“Llama la atención cómo se ha devaluado una sentencia de habeas corpus”. Así de contundente fue una de las definiciones de un juez correccional de La Plata que busca una salida al hacinamiento de personas privadas de su libertad en comisarías y cárceles de la provincia de Buenos Aires. A la audiencia judicial había sido citado el ministro de Justicia bonaerense, Gustavo Ferrari, quien cantó ausente y mando a un funcionario subalterno que no llevó respuestas y culpó a los jueces.
La situación de sobrepoblación carcelaria en comisarías y cárceles es crítica, según se desprende de los datos oficiales que fueron admitidos en sede judicial por los funcionarios de Seguridad y de Justicia, a los que tuvo acceso Letra P. No se trata de ningún capítulo de la serie El Marginal que se emite por la TV Pública: son datos concretos de una realidad que la democracia no puede (o no quiere) solucionar: las cárceles y calabozos policiales de la provincia de Buenos Aires.
En distintos juzgados bonaerenses tramitan habeas corpus con el objetivo de sanear esta situación, pero en el Juzgado Correccional 2 de La Plata avanza uno que abarca a todos los penales y comisarías del territorio provincial.
El juez Eduardo Eskenazi citó a Ferrari y al subsecretario de Política Penitenciaria, Juan Baric, quien cumplió con el llamado judicial. También se presentó el abogado José Postiglione en representación del Ministerio de Seguridad, que conduce Cristian Ritondo.
No es la primera vez que Ferrari no acude a un llamado de la justicia. En mayo pasado se hizo la rabona junto a su par Ritondo de la audiencia que convocó la jueza Ana Ventura Martínez, del fuero Contencioso Administrativo de La Plata, por la situación de los presos en comisarías. Un ministro de Justicia que no acude al llamado de un juez.
LA AUDIENCIA. Las cifras de sobrepoblación que se revelaron en la audiencia hablan por sí solas. El sistema carcelario bonaerense tiene una capacidad de 28.810 plazas y la población actual, en penales, es de 42.064 internos.
El panorama en comisarías no difiere en cuanto a saturación. Hay 3.539 detenidos dentro de un sistema preparado para soportar 1.021 personas, según los datos oficiales aportados al expediente por los ministerios de Seguridad y de Justicia.
“Somos conscientes de que la situación es crítica, (pero) no podemos dar una solución, no depende de nosotros”, se sinceró el abogado Postiglione, quien aclaró que “no es labor de la Policía la custodia de detenidos”. El funcionario también aseveró que tienen un plan de obras de refacción en comisarías que se cumplió en su primera etapa. La segunda está en ejecución, pero necesitan “el desalojo para seguir con las obras”.
El sistema policial bonaerense cuenta con 175 seccionales con calabozos y 82 de ellas fueron clausuradas por condiciones inhumanas de detención, pero las órdenes judiciales no se cumplieron. En esos reducidos espacios de alojamiento hay 1.184 personas privadas de su libertad y con agravadas condiciones de detención.
Baric fue el funcionario de Justicia que no titubeó en admitir ante el juez y las partes que “la situación de la Provincia es grave; las arcas no están pasando por su mejor momento y no hay dinero para construir nuevas cárceles”.
“Construir una cárcel lleva tres años; no hay fondos disponibles ni empresas preparadas”, graficó Baric, quien informó que una solución alternativa es el convenio firmado con el Servicio Penitenciario Federal, que permitirá la mudanza de tres mil internos a cárceles federales en un plazo de tres años.
Pero el funcionario fue más allá y se quejó de los jueces. Mientras el gobierno de María Eugenia Vidal hace un culto de la “mano dura” para los que infringen la ley, Baric no tuvo pelos en la lengua para soltar que “hay un exceso de prisionalización del Poder Judicial”. Es decir, los jueces dictan excesivas órdenes de arresto, prisiones preventivas y sentencias que se pagan con prisión.
En tanto, desde la Defensoría de Ejecución Penal denunciaron que los jueces “no otorgan libertades condicionales”, como tampoco “beneficios de morigeraciones” en base a los informes que realizan profesionales del Servicio Penitenciario Bonaerense. Pese a no ser vinculantes, los jueces de Ejecución (quienes controlan el cumplimiento de las penas) toman los informes como determinantes y no permiten libertades anticipadas.
Otro de los funcionarios que participó de la audiencia fue el defensor general de La Plata, Omar Ozafrain, quien solicitó un compromiso más activo de la Legislatura bonaerense para el dictado de leyes que apunten a un nuevo diseño de política criminal.
El juez dará a conocer en aproximadamente diez días la resolución de la audiencia en la que se estableció la creación de una comisión entre los tres poderes del Estado, con plazo corto y objetivo claro, con el norte en terminar en el mediano plazo con el hacinamiento de personas en conflicto con la ley.
“Estamos viendo que falta una pieza fundamental, el ministro va a tener que estar”, notificó el juez Eskenazi al funcionario Baric para que le avise a Ferrari que no debe seguir con las ausencias ante los llamados judiciales.
En otro pasaje de la audiencia, el juez consideró que “esto no estalló, pero hay riesgo que estalle”, en relación a la posible ola de protestas en penales y calabozos policiales.
HABEAS CORPUS. Uno de los últimos planteos que debió resolver la Justicia fue el realizado por los diputados provinciales Miguel Funes y Susana González, quienes denunciaron la falta de agua en la Unidad 33 de La Plata, donde se alojan mujeres con sus hijos de hasta tres años de edad.
El juez de Garantías Guillermo Atencio ordenó el inmediato abastecimiento de agua al penal y la urgente puesta en marcha de una nueva conexión a la red o una nueva perforación hídrica. El penal es abastecido mediante agua de pozo, pero la napa se agotó y se necesita la ejecución de una nueva exploración para hallar agua de acuífero.
