Discapacidad: Mario Lugones envió un proyecto que pone en riesgo las prestaciones y tensiona con aliados
La iniciativa que tratará el Senado permite a obras sociales y prepagas fijar precios. La indexación, en riesgo. En diciembre fracasó un intento similar.
Con la excusa de evitar fraudes en las pensiones por invalidez que administró, el ministro de Salud, Mario Lugones, envió al Senado un proyecto para derogar el subsidio por discapacidad, creado para reemplazar esas pensiones. La iniciativa esconde una trampa: modifica el sistema de prestaciones y las deja a criterio de cada obra social o empresa de medicina prepaga. La avanzada genera tensión con aliados parlamentarios.
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Los cambios no fueron parte de la comunicación oficial. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anunció en su conferencia del pasado 25 de marzo que se limitaría a corregir el capítulo de pensiones de la ley de emergencia en discapacidad, que el Congreso sancionó el año pasado y ratificó tras un veto de Javier Milei.
El texto incluye cambios que desmantelan la cobertura de prestaciones y los aliados de La Libertad Avanza (LLA) en el Senado están molestos. En la UCR y partidos provinciales le recriminan a Lugones haber ocultado información cuando lo visitaron en su despacho. Hubo un gobernador patagónico que habló con el jefe de Gabinete del ministro, quien le detalló el proyecto sobre salud mental, que también ingresó en la cámara alta. Nada le dijo sobre la reforma de discapacidad.
Patricia Bullrich, la jefa del bloque libertario en el Senado, lo supo la semana pasada y envió un mensaje tranquilizador. Les garantizó a los aliados que el debate tendrá muchas reuniones informativas y si no hay consenso el texto no llegará al recinto.
La maniobra de Mario Lugones
Lugones intentó en diciembre derogar la emergencia en discapacidad, con un artículo en el Presupuesto. Falló: fue borrado en Diputados. En el Senado, Bullrich recibió la orden de volver a incorporar ese fragmento, pero después de una reunión por Zoom con aliados ni siquiera lo intentó.
El proyecto presentado en diciembre lleva las firmas de Javier Milei, Adorni y Lugones. En el capítulo de pensiones, elimina los criterios de la ley de emergencia y retoma el anterior, que contemplaba un subsidio por invalidez laboral, sin tomar en cuenta los parámetros de la discapacidad determinados en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad a la que adhirió Argentina.
Lugones quiere que vuelva un mecanismo de subsidios aun cuando en los fundamentos de la iniciativa señala que fue causal de un fraude, porque incrementó los beneficiarios sin causa aparente.
Con esta ley, la pensión será del 70% de una jubilación mínima y no la recibirían quienes tengan un salario mínimo o estén inscriptos “en el régimen simplificado”, es decir, quienes puedan trabajar. Exige un reempadronamiento a 90 días para evaluar cada caso.
El fragmento de la emergencia que proponen borrar otorga pensiones a quienes tengan Certificado Único con Discapacidad (CUD), aunque con excepciones que podrían reducir el listado de beneficiados. Por caso, no cobrarían quienes tengan un empleo con dos salarios mínimos, incluidos los trabajos en el Estado, donde al menos un 4% de la planta debe estar integrada por personas con discapacidad. No siempre se cumple.
Prestaciones, afuera
Los últimos artículos del proyecto destrozan la cobertura de prestaciones por discapacidad, aun cuando los voceros del Gobierno que defienden la iniciativa ni lo mencionan. Esta trampa es la que molestó a aliados del Senado, que en diciembre ya le habían advertido a Bullrich que no querían meterse con este tema.
El sistema funciona de la siguiente manera. Las obras sociales y las empresas de medicina prepaga aportan a un fondo compensador administrado por la Superintendencia de Servicios de Salud, a cargo de Lugones, que fija los valores de cada prestación y gestiona los pagos. De este mecanismo surgen los honorarios que rigen para todas las prácticas vinculadas a la discapacidad. Además, quienes no tienen cobertura reciben asistencia a través del PAMI o del programa Incluir Salud.
Esa nómina de prácticas y precios es lo que se conoce como nomenclador. El conflicto del sector de discapacidad comenzó cuando estas cifras se congelaron desde octubre de 2024 y ya habían perdido contra la inflación.
La ley de emergencia dispuso aumentos para compensar la inflación de 2025 y una indexación permanente, para que los profesionales mantengan su poder adquisitivo. El proyecto que envió Lugones propone un cambio drástico: elimina el arancel común. Permite que cada obra social o prepaga determine cuánto pagar las atenciones, garantizando en todos los casos una “calidad prestacional” que no define con precisión.
Sin aumentos
La indexación por inflación de las prestaciones que rige desde diciembre quedaría en el olvido, también para los beneficiarios del Estado. Es que, para esos casos, la iniciativa de Lugones repite el texto que fue eliminado del Presupuesto.
Señala que la Secretaría de Discapacidad convocará al directorio (donde hay dos representantes de la sociedad) cada tres meses para definir los valores. Sólo en caso de que no se realice esa convocatoria los aranceles subirán al igual que la inflación.
La iniciativa se girará a comisiones en estos días. Si repite el criterio del año pasado, se tratará en las comisiones de Población y Desarrollo Humano y en la de Presupuesto. El oficialismo tiene mayoría con aliados que ayudaron a aprobar la agenda del verano, pero en las últimas semanas el clima cambió.
El proyecto sobre “Inviolabilidad de la propiedad privada” no será dictaminado esta semana, porque los aliados piden cambios. Hubo dos reuniones informativas en comisiones. Con Discapacidad, de comenzar, el cronograma será similar. Por el momento, el Gobierno no tiene los votos para aprobar los cambios.
