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Tal como Letra P anticipó en exclusivo, la cima del Poder Judicial llamó a unificar criterios sobre las medidas privativas de libertad. Dio apoyo institucional a los magistrados.

Por 27/12/2019 13:48

Se terminó la discusión de criterios para el dictado de prisiones preventivas en la provincia de Buenos Aires. Ni mano dura, ni mano blanda. Con un mensaje claro en el último día hábil judicial de 2019, la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires (SCBA) reunió a más de 210 jueces penales para bajar directivas claras en relación al uso de la facultad de los jueces para disponer encarcelamiento de personas en conflicto con la ley, tal como en la edición de este jueves 26 de diciembre adelantó Letra P en exclusiva. Detrás de este cónclave judicial subyace la “crisis humanitaria” (tal como lo expresó la SCBA en una resolución oficial) que se refleja en las cárceles dependientes del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB). Fue el segundo paso -luego de conformar la Mesa de Diálogo carcelario- en el largo camino a recorrer para revertir el actual cuadro de situación que muestra un hacinamiento penitenciario muy lejos de lo emanado de la Constitución Nacional que establece que las cárceles deben ser “sanas y limpias” alejadas del “castigo” y con el norte puesto en la reinserción social de las personas.

La convocatoria fue obligatoria, según estableció la Corte mediante una resolución oficial. Sólo fueron exceptuados los jueces que estuvieran de turno para garantizar la continuidad del servicio de justicia en la coyuntura diaria.

El encuentro fue encabezado por los ministros Eduardo De Lázzari, Daniel Soria, Luis Genoud, Hilda Kogan, Eduardo Pettigiani y Sergio Torres. Solo faltó el ministro decano Héctor Negri, quien se recupera de un problema de salud. La voz de la Corte la llevó el actual titular del cuerpo, De Lázzari, quien fue claro en el mensaje. El dictado de prisiones preventivas en la provincia de Buenos Aires debe estar en consonancia con lo dispuesto en las sentencias “Romero Feris”, “Jenkin” y “Gelman”, dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

 

 

La más reciente fue la del ex gobernador de Corrientes Raúl Rolando “Tato” Romero Feris, quien fue detenido por presunto por fraude y enriquecimiento ilícito. En su resolución del pasado 10 de diciembre, la CIDH sentó un precedente sobre la prisión preventiva. Además, cuestionó todos los procedimientos judiciales en su contra y la violación del principio de la presunción de inocencia y a la libertad personal.

Parte del contenido del caso “Romero Feris” fue leído por el titular cortesano. Recordó que tanto la Corte Suprema de Justicia de la Nación como la Suprema Corte bonaerense son consecuentes con las resoluciones de la CIDH, es decir, son vinculantes y de cumplimiento obligatorio por el Estado.

La CIDH reiteró que únicamente deben ser consideradas como finalidades legítimas de la prisión preventiva aquellas que están atadas directamente con el desarrollo eficaz del proceso, como las vinculadas con el peligro de fuga del procesado y aquella que busca evitar que el acusado impida el desarrollo del procedimiento.

 

 

En el segundo capítulo de la jornada, jueces del Tribunal de Casación Penal bonaerense tomaron la iniciativa y detallaron el informe que presentaron en octubre pasado donde describieron y dejaron por escrito unas 11 propuestas para terminar con el hacinamiento carcelario.

Varios jueces consultados por este medio dijeron que se trató de una “reunión positiva” en la que se aclararon “varios puntos”, pero indicaron que “lo más importante” que se llevaban es “el apoyo institucional de la Corte siempre que dictemos resoluciones dentro de los parámetros mencionados”.

 

 

Una de las dudas que tenían los magistrados es cómo se iban a defender ante posibles “embates mediáticos ante el dictado de libertades”. Esa incógnita quedó despejada con el apoyo oficial emanado desde la cabeza del Poder Judicial bonaerense, el más grande del país por la cantidad de magistrados que lo integran.

En esa línea, el titular de la Corte dejó un dato estadístico esclarecedor. Durante 2019 intervino en expedientes de 55 pedidos de juicios políticos a magistrados. En 30 de ellos (el 54,5% de los casos) votó por desestimar las denuncias por entender que presentaban anemia probatoria o carecían de fundamentos. Y resaltó que solo prosperaron los que estaban fundados y establecidos en el marco legal vigente para enjuiciamiento de magistrados.

 

 

La convocatoria de este viernes fue realizada oficialmente hace una semana. Este jueves 26 de diciembre, un día antes del encuentro judicial, la Corte recibió al gobernador Axel Kicillof y al ministro de Justicia, Julio Alak. La información oficial indica que “mantuvieron una reunión protocolar en la que se abordaron temas propios de la situación del Poder Judicial provincial”. Pero Letra P pudo averiguar mediante fuentes oficiales que, en rigor, la Corte le adelantó a Kicillof las directivas que un dia después (este viernes) daría a los jueces penales, y le trazó un bosquejo del cuadro de situación que atraviesa el Poder Judicial (escasez de recursos humanos y edilicios, impedimentos para seguir adelante con la reforma judicial que planteó la ex gobernadora María Eugenia Vidal y la equiparación de salarios con los magistrados nacionales, entre otros temas). Desde el Ejecutivo tomaron nota de la información y prometieron trabajar “en conjunto” para solucionarlos paulatinamente.