La crisis que se desató tras la revelación del periodista Juan Amorín de aportantes truchos a la campaña de Cambiemos en 2017 generó efectos diversos en el oficialismo. El primero, la decisión de la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, de correr de su flamante cargo a María Fernanda Inza, contadora general de la provincia y fusible de un escándalo en ascenso. El segundo impacto, la decisión política de Cambiemos de impulsar una nueva ley para regular el financiamiento de los partidos políticos, corriendo el eje de la polémica hacia un planteo más general. El proyecto que adelantó el secretario de Asuntos Políticos, Adrián Pérez, incluye bancarización de aportes y la inclusión de personas físicas y jurídicas como posibles aportantes. En declaraciones a Radio Continental, el funcionario del Ministerio del Interior señaló que, a pesar de que la ley actual lo prohíbe, "las empresas siguieron aportando, pero eso no estaba declarado en ningún lugar". Lo que relata Pérez grafica lo que viene ocurriendo: una dinámica incontrolable.
Adrián Pérez, una de las espadas de Frigerio detrás de la nueva ley de financiamiento.
En este escenario, las paradojas de la política hicieron que, del otro lado del mostrador, las empresas que ponen dinero en los partidos se sorprendieran ante lo que consideran “una moralina; una ley a la que todos le van a buscar la vuelta”.
La situación es descarnada, pero real. Por un lado, empresarios que alguna vez contribuyeron le dijeron a Letra P cuáles son los mecanismos más utilizados. Y no niegan que tengan voluntad de seguir “apoyando” a los candidatos con los que tienen "afinidad" o ven mejor perfilados”. Las experiencias que relatan son las que el Gobierno y la oposición saben que ocurrieron y ésta es la razón por la cual el Círculo Rojo no se toma demasiado en serio la sobreactuación de blanquear operatorias de este estilo. Ven a la nueva ley como una cortina de humo para nublar la pregunta de fondo en el caso de los aportantes de Graciela Ocaña y Esteban Bullrich: quién puso el dinero que fue atribuido a indigentes o personas con planes sociales y domicilio en barrios de emergencia.
“En la previa de las elecciones de 2015, Macri hacía desayunos con empresarios. Un día llevaba a (Jaime) Durán Barba, otro a ( Alfonso) Prat Gay o (Federico) Sturzenegger. Y presentaba el plan de gobierno, lo que pensaba hacer cuando fuera presidente”, relató un hombre de negocios. En esos encuentros, se lograba el aporte económico por diferentes vías. Una de ellas, la posibilidad de destinar fondos a fundaciones del PRO o bien en forma de aportes individuales. Los que ponen dinero cuentan que “nunca hemos visto, desde las empresas, dinero negro que provenga de delitos complejos”. Pero admiten que, en su mayoría, los fondos no son bancarizados, ergo, ya son parte de evasión fiscal.
Para la misma campaña, el candidato del Frente para la Victoria, Daniel Scioli, armó en Parque Norte una cena multitudinaria. El cubierto costaba cerca de $10.000. En la recorrida por las mesas se veían empleados de compañías, gerentes y hasta segundas líneas de los sindicatos más potentes. Todos, con el mismo discurso: “Compramos la tarjeta de forma personal, individual”.
Un CEO de una constructora -ese tipo de compañías figura, junto a bancos, prepagas, industrias y laboratorios, como los más grandes aportantes a campañas- contó un mecanismo doble. Por un lado, las grandes empresas les piden a sus gerentes de confianza que compren tarjetas para cenas o agasajos a título personal y luego les reintegran el dinero. La cena la paga la empresa. La segunda metodología: les preguntan a esos gerentes si tienen fondos de ahorros bancarizados, les sugieren depositar a la política por esa vía y luego las firmas les dan compensaciones determinadas. También les piden que firmen los recibos por los vales de la cena, que luego paga la empresa.
“Hubo cenas en las que compramos mesa y no fuimos y la mesa nuestra se pagó y no existía”, contó otro CEO de los laboratorios. Como muchos optan por no mostrarse, las mesas se cobran y se sacan o se llenan con militantes o punteros barriales.
