El gobierno de María Eugenia Vidal promulgó la ley 15.037 la quita de impuestos en tarifas de luz y agua, montos que las empresas de luz y agua abonaban a las comunas, aunque, tal como se acordó para su sanción en la Legislatura, con el paraguas de que los intendentes puedan "aplicar gravamen" a las distribuidoras para hacerse de esos recursos que se pierden con esta normativa.
El texto publicado este jueves en el Boletín Oficial reduce a 0% la contribución que los agentes de la actividad eléctrica y los prestadores de los servicios sanitarios de agua y cloacas abonan mensualmente a las municipalidades por las operaciones de venta con usuarios o consumidores finales.
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Pero, párrafo siguiente, se aclara: “Cada municipio podrá aplicar a la distribuidora correspondiente, conforme a la normativa local, todo gravamen o derecho municipal que corresponda”. En el caso de las empresas de electricidad, dicho gravamen no podrá exceder el 6% “de las entradas brutas de la distribuidora, netas de impuestos, recaudadas por la venta de energía eléctrica”, mientras que en el caso de agua y cloacas, no podrán exceder el 4% de las entradas brutas del prestador.
Cabe recordar que, cuando Vidal giró esta iniciativa a la Legislatura, en el marco de un paquete de anuncios referidos a la reducción de impuestos, sólo se hablaba de la quita de estos recursos, algo que había disparado inmediato malestar en los intendentes que veían amenazadas sus arcas municipales. Con la iniciativa original trabada en la discusión parlamentaria, finalmente se llegó a consensuar el ítem que faculta a los jefes comunales a aplicar gravámenes para no perder esos montos.
Teniendo en cuenta que esto último se dará “conforme a la normativa local”, aún es una incógnita su aplicación en varios municipios, abriéndose un margen de negociación con las distribuidoras que en algunos casos podrían disparar polémica.