En su primer día de consultas con el Fondo Monetario Internacional, el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, se encontró con un clima más adverso que el que aguardaba. Al revés de lo anticipado por el presidente Mauricio Macri y por él mismo, el organismo consideró que el país no está en condiciones de aspirar a líneas de crédito sin grandes condicionalidades y, en contrapartida, deberá optar por una particularmente severa: los Stand-By tan conocidos en la historia económica del país, que involucran desembolsos escalonados y sujetos al “monitoreo” minucioso de la situación económica.
La primera reunión del ministro con Alejandro Werner, director del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo, “fue introductoria, para discutir los próximos pasos en el proceso de negociación. Argentina pedirá un acuerdo financiero Stand-By de alto acceso. Los equipos técnicos se encuentran en este momento intercambiando información", confirmaron este miércoles a Letra P desde Washington.
Las negociaciones en estos casos “duran cerca de seis semanas”, agregaron, algo que aleja las expectativas oficiales de un trámite rápido.
Dujovne se entrevistará este jueves a la mañana con David Malpass, subsecretario de Asuntos Internacionales del Departamento del Tesoro estadounidense, y por la tarde con la directora gerente del FMI, Christine Lagarde. Ambas reuniones apuntan a obtener apoyo político de cara a una negociación más difícil que lo pensado.
Según la página del propio organismo, “el marco del Acuerdo Stand-By permite al FMI responder rápidamente a las necesidades de financiamiento externo de los países y respaldar políticas que los ayuden a salir de las crisis y volver a un crecimiento sostenible”. “Crisis”… la palabra que este miércoles rechazó el jefe de Gabinete, Marcos Peña, en su conferencia de prensa.
“La duración de un Acuerdo Stand-By es flexible y generalmente abarca un período de 12–24 meses, pero no mayor de 36 meses, acorde con la necesidad de atender problemas de balanza de pago a corto plazo”, agrega.
El repago de los fondos tomados debe realizarse dentro de los tres años y un trimestre y los cinco años de efectuado el desembolso.
El argentino, según se informó, será un “Stand-By de alto acceso”. Esto significa, siempre según la página del Fondo, que el país en cuestión, que no tiene “intención de utilizar los montos aprobados”, al menos en su totalidad, conserva “la opción de hacerlo si llegara a necesitarlos”.
“El nuevo marco del Acuerdo Stand-By ha ampliado el rango de los acuerdos precautorios de alto acceso, un tipo de servicio de aseguramiento frente a necesidades de financiamiento potenciales muy cuantiosas”, agrega. La Argentina pediría unos 30.000 millones de dólares, según trascendió.
No era esta la idea inicial del Gobierno: apuntaba a obtener el financiamiento requerido en las condiciones más blandas posibles.
En ese sentido, se buscaba acceder a la Línea de Crédito Flexible (FCL), que sirve para evitar que un Estado miembro del Fondo “entre en una verdadera crisis”. La misma no impone mayores condiciones si el Fondo considera que las políticas del país son las correctas, que es lo que ocurre hoy con México y Colombia.
Sin embargo, analistas y fondos de inversión veían que el encuadre a este modelo de la Argentina, cuyos fundamentals son menos sólidos, era muy problemático. Ante eso, asomaba un plan B: la Línea de Precaución y Liquidez (PLL), establecida para ayudar a países con fundamentos económicos razonables pero que presentan mayores vulnerabilidades, como es actualmente el caso de Marruecos. En los seis meses a dos años de duración del acuerdo, el país solicitante debe corregir sus debilidades y se somete a revisiones semestrales de los técnicos del Fondo, condición para la efectivización de los desembolsos.
Pero tampoco será éste el caso de la Argentina. Su pedido se enmarcará en el temido Stand-By.
¿Qué correcciones pedirá el FMI a cambio del dinero? Una buena aproximación a ello surge de lo señalado por técnicos del staff del organismo en la última revisión de la economía nacional, completada en septiembre del año pasado bajo el paraguas del artículo IV del Convenio Constitutivo del organismo. En el texto, aprobado por el Directorio en diciembre, consta que algunos directores “coincidieron en que un déficit fiscal menor reduciría las vulnerabilidades externas, construiría credibilidad y ayudaría a anclar las expectativas de inflación. Muchos directores apoyaron una política de equilibrio fiscal más frontal, que permitiría reducir las tasas de interés, reduciría las presiones sobre el peso y limitaría las vulnerabilidades ante una repentina restricción de las condiciones de financiamiento externo”. Describieron anticipadamente el escenario actual, que no se pudo evitar.
Los recortes deberían provenir, según el mismo texto, de áreas sensibles del gasto social.
“Los directores hicieron notar que es esencial reducir el gasto público, especialmente en las áreas en las que se incrementó más rápidamente en los últimos años, notoriamente en salarios (de empleados estatales), jubilaciones y transferencias sociales”, continúa.
En su descripción de los Stand-By, el Fondo advierte que “cuando un país solicita un préstamo, acuerda ajustar sus políticas económicas para superar los problemas que lo llevaron a tener que pedir financiamiento en primer lugar”.
Esto es lo que viene. Aunque no se quiera usar la palabra crisis.
