La gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, dio marcha atrás con la resolución que regulaba el uso de agroquímicos en territorio bonaerense y que había disparado el rechazo de organizaciones ambientalistas y sindicales por los parámetros de aplicación que contemplaba. La decisión de congelarlo por un año golpea a su ministro de Agroindustria, Leonardo Sarquís: es uno de los derrotados en la batalla que, del otro lado, encabezó la ex candidata a senadora nacional por la provincia de Buenos Aires bajo el paraguas randazzista Florencia Casamiquela.
El Ejecutivo bonaerense suspendió la resolución por un año y definirá “un plan de acción”; modificó el artículo donde se posaba el grueso de los cuestionamientos: la habilitación que otorgaba la normativa para fumigar dentro de “la zona de amortiguamiento contigua a establecimientos educativos”.
Aunque se aclaraba que esa aplicación tenía que desarrollarse “fuera de horario escolar”, era fuertemente cuestionada en las comunidades educativas rurales. Docentes patrocinados por la abogada Casamiquela habían presentado un amparo judicial para frenar la polémica resolución.
“Existen factores que inciden negativamente en las poblaciones aledañas a las escuelas rurales y por más que se fumigue en horarios especiales y fuera del tiempo de clases el tóxico puede seguir en el aire y tiene absorción vertical que contamina gravemente a la comunidad y cuyas consecuencias se ven a largo plazo”, explicó en su momento Casamiquela a Letra P.
Cientos de organizaciones enviaron en enero pasado una nota a la mandataria bonaerense en la que expresaron el rechazo a la resolución 246 del Ministerio de Agroindustria provincial, “a través de la cual se autorizan las fumigaciones indiscriminadas”, consignaron para advertir que el contenido de la medida “es contrario a la protección de la vida, la salud y la integridad física de las personas, al mismo tiempo en que tiene consecuencias devastadoras para el ambiente”.
También, las organizaciones criticaron que la resolución no delimitaba de forma concreta las zonas de exclusión y que apenas esbozaba sectores de amortiguamiento, cuyo control quedaba “a criterio de las buenas prácticas de los productores, una situación por demás peligrosa”, alertaron.
En diciembre del año pasado, Sarquís había presentado este protocolo en compañía de intendentes de municipios bonaerenses que adherían a la medida. “No podemos esperar que aparezca una nueva ley o haya una reforma, algo teníamos que hacer porque se siguen sacando reglamentaciones locales para atender la situación”, apuntó en esa ocasión Sarquís.
Hacia finales de año, el ministro de Agroindustria ratificó a Letra P: "Ya firmaron 51 municipios, así la resolución sirve".
Sin embargo, semanas después de esas declaraciones –y con los cuestionamientos que se multiplicaban desde diversos estamentos- la Provincia decidió ponerle, al menos, un freno a esta medida.
SUSPENSIÓN Y MODIFICACIÓN. Mediante una resolución publicada este lunes en el Boletín Oficial y firmada por Sarquís, se definió “suspender la vigencia de la Resolución N° 246/18 de este Ministerio de Agroindustria por el término de un año”.
En ningún pasaje de este texto se hizo mención a las objeciones planteadas por los organismos. Sólo se argumentó que la suspensión se realiza “a fin de poder trabajar – durante este tiempo - en forma precisa, eficiente y detallada, y a su vez optimizar las condiciones de operatividad con los municipios suscriptores del convenio de colaboración y asistencia que permita su implementación, y poder con ellos y los próximos suscriptores definir un plan de acción de complementación, a efectos de lograr la mayor eficiencia y puesta en marcha de esta normativa”.
Lo que sí se barrió fue la aplicación de agroquímicos cerca de establecimientos educativos. El artículo 5 original de la polémica resolución establecía: “La aplicación de fitosanitarios dentro de la zona de amortiguamiento contigua a establecimientos educativos, cualquiera sea la modalidad de aplicación, deberá efectuarse fuera de horario escolar”.
Ahora, el artículo 5 modificado expresa: “Abstenerse en forma total de realizar aplicaciones y pulverizaciones de fitosanitarios, en los lotes que linden con establecimientos educativos, campos de bombeo o baterías de pozos para el abastecimiento público, cuerpos y cursos de agua emplazados en el área rural. Si las mismas se tuvieran que realizar por alguna razón estrictamente justificada, fuera y lejos de los horarios de clases, y de otras actividades, y post finalización de las mismas, y siempre y en todos los casos sin presencia alguna de personas o animales, sólo si o si podrán hacerse, las que cuenten con la intervención de un profesional Ingeniero Agrónomo matriculado, autorizando y documentando las mismas previamente, siendo responsable ante las autoridades locales de dicha práctica y sus consecuencias”.
Asimismo, la resolución publicada este lunes establece la creación “dentro de los 60 días” de “un equipo de trabajo técnico multidisciplinario e interinstitucional con el objeto de elaborar un protocolo específico de aplicación en la zona de amortiguamiento, en el marco de las Buenas Prácticas Agropecuarias, de Aplicación de Fitosanitarios”. “El equipo de trabajo deberá presentar – finalizado, pudiendo presentar en formas parciales durante este período - el protocolo de aplicación en un plazo de 180 días desde su integración”, se puntualizó.
