La situación de hacinamiento carcelario en la provincia de Buenos Aires es una bomba de tiempo que puede estallar en cualquier momento. Para evitar que eso suceda, el gobierno que encabeza Axel Kicillof ya confirmó una mesa de trabajo para analizar el problema. En esa línea, la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires convocó para este viernes a jueces penales a una reunión “obligatoria” a los que les reforzará los criterios de cómo y cuándo se debe aplicar la figura de la prisión preventiva a personas en conflicto con la ley. Esta Corte, llamativamente hiperactiva, también hará sugerencias a los poderes Ejecutivo y Legislativo, confiaron voceros judiciales a Letra P.
Los magistrados están convocados para este viernes a las 11 en el Instituto de Estudios Judiciales que funciona en La Plata. Allí, los ministros de la Corte, que calificaron a la situación como “crisis humanitaria” en la resolución oficial de la convocatoria, expondrán los ingredientes para una receta que tiene como fin comenzar a cocinar un principio de solución al actual cuadro de situación que se vive muros adentro del Servicio Penitenciario Bonaerense, que heredó el actual ministro de Justicia, Julio Alak.
La convocatoria se hizo extensiva a jueces de Casación, magistrados correccionales, Colegio de Magistrados y Colegio de Abogados.
El “uso racional” de la prisión preventiva. La “absoluta prohibición de alojamiento de menores, personas enfermas y mujeres embarazadas en dependencias policiales”. Creación de un “Registro de Clausura” de dependencias policiales. La aplicación de “medidas alternativas o morigeradoras de la prisión preventiva, excarcelación extraordinaria y en su caso del sistema de monitoreo electrónico, para los supuestos en que pudieren razonablemente tener lugar, de conformidad con las leyes vigentes”. Estos son algunos de los tópicos que los integrantes de la SCBA ordenarán a los jueces penales para que los apliquen al momento de resolver los pedidos de prisiones preventivas solicitados por los fiscales, sin perder de vista las particularidades de cada una de las personas en conflicto legal. No es lo mismo una persona con antecedentes que aquel o aquella que delinque por primera vez.
Diversas fuentes judiciales consultadas por Letra P sostuvieron que las recomendaciones no serán sólo para magistrados. También habrá una lista de bases y condiciones para el Poder Ejecutivo. En esa línea le solicitará al gobierno de Kicillof que promueva “el alojamiento de los detenidos en unidades penitenciarias federales o de otras provincias” con menos congestión carcelaria. Para avanzar en ese sentido, el ministerio de Justicia deberá “suscribir e implementar los convenios que fueren necesarios” y que, además, incluya “el universo de población” carcelaria “que no recibe visitas, o si esa reubicación pudiere favorecer un mejor acercamiento familiar”.
También la Corte afirmó que “corresponde dar respuesta prioritaria a la problemática del alojamiento de detenidos en comisarías clausuradas, con cierre o inhabilitadas al efecto”. Y exhortó al Ejecutivo (vía ministerio de Seguridad) a “que arbitre los medios necesarios para la urgente subsanación de este estado de cosas”. En esa línea deberá trabajar el ministro Sergio Berni, quien tiene bajo su responsabilidad el control de todas las dependencias policiales de la provincia más grande de Argentina en cuanto a población, extensión territorial, tasa de criminalidad y tasa de prisionalización, según los últimos registros oficiales: 110% de la población penitenciaria, la tasa de criminalidad, de acuerdo a la política criminal que estableció el ministerio de Seguridad (en la gestión de Cristian Ritondo) alcanzaba 309 cada 100 mil, “que es la más alta también de la Argentina”, expresó el ministro Alak el pasado 16 de diciembre.
Antes del cambio de gobierno, nueve mil reclusos bonaerenses comenzaron una huelga de hambre en diversas unidades penitenciarias. Reclamaron (y reclaman) mejores condiciones de detención y el cese de prisiones preventivas a quienes no fueron juzgados o están con sentencia de primera instancia en revisión. Cabe recordar que la Constitución Nacional establece que las cárceles serán “sanas y limpias” y que no serán para “castigo” sino para “reinserción” social.
A pocos días de iniciarse la protesta, el máximo tribunal provincial emitió la resolución 3341/19, que lleva la firma de Eduardo De Lázzari, Daniel Soria, Luis Genoud, Hilda Kogan, Eduardo Pettigiani y Sergio Torres, en la que además pidió que se conforme una “mesa de diálogo” para encontrar una solución, medida que ya fue implementada y desactivó la huelga.
Los lineamientos que la Corte provincial dará a los jueces provinciales emanan de un informe que presentó el Tribunal de Casación Penal, donde se alertó sobre la acuciante problemática de la población carcelaria, tal como este medio retrató en varias oportunidades.
En este cuadro de crisis las miradas se posan también en la actuación de los fiscales provinciales que están bajo la órbita del Procurador General Julio Marcelo Conte Grand, de extracción vidalistas y considerado uno de los “halcones” del gobierno anterior por su política de mano dura en la lucha contra el delito y el criterio de prisionalización a como dé lugar de los encausados.
La Corte ya le solicitó al jefe de los fiscales que evalúe el empleo de criterios relativos a la coerción personal, un seguimiento de la Ley de Cupos, en razón de los anteproyectos que se encuentren a estudio de la Legislatura provincial, y que ese cuerpo, a la mayor brevedad posible, proceda a la creación del Mecanismo Provincial de Prevención de la Tortura.
El nuevo ciclo de gobierno en la provincia de Buenos Aires muestra una Corte hiperactiva en materia de política penitenciaria. El hacinamiento carcelario tiene como lógico destino que la estadía de reclusos sea más parecido a una agónica tortura que a un proceso de readaptación social que debe cumplirse por imperio constitucional y por los tratados internacionales de derechos humanos a los que adhirió el Estado argentino. Un dato que no es menor: la provincia de Buenos Aires es la única provincia denunciada y sancionada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por el sistema penitenciario y carcelario fundamentalmente.
