En el umbral de una nueva huelga docente por 48 horas, el ministro de Asuntos Públicos bonaerense, Federico Suárez, supeditó un nuevo llamado a negociación salarial al freno de las medidas de fuerza: “Siempre hemos dicho que estamos abiertos al diálogo y venimos dialogando pero evidentemente cuando hay una decisión de paro tomada, como en los últimos meses, no vamos a dialogar”, aseveró el funcionario vidalista al ingresar a la reunión de gabinete ampliado que se realiza este miércoles por la mañana en la República de los Niños, en La Plata.
A más de tres meses de iniciado el conflicto y con más de 50 días sin ser convocados a un nuevo encuentro paritario, el Frente de Unidad Docente Bonaerense determinó la realización de un paro de actividades el viernes 15, mientras que para el jueves 14, Suteba, FEB y Udocba también llevarán a cabo una medida de fuerza, al plegarse a la huelga convocada por las dos CTA.
“Siempre que se anuncia un paro en la educación pública nosotros lamentamos la medida porque significa que los chicos, que deben estar en el aula para garantizar su aprendizaje y tener un futuro mejor, no van a estar ahí”, deslizó Suárez, para volver a aludir a intereses políticos de dirigentes gremiales: “Creemos que tenemos que alejar el interés político de la discusión por la educación. Muchos dirigentes sindicales de la educación han tenido muchas referencias políticas en estos meses y lo importante es discutir la educación y dejar de lado la política”.
Sin poner fecha a una nueva convocatoria paritaria, el ministro de Asuntos Públicos aclaró: “Siempre apostamos al diálogo, que es lo que genera el consenso y los acuerdos. Vamos a seguir dialogando”.
La última discusión salarial entre las partes fue el pasado 20 de abril. Allí, Vidal dejó de lado el 15% que venía ofertando y fraccionó la negociación, ofreciendo a los docentes bonaerenses un aumento salarial del 10% en el primer semestre de 2018, a pagar en tres tramos: 5% retroactivo a enero, 3% más en abril y 2% en junio, más un reconocimiento por presentismo de hasta $ 3.000 por trabajador, propuesta que fue rechazada por el arco gremial que apunta a un piso del 25% y con cláusula gatillo.