En general, las grandes compañías son reacias a poner la cara por los candidatos, pero la mayoría juega a tres bandas: al caballo ganador, al segundo con más chances de ballotage y al tercero, que puede ser un tapado. Hay algunos casos visibles, como el respaldo de Jorge Brito, el jefe de Banco Macro, a la campaña del tigrense Sergio Massa, incluso cuando recién surgía como candidato nacional. Fuentes cercanas apostaron a que esa banca de Brito fue la que enojó a Macri, que terminó corriéndolo del aura de banqueros de confianza y poniéndolo bajo la lupa de diferentes investigaciones judiciales.
La multitudinaria cena de campaña de Scioli en Parque Norte. Un mundo de CEOs.
Las multinacionales, que en general tienen reglas de compliance, también utilizan a las personas físicas de la planta para derivar aportes. El propio titular de la FIAT, Cristiano Rattazzi, admitió esta semana que como empresa no pueden participar. El ítalo argentino lo hace por las propias, pero es reconocido como militante de Cambiemos y hasta fue fiscal de mesa en los últimos comicios. Algo similar ocurrió con los grandes supermercados: los nacionales blanquearon aportes, los extranjeros desembolsaron informalmente. En el rubro del comercio, hay mucho más movimiento de cadenas regionales del interior del país que en Capital y GBA. Es allí donde los supermercados tienen vínculos mucho más estrechos con el poder político.
Otra vía común es la operatoria con imprentas que hacen trabajos de folletería y boletas para los partidos políticos. Hay infinidad de aportantes privados a los que las distintas fuerzas les ofrecieron costear ese tipo de gastos, como una contribución para el crecimiento. Esos casos son aún más oscuros que los mencionados anteriormente, porque la mayoría confiesa que el mecanismos de facturas truchas es moneda corriente.
El diario La Nación publicó en 2016 un detalle de un informe en tándem con el Cippec, en el que se vio que los gastos partidarios del PRO se multiplicaron por diez en el año electoral. Y el oficialismo “recibió en 2015 donaciones para su partido por $124 millones; el año anterior había recaudado apenas $ 12 millones”. En ese proceso, se contabilizaron aportes de casi 300 empresas, entre ellas, Nidera, Swiss Medical y compañías del agro. De ese pelotón, había 50 compañías que, además, eran proveedoras del Estado porteño. En plena campaña e incluso antes del permiso formal de iniciarla, Macri llevó adelante cenas en La Rural con mesas por valor de $500.000. Fue ese el justificativo que tuvo Cambiemos para el dinero obtenido.
“Acá hay mucha hipocresía y los menos hipócritas en todo esto terminamos siendo nosotros. Y después nos comemos los cachetazos”, señaló entre sonrisas un industrial de años en la actividad, uno de los que jugó con los dos candidatos fuertes de la última elección.
Cuentan los filántropos electorales que el caso de los aportes y la forma de los retornos están estudiados en todo el mundo. Citan dos ejemplos que se diferencian del de Argentina: Japón y Estados Unidos. En el país del norte, los respaldos de campaña que pagan las empresas se les devuelven a sus empleados a posteriori, con ascenso dentro de las compañías u otras promesas. “Es un esquema que se basa en la confianza, en cambio acá es distinto: se paga, se cobra y se cierra la historia. Porque, una vez que terminó el asunto, no se sabe quién cumple y quién no”. El segundo caso, el de Japón, lo relacionan con la lógica de un juego popular para los nipones. El Pachinko es una especie de pinball que se juega en máquinas del estilo tragamonedas. Como en Japón el juego legal no apuesta dinero, el jugador de Pachinko compra pelotitas de acero para el juego por un monto X. Juega y se lleva de premio, según el rendimiento, un pato de goma o retribuciones estilo kermesse. A la vuelta de los locales de juego, hay cuevas que compran los premios por valores muy superiores al apostado. Es una vieja práctica de la Jakuza para el dinero negro y es la lógica de casi todas las campañas políticas.
En Argentina, todos los consultados por Letra P admitieron que “el dueño del castillo” siempre pide menos plata que la oposición. Si bien Scioli movió fondos de privados, fue el PRO el más “pedidor” de aportes privados, incluso a sabiendas del respaldo de la caja de la Ciudad. En la última elección, fue Elisa Carrió la única que le encargó a la ex titular de la Legislatura y armadora de ingresos de Cambiemos, Carmen Polledo, que prescindiera de aportes privados de envergadura y que evitara el viejo esquema de cenas y desayunos recaudatorios. “Hoy el castillo es de Macri; por eso quieren regular”, concluyó un fiel aportante del oficialismo actual.
