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Revés por el Correo: las otras seis causas que preocupan al Macri de salida

El Presidente podría tener problemas con expedientes pesados. Autopistas, el Sarmiento, parques eólicos y la "revolución de los aviones", en la mira. Dietrich, omnipresente.

La investigación en la Justicia Comercial por la fallida privatización del correo estatal marcó la agenda política de Mauricio Macri desde que llegó al poder. Se trata de uno de los principales frentes judiciales que debería afrontar el Presidente cuando deje la jefatura del Estado si las elecciones de octubre confirmasen "el palazo" de las primarias de agosto. Pero no es el único. Según pudo reconstruir este portal a través de distintas fuentes, el propio líder del PRO reconoce en privado que está preocupado por su futuro a partir de las denuncias que tramita la Justicia. En los despachos de la Casa Rosada aseguran que hay un centenar de expedientes abiertos, pero que la mayor atención está concentrada en algunos que están en proceso y que podrían derivar en decisiones negativas del fuero penal, a diferencia del caso del Correo, que está en manos de los estrados civiles y comerciales.

 

El propio líder del PRO reconoce en privado que está preocupado por su futuro a partir de las denuncias que tramita la Justicia.

CORRUPCIÓN EN PEAJES. Uno de ellos tiene que ver con la investigación penal que instruye el juez Rodolfo Canicoba Corral por estafas en los peajes de Autopistas del Sol, la empresa que tiene la concesión de la Panamericana. El último en mover ese expediente fue el fiscal Carlos Stornelli, que potenció la investigación por una maniobra previa al desprendimiento del 7% de acciones que controlaba el Grupo Macri.

 

De acuerdo a una denuncia de diputados opositores, esa empresa presentó un recurso ante el tribunal internacional del Banco Mundial (CIADI) para exigirle al Estado nacional un resarcimiento de 1.100 millones de dólares por presuntos atrasos tarifarios. Sin embargo, cuando Macri llegó al poder, el Ministerio de Transporte, a cargo de Guillermo Dietrich, aceptó pagarle a esa empresa del Grupo Macri 499 millones de dólares para resarcirla, aunque la decisión buscó aprovechar el conflicto en el CIADI para renovar el contrato de los peajes.

 

La maniobra fue revelada por el periodista Alejandro Bercovich en el programa televisivo "Brotes Verdes", que emite C5N, donde ventiló los detalles de un expediente construido por Laura Andino, a cargo de la intervención de Ausol, donde se constataba que la demanda del CIADI era una verdadera trampa para el fisco, porque Ausol buscaba obtener la renovación de la concesión y antes cobrarse los 499 millones. Según la causa, hay un testimonio determinante: el de la ex directora de Asuntos Legales de Vialidad Nacional Julieta Ripoll, que participó de las negociaciones con Ausol y después fue despedida por el entonces titular de Vialidad, Javier Iguacel, que responde directamente a Dietrich.

 

 

Además de esa maniobra, hubo otra denuncia sobre Ausol promovida por Margarita Stolbizer, que fue desestimada por el fiscal Guillermo Marijuán. Tiene que ver con el incremento de las acciones cuando Macri llegó al poder. En enero de 2015, cada acción valía cuatro pesos, pero, luego de la renegociación de los contratos y los aumentos del 200 y 270%, cada papel de Ausol subió a 14,50 y luego a 75,50. Cuando llegó al valor más alto, el Grupo Macri se desprendió del 7% que tenía de Ausol, pero obtuvo 19,7 millones de dólares. Si hubiera hecho la venta al precio de enero de 2015, no habría facturado más de tres millones de dólares, según exhumaron los periodistas de Página/12 Irina Hauser, Sofía Caram y Raul Kollmann.

 

 

 

PASEO DEL BAJO. El ministro Dietrich no sólo está salpicado por el caso de los peajes. También es investigado por favorecer a la empresa IECSA para que se quedara con el desarrollo del tramo más costoso de la obra con la que el Presidente lanzó su campaña electoral para las PASO. IECSA es una empresa vial y de obras públicas que fue fundada por Franco Macri, luego fue conducida por Mauricio, pero, cuando el heredero ganó las elecciones para jefe de Gobierno, el Grupo Macri se la transfirió a Ángelo Calcaterra, primo del Presidente. Los tramos del Paseo del Bajo fueron licitados en 2016 y la empresa seguía en manos de Calcaterra, que luego la habría vendido al magnate energético Marcelo Mindlin.

