El anuncio del presidente Mauricio Macri sobre un involucramiento de las Fuerzas Armadas en seguridad interior, con un foco especial puesto en la vigilancia de la frontera norte, la más expuesta al narcotráfico, sirve a varios objetivos simultáneos, impulsados por los Estados Unidos y hasta incluidos en el reciente acuerdo de rescate financiero del Fondo Monetario Internacional (FMI).
Por un lado, el Gobierno apunta a liberar recursos humanos y materiales de Gendarmería, destinados hoy a esas tareas y que podrán pasar a ser utilizados en la represión del delito y la protesta social. Sin embargo, especialistas advierten que ello desnaturaliza la función y la capacitación del personal militar, algo que no permite esperar resultados positivos.
Rut Diamint, Ph.D. en Estudios Internacionales de la Universidad Autónoma de Barcelona y profesora investigadora asociada en la Universidad Torcuato Di Tella, le dijo a Letra P que “estoy totalmente en contra de usar a las Fuerzas Armadas para tareas de seguridad, porque estoy convencida de que no va a dar resultados positivos y de que va a desprofesionalizarlas”.
Según la especialista, que fue asesora del Ministerio de Defensa entre 2003 y 2005, esta iniciativa responde a que el Gobierno “no tiene una verdadera reforma para la defensa. Son parches que no van a mejorar la seguridad”.
La iniciativa oficial rompe con una política de Estado implantada desde el retorno de la democracia en diciembre de 1983, durante el gobierno radical de Raúl Alfonsín, que buscó separar a las Fuerzas Armadas de cualquier participación en asuntos domésticos como un modo de impedir la eventual repetición de una represión ilegal como la ocurrida en la última dictadura y de conjurar su tradición golpista.
Esa doctrina fue decantando en un cuadro normativo que este gobierno, en el que llamativamente también participa la UCR, deberá ahora desmontar drásticamente. De acuerdo con Diamint, una de las principales especialistas argentinas en la materia, “la Ley de Defensa define muy claramente en rol de las Fuerzas Armadas y también lo hace la Ley de Seguridad”.
En efecto, la Ley de Defensa Nacional 23.554 de abril de 1988 establece en su artículo 2º que “la Defensa Nacional es la integración y la acción coordinada de todas las fuerzas de la Nación para la solución de aquellos conflictos que requieran el empleo de las Fuerzas Armadas, en forma disuasiva o efectiva, para enfrentar las agresiones de origen externo”. En tanto, en su artículo 4º define que “para dilucidar las cuestiones atinentes a la Defensa Nacional, se deberá tener permanentemente en cuenta la diferencia fundamental que separa a la Defensa Nacional de la Seguridad Interior. La Seguridad Interior será regida por una Ley Especial”.
El tema, entonces, debería pasar sí o sí por el Congreso, porque un decreto, posibilidad de la que habló este lunes el ministro de Defensa, Oscar Aguad, solo alcanzaría para derogar o modificar el firmado por Néstor Kirchner (727/2006).
Aquel decreto es tajante al limitar la participación militar a las amenazas externas. Según su artículo 1º, “las Fuerzas Armadas, instrumento militar de la defensa nacional, serán empleadas ante agresiones de origen externo perpetradas por fuerzas armadas pertenecientes a otro/s Estado/s, sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley Nº 24.059 de Seguridad Interior y en la Ley Nº 24.948 de Reestructuración de las Fuerzas Armadas en lo concerniente a los escenarios en los que se prevé el empleo del instrumento militar y a las disposiciones que definen el alcance de dicha intervención en operaciones de apoyo a la seguridad interior”. Asimismo, el artículo 3º indica que “el Sistema de Defensa Nacional no podrá contemplar en su formulación doctrinaria, en la planificación y adiestramiento, en la previsión de las adquisiciones de equipos y/o medios, como así tampoco en las actividades relativas a la producción de inteligencia, hipótesis, supuestos y/o situaciones pertenecientes al ámbito de la seguridad interior, conforme la misma aparece delimitada en la Ley Nº 24.059 de Seguridad Interior”.
El nuevo rol que se pretende dar a las Fuerzas Armadas se ubica en línea, aunque de modo incipiente, con los requerimientos de los Estados Unidos para la región, que encontró eco especialmente en los casos de Colombia y, más recientemente, México.
Los resultados de la “guerra contra las drogas” impulsada por Washington, que parece comenzar a adoptar la Argentina, no han sido favorables. El caso más emblemático, el “Plan Colombia”, financiado con miles de millones de dólares por Estados Unidos desde 1999, no redujo ni el consumo ni el tráfico, no sirvió para impedir que los viejos carteles se reciclen en otros nuevos y expuso al personal militar al poder corruptor del dinero negro al colocarlo en la primera línea.
Asimismo, dicha participación derivó en permanentes denuncias de violaciones de los derechos humanos y produjo una escalada del conflicto.
Esa historia se repitió en México, donde los muertos llegan a 250.000 muertos desde el comienzo de la ofensiva decidida por el entonces presidente Felipe Calderón en 2006. El mandatario electo de ese país, Andrés Manuel López Obrador, se propone desmantelar esa política fallida.
Tampoco esa política ha resultado bien en Brasil, donde el actual presidente, Michel Temer, incrementó exponencialmente la política de “pacificación” de favelas en Río de Janeiro al militarizar directamente, intervención mediante, la seguridad de ese estado. Los narcos huyen de las barriadas ocupadas y retornan ni bien se dan las condiciones, en tanto que la inseguridad, los asesinatos y los ajustes de cuentas no dan tregua.
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Consultada sobre el modo en que la novedad será recibida por el personal militar argentino, Rut Diamint diferenció dos sectores.
“Uno está absolutamente en contra, porque considera que los militares fueron educados y entrenados para otro tipo de actividad, por lo que se sienten muy disconformes. Otro, en cambio, cree que la única manera de recuperar cierto protagonismo es a través de la participación en seguridad interior”, señaló.
La especialista identificó a esta última ala, en la que se apoyará el Gobierno, como “la que está identificada con (el ex ministro de Defensa) Horacio Jaunarena, que viene proponiendo una reforma de este tipo desde 2000 o 2001. Esto conllevaría la compra de equipamiento apto para seguridad y no para defensa”.
Por último, la reforma anunciada tendrá, tangencialmente, un efecto económico, ya que la reestructuración territorial de las tres fuerzas involucrada en el plan oficial permitirá avanzar más decididamente en la venta de tierras fiscales prevista como uno de los ítems del plan de ajuste negociado con el Fondo Monetario Internacional.
El ministro de Defensa, Oscar Aguad, reconoció que la venta de terrenos que no sean considerados de valor estratégico será una derivación natural de la reorganización de bases. “Estamos trabajando en eso”, respondió, lacónico, en declaraciones al canal América.
Vale recordar, en ese sentido, que el informe del staff del FMI sobre el acuerdo de Stand-by vigente con la Argentina identifica como aspectos que deben ayudar al esfuerzo fiscal “la venta de tierras y la amortización de activos del fondo de prensión”, esto es el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES. El ahorro previsto en base a ambos criterios alcanza a 0,2% del PBI este año y al 0,6% en 2019.
La dirigencia en ojotas calienta motores. El parador rebautizado en honor a Milei, Massa y Momo. Ritondo, Recalde, Wado, Pullaro y más abonados al reunionismo.