La reglamentación sobre el uso de armas de fuego en las fuerzas federales abrió una grieta en el oficialismo, pero el bloque Mauricio Macri - Patricia Bullrich sigue firme con su postura y dispuesto a avanzar con la iniciativa, rechazada por la aliada Elisa Carrió y por organismos de derechos humanos nacionales y extranjeros como Amnistía Internacional. En el marco de esta nueva tensión en el oficialismo, el Presidente y su ministra de Seguridad recibieron un número que les da aire: según un sondeo de Management & Fit, el 60% de la sociedad está de acuerdo con habilitar a los efectivos a utilizar sus armas sin que sea obligatorio que den previamente la voz de alto.
De acuerdo con la consultora que conduce Mariel Fornoni, el 82% de los encuestados en el Área Metropolitana de Buenos Aires asegura estar al tanto de los detalles de la resolución. El 59,2% dice estar de acuerdo con la resolución del Ministerio de Seguridad. De ese total, un 37,4% afirma estar "muy de acuerdo" y un 21,8% "de acuerdo".
En tanto, el 39,6% de los consultados está en desacuerdo. Desagregado, el 9,9% de esa cifra admite estar "algo" en desacuerdo y el 29,7% restante expresa un total rechazo a la iniciativa.
Tras el operativo durante la Cumbre de Líderes del Grupo de los 20, el Gobierno busca mostrar una agenda centrada en la seguridad y en su capacidad de controlar la calle en el último mes del año, tradicionalmente el más complejo y, en especial, en el marco de una recesión económica que golpea los bolsillos. La Cumbre del G20 fue noticia por muchos aspectos, pero no por fallas en las garantías de seguridad de los líderes mundiales que estuvieron en Buenos Aires.
El Gobierno sacó pecho tras "comprobar" su capacidad organizativa y aprovechó los elogios internacionales por el normal desarrollo de la Cumbre y el operativo de seguridad. Fue la oportunidad que encontró la Casa Rosada para volver a poner sobre la mesa el debate sobre el rol de las fuerzas de seguridad. La resolución lleva meses de discusión, incluso con la cúpulas de las fuerzas federales, y el Presidente es el más interesado en que se cumpla a rajatabla. La actualidad y la situación del G20 aceleraron más la discusión, pero fuentes cercanas a Bullrich aclaran que el protocolo entró en vigencia durante la Cumbre de Líderes, justamente a requerimiento de los servicios de seguridad de los jefes de Estado que circularon la semana pasada por la Ciudad.
Este es un debate en curso en el oficialismo desde 2015 y algunos funcionarios lo califican como un "cambio cultural" que, eufemismos aparte, sostiene que las fuerzas de seguridad no tienen capacidad de defenderse ni de defender a los ciudadanos. Lo que actualmente se debate no es más que lo que quieren Macri y Bullrich para la seguridad del día a día y lo que, sostienen, hacen países como Uruguay o Brasil, por citar dos casos cercanos. Los grises que tiene la resolución, tal cual advirtió Carrió, podrían dirimirse con una ley que discuta toda la oposición. Las circunstancias en las que un agente de seguridad o policial puede abrir fuego son confusas. El Gobierno preferiría evitar ese paso parlamentario porque, advierten fuentes oficiales, eso "desdibujaría" el espíritu de la medida.
Carrió puso el grito en el cielo y habló de "fascismo". La declaración generó malestar en Balcarce 50, donde el principal stopper de los reveses de Lilita es el jefe de asesores presidenciales, José Torello. Talentoso ex jugador de rugby, "JT" se adelantó a varios de los tackles de Carrió para cuidar a su amigo Macri y mantener el vínculo con la aliada oficialista. Esta vez su lugar lo ocupó Marcos Peña, que sigue concentrado en detectar internas y cuidar a los propios. El jefe de Gabinete habló por teléfono con la diputada, como en otras oportunidades lo han hecho Torello y Fabián Pepín Rodríguez Simón, los "mejores amigos" de Lilita en el seno del macrismo. Fue en vano. Carrió insiste con que el protocolo pase por el Congreso y habló de "demagogia electoral" tras la idea de Bullrich, otrora aliada y desde hace meses en su mira, como señaló oportunamente Letra P.
La misma encuesta que le sonríe al cada vez más rígido dúo Macri - Bullrich, también le da la razón a Lilita: el 62% de los encuestados por Management & Fit sostiene que el Gobierno avanza con la resolución "pensando en las elecciones de 2019". En tanto, un 29,4% cree que la medida "beneficiaría" al oficialismo durante la competición en la que Macri buscará la reelección.
Por otra parte, en torno a la polémica acerca de si la medida podría traer como efecto un incremento de los casos de "gatillo fácil" se exhibe una división profunda. El 46,6% de los consultados no considera que el protocolo lo habilite y un 44,9% asegura que la resolución llevará a un aumento de este tipo de casos.
