Si bien las voces disonantes se hacen sentir entre los representantes peronistas de la provincia de Buenos Aires, la eliminación de impuestos alterará las finanzas de todos los municipios.
En General Pueyrredón, por ejemplo, unos de los bastiones de Cambiemos más asistidos por la administración de María Eugenia Vidal, significarán 132 millones de pesos, lo que representa casi el 1,7% del total de los ingresos estimados para el ejercicio 2018, precisa el diario La Capital. En aquel distrito, concejales del oficialismo presionan al intendente Carlos Arroyo para que elimine impuestos municipales de las facturas de servicios públicos, medida que achica aún más los ingresos en las arcas municipales.
“Es insólito que estén todos discutiendo y viendo cómo hacemos para garantizarle la rentabilidad a los tres empresarios que se quedan con el producto de estos tarifazos, sin tocar ni un centavo del precio que se llevan, porque ese dinero no lo vemos en los municipios, no hay inversiones, no hay un plan de obras, nada”, cuestionó en diálogo con Letra P el intendente de San Antonio de Areco, Francisco “Paco” Durañona, quien advirtió que “cualquier medida que se tome en sentido de poner de rodillas a provincias y municipios para garantizar la rentabilidad de estos tres empresarios es autoritaria y unitaria propia de este gobierno capitalino”.
"Hay una inclinación hacia el desfinanciamiento de los municipios", dijo Durañona.
Más allá de remarcar que en su comuna el servicio de agua es municipal y que en el caso de la tarifa eléctrica mantiene un contrato de concesión, Durañona señaló que, si se aplicase esa medida en su comuna, representaría una quita de $15 millones. En esa línea, apuntó contra el impacto que esto generaría, sumándose “al pacto fiscal, la eliminación del Fondo de Infraestructura Municipal, del Fondo de Seguridad, la quita de $60 millones del bolsillo de jubilados y beneficiarios de la Asignación Universal en San Antonio de Areco, más los aumentos de tarifas y combustibles”.
Al denunciar “una matriz de látigo y chequera”, Durañona afirmó que en el gobierno de Cambiemos “hay una inclinación hacia el desfinanciamiento de los municipios. No se soporta que otros estamentos estatales puedan tener otros criterios sobre el rol del Estado, que municipios como el nuestro ofrezcan paritarias al 25%; para el Gobierno, eso es inaceptable”.
Para el intendente de Laprida, Alfredo Fisher, “la forma en que el Presidente y la gobernadora encararon la situación es poniendo una cortina de humo”. Consultado por Letra P, consideró que los cambios que la administración vidalista impulsa en la Legislatura “no están menguando la crisis social que produce la transferencias de fondos de las grandes mayorías a un grupo empresario que monopoliza las cuatro prestadoras de energía eléctrica en la provincia, sino que se les está echando la culpa a los intendentes que enfrentan las consecuencias de estas tarifazos”.
"No tenemos respiro, nos ajustan cada vez más la soga al cuello", señaló Fisher.
“Ponen esta decisión por encima del costo desmedido de la energía. Hay una determinación política de que las ganancias de cuatro empresas las paguen las mayorías”, remarcó Fisher y agregó que, para el erario municipal, esta quita significa 198 mil pesos mensuales (792 mil pesos entre enero y abril) y explicó que la eliminación del impuesto significa que la empresa no pagará a los municipios la utilización del espacio público, mantenido con recursos municipales.
“Este instrumento afecta a los municipios. No tenemos respiro, nos ajustan cada vez más la soga al cuello. Nos ponen a los intendentes en una nueva fila para ir a pedirle recursos a la gobernadora, quien finalmente, de manera discrecional, decide a quién le otorga y a quién no”.
“Nosotros venimos luchando contra esta concentración de recursos, porque cada paso que da Macri y Vidal es para aumentarla”, remarcó el lapridense.
El intendente de Gonzáles Chaves, Marcelo Santillán, también se expresó en el mismo sentido y agregó que el martes, en el marco del encuentro del Consejo del PJ bonaerense en Cañuelas se manifestaron en contra de la quita de recursos. “Es una medida desacertada, perjudica a los municipios, no beneficia a los usuarios. Siempre que se elimina un impuesto, se elimina una forma de distribuir la riqueza”, señaló y destacó que en la localidad cabecera del distrito que conduce significa una pérdida de 180 mil pesos mensuales.
"Es una medida desacertada, perjudica a los municipios, no beneficia a los usuarios", sostuvo Santillán.
“Es muy poco beneficio para el usuario, pero mucho para la empresa, porque va a seguir ganando lo mismo”, agregó el intendente y señaló que, ante esta quita, debería “cambiarse el costo de la energía para el Estado”.
Por su parte, el jefe comunal de General Pinto, Alexis Guerrera, sostuvo ante este portal que, de los $3 mil millones que la Provincia señala que dejaría de percibir con estas medidas, a “General Pinto le estarían sacando de un plumazo $9 millones”, por lo que consideró: “No es la Provincia la que está poniendo, somos los municipios”.
En esa línea, Guerrera explicó que el monto que su comuna dejaría de percibir de avanzar el proyecto oficial es más difícil de digerir “con el incremento de luz, agua y gas que impacta al municipio como a cualquier vecino de la provincia”.
Además, subrayó: “No sé si esto se hace con la intención de que dependamos más de la provincia, pero nos está restando cada vez más autonomía porque nosotros trabajamos en conjunto con la Provincia en lo que tiene que ver con seguridad y salud y no siempre la Provincia actúa como socio de eso y los municipios siempre estamos atajando en la primera ventanilla de queja. Tenemos menos recursos y menos coparticipación para afrontar mayores cargas”.
"Acá, ganan las empresas, a las que se le está dando más margen de ganancia. El esfuerzo lo ponemos lo más vulnerable", indicó Guerrera.
El intendente del Frente Renovador comentó que recientemente le planteó esta preocupación al subsecretario de Asuntos Municipales bonaerense, Alex Campbell, y también expuso cómo impacta esta situación, con números locales, a los legisladores de su espacio.
Al resaltar que “el problema de fondo no se soluciona” con estas medidas, Guerrera hizo foco en “el valor que se le está concediendo a las empresas para que actualicen los valores de las tarifas, mientras el Gobierno nacional tiene menos carga por el retiro de subsidios que antes aportaba y no renuncia a una carga muy fuerte que es el 21% del IVA”. Por esto, concluyó: “Acá, ganan las empresas, a las que se les está dando más margen de ganancia, y el Gobierno nacional, porque retira mayor porcentaje de subsidio. El esfuerzo lo estamos poniendo los más vulnerables”.
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