El impacto por el femicidio agitó el tablero en el recinto. El PJ rechaza la avanzada. Raúl Garzón y las muertes de bebés, el precedente que reabre una herida.
Integrantes de las bancadas opositoras de la Legislatura de Córdoba pidieron jury a los fiscales del caso Agostina
El femicidio de Agostina Vega en Córdoba reconfiguró el escenario político en la Legislatura provincial. La oposición impulsó un pedido de jury contra fiscales vinculados al caso y reactivó cuestionamientos por la causa del Hospital Neonatal, mientras algunos sectores también reclamaron la salida del ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros.
El radicalismo alineado con Rodrigo de Loredo, el Frente Cívico de Luis Juez, el PRO, Encuentro Vecinal, La Libertad Avanza, la izquierda y otros espacios compartieron una conferencia de prensa para anunciar la ofensiva institucional.
La principal iniciativa apuntó al fiscal Iván Rodríguez, cuestionado por haber concedido en 2025 la libertad bajo fianza a Claudio Barrelier, actualmente acusado del femicidio de la adolescente. El acusado enfrentaba una causa por privación ilegítima de la libertad tras el secuestro de una joven.
Para los bloques denunciantes, aquella decisión judicial constituyó un antecedente central para analizar el desempeño del funcionario y justificar el pedido de enjuiciamiento.
El pedido de jury reunió a sectores que pocas veces coinciden dentro de la Legislatura. Sin embargo, la situación cambió cuando la discusión se trasladó al fiscal Raúl Garzón, responsable de la investigación del crimen.
El legislador libertario del bloque Mejor Futuro, Gregorio Hernández Maqueda, no acompañó esa presentación. Tampoco lo hizo el dirigente radical Dante Rossi, quien consideró prematuro avanzar contra Garzón mientras la investigación permanecía abierta.
Rossi solicitó al fiscal General de la provincia, Carlos Lezcano, que evalúe el apartamiento de Garzón de la causa. Una postura similar sostuvieron otras fuentes legislativas consultadas.
Voceros del Gobierno provincial señalaron que sería inédito promover un jury contra un fiscal que logró esclarecer un caso en un plazo considerado razonable.
La definición quedará en manos de la Comisión de Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial, integrada por representantes del Tribunal Superior de Justicia y de los bloques legislativos de mayoría y minoría.
La oposición incorporó otro elemento de peso a su argumentación al vincular el caso con la investigación por las muertes de bebés en el Hospital Neonatal de la Ciudad de Córdoba.
La legisladora radical Brenda Austin recordó que Garzón no era el fiscal natural de aquella causa y que su designación fue resuelta por la Fiscalía General, una decisión que generó cuestionamientos opositores desde el inicio del expediente.
Los cuestionamientos también alcanzaron a Rodríguez. El fiscal archivó una denuncia conexa vinculada al Neonatal, donde se investigaban reuniones entre funcionarios judiciales y miembros del Poder Ejecutivo provincial.
Para los espacios denunciantes, la aparición de ambos funcionarios en expedientes de alta sensibilidad política alimentó sospechas sobre el funcionamiento de determinados sectores de la Justicia cordobesa.
La controversia también incorporó una dimensión política adicional por la situación de Barrelier, cuya incorporación a la Municipalidad fue asociada por la oposición al abogado penalista y concejal oficialista Ricardo Moreno.
Además de la ofensiva contra integrantes del sistema judicial, algunos bloques decidieron avanzar sobre el gabinete del gobernador Martín Llaryora.
El reclamo se concentró en el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, a quien responsabilizaron por presuntas fallas de prevención y actuación policial en el contexto del caso.
No toda la oposición acompañó esa posición. El dirigente radical Dante Rossi y el presidente del bloque del PRO, Oscar Agost Carreño, interpretaron el planteo como una discusión de carácter político más que institucional.
Por su parte, el legislador de Encuentro Vecinal, Gerardo Grosso, anticipó que su espacio analizaría si adhiere al pedido. Mientras tanto, la conmoción generada por el caso de Agostina Vega continuó impactando sobre la agenda política de Córdoba, con derivaciones que excedieron ampliamente la investigación judicial del crimen.