 

 

 

SOTERRAMIENTO DEL SARMIENTO. El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, dice que lo reemplazará por un viaducto, pero la investigación por el soterramiento del ferrocarril Sarmiento sigue en pie. Está en manos del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi y del fiscal Franco Picardi, especialmente por el decreto de necesidad y urgencia que firmó Macri para reemplazar los 40.000 millones de pesos que originalmente iba a proporcionar el consorcio que se quedó con la obra, integrado por la brasileña Odebrecht, IECSA, la italiana Ghella S.p.A. y la española Comsa. A pesar de haber asegurado que iban a obtener el financiamiento para el desarrollo, nunca lo hicieron y el Presidente, en vez de anular la licitación, les concedió los fondos con un DNU que podría aparejarle complicaciones penales.  

 

Todos los ex funcionarios de la gestión anterior están procesados a partir de las confesiones de los ejecutivos de Odebrecht que reconocieron haberles pagado coimas. Sin embargo, hace dos meses la AFIP pidió la indagatoria de Calcaterra porque “quedó en claro que IECSA armaba contratos por servicios inexistentes y por esa vía, presuntamente, pagaba coimas”, según reveló el diario Página/12.

 

 

 

BLANQUEO DE CAPITALES. La decisión que tomó el presidente Macri de habilitar el blanqueo de capitales para sus propios familiares podría traerle nuevas complicaciones a partir de un planteo que presentó el diputado nacional Felipe Solá y debe resolver la Corte Suprema. El máximo tribunal debe definir si el legislador tiene legitimación para cuestionar por vía judicial el blanqueo de capitales que aprovecharon familiares y funcionarios del Presidente, porque lo hizo por decreto. Si la Corte le da la razón a Solá, las intimidades del blanqueo deberían ser investigadas: desde los 622 millones de pesos que declaró Gianfranco Macri, uno de los hermanos del Presidente, en comparación con los 126 millones que dijo tener el jefe del Estado. La trama del blanqueo también abre puertas a las investigaciones de los Panamá Papers, como los cuatro millones de dólares que Gianfranco reconoció haber escondido en la B.F. Corporation de Panamá, con cuenta en Suiza.

 

 

 

PARQUES EÓLICOS. Los casos abiertos podrían derivar en nuevas imputaciones contra el Presidente. A ese mapa de riesgos se suma la causa del negocio con los parques eólicos que puso en marcha la administración Cambiemos en 2016, detrás de la estrategia para promover energías renovables. Esos parques quedaron originalmente en manos de la empresa española Isolux, que luego las vendió a un grupo armado por Sideco Americana, del Grupo Macri, que desarrolló con cuatro empresas un grupo a nombre de un contador que adquirió seis parques en Chubut y en la provincia de Buenos Aires.  El primer paquete de parques fue vendido por 25 millones de dólares al grupo controlado por Sideco, que luego los revendió al Grupo Macro, integrado por Genneia y la empresa china Goldwind, que les permitió obtener el doble de la inversión inicial.

 

MACAIR-AVIANCA. Otra operación que vincula al clan del Presidente con la Justicia tiene que ver con la autodenominada "Revolución de los Aviones" y, especialmente, con la venta de Macair, la empresa de vuelos privados del Grupo Macri que fue comprada por el Grupo Avián, de capitales colombianos y brasileños, para desembarcar en el país como aerolínea low cost. Macair fue vendida cuando el Grupo Macri ya sabía que el presidente Macri pondría en marcha un cambio en el sistema de aeronavegación comercial que permitiría el desembarco de nuevas aerolíneas. Cuando fue adquirida por la subsidiaria de Avianca, la empresa obtuvo la adjudicación de 36 rutas por 15 años, pero las denuncias que engrosan el expediente advierten que la nueva firma no contaba con la documentación para adjudicarse las rutas. En el caso están imputados Macri, el secretario general de la Presidencia, Fernando de Andreis, y... el ministro Dietrich. Se los investiga por los presuntos delitos de irregularidades en la administración del espacio aéreo, tráfico de influencias, asociación ilícita y negociaciones incompatibles con la función pública. 

 

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