Docentes de Chivilcoy y en línea con los reclamos de la red federal de docentes por la vida, presentaron este lunes un amparo judicial para frenar la resolución del ministerio de Agroindustria bonaerense, a cargo de Leonardo Sarquís, que fija parámetros generales para la aplicación de fitosanitarios en la provincia de Buenos Aires.
“La presentación refleja la preocupación que existe hoy en la comunidad educativa rural y en las organizaciones civiles de la región que temen por la nueva reglamentación del gobierno” indicó a Letra P la abogada patrocinadora, Florencia Casamiquela.
La mencionada resolución 246/18, fue presentada por el gobierno de María Eugenia Vidal a partir de la inexistencia de una ley que regule el uso de los agroquímicos, y ante la demora en la legislatura bonaerense del tratamiento de los proyectos que plantean una reforma integral del sistema de producción.
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“La resolución no delimita de forma concreta las zonas de exclusión, apenas si esboza sectores de amortiguamiento, cuyo control queda a criterio de las buenas prácticas de los productores, una situación por demás peligrosa” remarca la ex candidata a diputada nacional por el frente PJ Cumplir.
“Existen factores que inciden negativamente en las poblaciones aledañas a las escuelas rurales y por más que se fumigue en horarios especiales y fuera del tiempo de clases el tóxico puede seguir en el aire y tiene absorción vertical que contamina gravemente a la comunidad y cuyas consecuencias se ven a largo plazo” remarcó Casamiquela.
El temor, según expresaron los denunciantes que piden se disponga la “nulidad e inconstitucionalidad de la resolución”, es que la medida elimina los límites que hasta la fecha habían sido impuestos a través de una medida judicial por la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires.
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“Esta resolución elimina esa restricción y deja todo a criterio de los productores” remarcó la patrocinante.
El recurso presentado pretende que se dicte la nulidad del ese acto administrativo impulsado por el gobierno y en consecuencia se planten límites invocando el carácter preventivo que siempre debe tener el Estado.
La intención, según remarcan los denunciantes, es preservar la salud de los pobladores, a través de la no fumigación en zonas de población, escuelas y en los cursos de agua.
La resolución no es obligatoria para los 135 municipios de la provincia sino que funciona como parámetro para guiar a las futuras ordenanzas, y hasta corregir las existentes. El reclamo que se hace desde sectores docentes rurales es que deja la práctica de la fumigación y el control en manos de quienes explotan esa herramienta para su beneficio.
Tras la presentación, que surgió de Chivilcoy y se asentó en la cabecera judicial en Mercedes y que por la feria judicial fue derivada al fuero penal, se aguarda ahora la resolución sobre el amparo requerido. De aceptarse la resolución quedaría suspendida a la espera de un fallo sobre la cuestión de fondo. No se espera que este año, que es electoral, la legislatura provincial active alguno de los proyectos de ley que buscan regular la utilización de agroquímicos en los suelos bonaerenses.