La crisis humanitaria que padecen las personas privadas de su libertad en la provincia de Buenos Aires volverá a escena este miércoles 15 de enero con la segunda reunión de la mesa de diálogo conformada a pedido de la Suprema Corte de Justicia en una acordada oficial, con el objeto de resolver la situación carcelaria que en las últimas semanas de 2019 derivó en una huelga de hambre de casi 10.000 presos ante las malas condiciones de alojamiento y la falta de alimentación adecuada.
La “Mesa Interinstitucional de Diálogo” está conformada por el ministro de Justicia y Derechos Humanos bonaerense, Julio Alak, integrantes de la Suprema Corte, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), y miembros de otras organizaciones.
Según datos oficiales, hay más de 49 mil privados de la libertad para un número de plazas adaptadas disponibles de 29 mil.
El Defensor General ante el Tribunal de Casación bonaerense, Mario Coriolano, adelantó a Letra P que “habiéndose logrado la conformación del espacio interinstitucional” propondrá que “se avance en definir agenda, metodología e indicadores de seguimiento y evaluación” del espacio de trabajo al que calificó de “muy relevante”, “necesario” y “oportuno”.
Por su parte, el Defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino, expresó que la crisis actual “no es un problema de un ministro ni de un gobierno sino de todos los actores que están sentados en la mesa de trabajo”.
“Hay que construir consensos mínimos para salir de esta situación de emergencia”, consideró el funcionario. Y adelantó que planteará que se efectivicen las “salidas de aquellos detenidos o detenidas que pueden cumplir prisiones domiciliarias, que no son uno, son miles” y que esa faceta “tiene que ser un proceso (llevado adelante) con celeridad”.
En esa línea, cabe recordar que el 27 de diciembre pasado la Suprema Corte convocó a unos doscientos jueces penales de la provincia de Buenos Aires a quienes dio el apoyo institucional para que empiecen a otorgar morigeraciones a detenidos que cumplan los requisitos y descomprimir la situación, tal como anticipó este medio.
Paula Litvachky, directora del Área de Justicia y Seguridad del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) adelantó a este medio que harán foco en “remarcar que el ministerio de Seguridad participe en la mesa en relación a las personas privadas de su libertad en comisarías, en particular las seccionales que están cauteladas (con prohibición de alojamiento de detenidos) para que saquen a las personas detenidas” en los calabozos policiales.
Varios jueces bonaerenses clausuraron comisarías por las malas condiciones de habitabilidad de los calabozos, pero esas sentencias nunca se cumplieron y se siguieron alojando a detenidos en esas dependencias objetadas judicialmente.
Fuentes oficiales confirmaron que la reunión se realizará en la sede del ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires.
En el primero de los encuentros que sirvió para conformar el espacio participaron el titular de la Suprema Corte, Eduardo de Lázzari; el juez de Ejecución, José Villafañe; el juez Correccional Eduardo Eskenazi; el arzobispo de La Plata, monseñor Víctor Fernández; el Capellán del Servicio Penitenciario Bonaerense, Carlos Pont Gasques; los representantes de la Comisión Provincial por la Memoria, Adolfo Pérez Esquivel y Roberto Cipriano García y el Procurador General, Julio Conte Grand, entre otros.
