Ahora, campaña hormiga en busca de un blindaje de la política
Frente al desmadre de la economía, la Casa Rosada inicia una agenda de gestos con intendentes peronistas y gobernadores para reparar la malla de contención territorial.
Los despliegues territoriales del jefe de Estado serán acompañados por una escudería de ministros que “harán medios”, con un tono parecido al que adoptó este miércoles el jefe de Gabinete Marcos Peña desde Balcarce 50, cuando la Cámara de Diputados se preparaba para sancionar un proyecto opositor que busca frenar el tarifazo.
VETO ESCONDIDO. El ministro coordinador ofreció una conferencia de prensa donde describió “las situaciones contradictorias” que se registraron en la Cámara baja. Se refería a la sanción de las leyes de Mercado de Capitales y de Defensa de la Competencia, dos proyectos impulsados por el Ejecutivo, que fueron aprobados antes del escenario que más le preocupa al Gobierno: la media sanción de una norma que frene el tarifazo y que la semana próxima obtenga la aprobación definitiva en el Senado. El oficialismo intentará que no prospere en la Cámara alta, pero en Casa Rosada todo ese trámite legislativo sólo es parte de la cuenta regresiva que separa a Macri de un posible veto para anular cualquier cambio a la Revisión Tarifaria Integral de los servicios públicos domiciliarios.
“Nuestra apuesta es que todo esto suceda lo más rápido posible. Si es necesario el veto, el Presidente lo utilizará, porque estamos seguros que no tendrá un impacto negativo”, aseguró una fuente presidencial que sustentó su hipótesis en “encuestas internas” del Gobierno. Frente a ese espejo (cuyos contornos son guardados bajo siete llaves), los operadores del oficialismo sostienen el impacto negativo del eventual veto “ya fue purgado” cuando Peña anunció la decisión de anular cualquier proyecto que intervenga en la política tarifaria del Ejecutivo.
MINIGOBERNADORES. La certeza no se condice con la estrategia de reducción de daños que Cambiemos aceitará en los próximos días, para que los gobernadores peronistas no pongan el grito en el cielo cuando el veto sea aplicado. “A ellos los conviene que nosotros asumamos todo el costo político, y nosotros estamos confiados en pagarlo, porque también nos fortalece en el exterior”, confió una fuente, luego de confirmar que el armado de contención ya comenzó con comunicaciones de la Casa Rosada para bajarle el tono a la controversia en el Congreso por el tarifazo.
El minué de llamados a caciques provinciales estará acompañado por reuniones con intendentes peronistas, como la que encabezó este miércoles el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, que almorzó con los jefes municipales de las cuatro ciudades más importantes del norte y una del centro: Gustavo Saenz (Salta), Germán Alfaro (San Miguel de Tucumán), Raúl Jalil (San Fernando del Valle de Catamarca), Alberto Paredes (La Rioja) y Enrique Ponce (San Luis).
“Es parte de la relación que fuimos trabajando, porque son dirigentes del PJ que respaldan al Presidente y quieren sumarse a Cambiemos, algunos ya dieron su apoyo el año pasado y otros apuntan a hacerlo el año próximo”, destacaron desde el Ministerio del Interior, para resaltar la foto, donde participaron el viceministro Sebastián García De Luca y el subsecretario de Asuntos Municipales, Lucas Delfino, encargados de un tejido cuya exhibición pública está directamente orientada a los “gobernas” que Cambiemos quiere contener a la hora del próximo veto.
Mientras la infantería comunicacional del Gobierno planificaba ese tejido, Macri visitó Mendoza donde desempolvó la sobreventa de expectativas para el futuro. “Es importante que creamos en lo que estamos haciendo, porque va en serio y estoy cada día más convencido. Sé que cuento con ustedes, que vamos a seguir trabajando con convicción para que esto sea un camino para una argentina más justa para todos los argentinos”, arengó rodeado de policías mendocinas, a quienes buscó respaldar con la entrega de chalecos antibalas: otro contorno del blindaje discursivo que ejecutará el Gobierno, cuyos principales funcionarios se niegan a reconocer el desgaste de la crisis, el impacto negativo de la devaluación del peso y la densa sombra del FMI, un lastre que ya forma parte de la agenda cotidiana del Gobierno.