez De Lázzari se expresa en sentido contrario al resto de sus pares. El 13 de julio de 2019 denunció un cóctel explosivo de corrupción judicial en la provincia de Buenos Aires. Tal como informó Letra P, el entonces titular de la Corte expuso ante jueces del fuero Penal: “Estoy hablando de causas armadas artificialmente, estoy hablando de abusos de testigos de identidad reservada, de arrepentidos, de factores de presión que inducen, fomentados y fogoneados por ciertos medios de prensa, a dictar condenas mediáticas y que llevan a un panorama sinceramente deplorable, en donde influyentes de todo tipo, espías, traficantes de escuchas telefónicas, con ciertas complicidades de algunos magistrados y miembros del Ministerio Público terminan por generar un panorama que es absolutamente preocupante”.

 

Así se subió a una pelea que parecía ajena a la toga bonaerense, la judicialización de la política que todos los días genera nuevos capítulos desde el edificio de Comodoro Py. Ningún ministro de la Corte salió en público a confirmar ni desmentir esa versión. Sí lo avalaron jueces provinciales y representantes de colegios de abogados. También recibió apoyo desde el fuero Federal.

 

 

 

Como respuesta del exoficialismo de Juntos por el Cambio recibió una denuncia penal impulsada por Conte Grand, pero que fue desestimada en el fuero Penal de La Plata.

 

Otro capítulo de tensión entre el juez y el Ejecutivo bonaerense se dio luego de la denuncia penal que presentó contra la administración vidalista por presunto desvío de fondos públicos, tras advertir “inconsistencias” entre las tareas de refacciones edilicias certificadas y las obras constatadas. La avanzada se dio luego de que se detectaran certificaciones y pagos de obras en edificios judiciales de La Matanza y Lomas de Zamora que, a criterio de la Corte, reflejan inconsistencias en una primera mirada. En la denuncia a la que accedió este medio se deja planteado que existen “tareas que se encuentran refrendadas en los certificados sin que las mismas estén físicamente sujetas en obra, o casos donde sería cuestionable técnicamente su posible ejecución en relación al avance físico que poseen los edificios”. Es decir, afirman que se abonaron obras que no se hicieron.

 

 

 

 

 

 

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