Todavía saborea el éxito por la organización de la cumbre del G20, que lo hizo codearse en su propia casa con los mandatarios más poderosos del planeta, pero la política doméstica volvió a desvelar al presidente Mauricio Macri, que este martes vio chocar sus deseos contra la resistencia del Congreso, encabezada, paradójicamente, por el propio oficialismo, que pide cambios al proyecto contra las barras bravas y duda sobre el financiamiento de las campañas.
La semana empezó complicada para el Presidente en el Congreso, desde donde el mismo lunes le llegó la noticia de que su aliada Elisa Carrió no daba su aval a la ley de financiamiento de los partidos políticos. No fue una novedad. Los dirigentes cercanos a la diputada aseguran que llevan un año advirtiéndole al Ejecutivo que no comulgan con la idea de que las empresas puedan ser aportantes de las campañas electorales, pero nadie los escuchó.
El Presidente incluyó el proyecto en el temario del llamado a sesiones extraordinarias e insistió este martes en una reunión de enlace parlamentario que se celebró en Casa Rosada, ante la necesidad de avanzar en el tratamiento y la aprobación de la ley antes de fin de año. Carrió hizo caso omiso y este martes disparó desde su cuenta de Twitter. “Voy a votar en contra del aporte de empresas a los partidos políticos, de acuerdo con la doctrina histórica de la CC ARI porque esto es los que permite mantener la independencia para defender al pueblo (…) No me importa lo que opine el Presidente, sostengo lo mismo que decimos desde hace 25 años”, escribió Lilita.
La publicación de Carrió cayó como una bomba en medio de la reunión de Labor Parlamentaria en la que todos los jefes de bloque acordaban, pasadas las 19.30, los términos de las dos sesiones previstas para este miércoles. En la primera, que se celebrará a las 10.30, se renovarán las autoridades de la Cámara. En la segunda, convocada para las 11.30, se aprobarán la modificación a la ley de Bienes Personales que el Ejecutivo acordó con los gobernadores, convenios de cooperación internacional y la autorización al Presidente para salir del país, entre otras cosas. Ninguno de los proyectos tiene disidencias ni observaciones.
Pero el tuit de Carrió vino a sembrar aún más dudas sobre la celebración de la sesión prevista para el jueves, en la que la Casa Rosada esperaba que se aprobaran el proyecto de financiamiento de los partidos políticos y la ley contra los barrabravas. “Nosotros tenemos buena predisposición para tratar el tema de forma seria, pero si ellos no resuelven la interna que tienen, no vamos a entrar ahí”, deslizaron desde el interbloque Argentina Federal, que estaba dispuesto a acompañar el proyecto de financiamiento. En el radicalismo tampoco había acuerdo. La UCR se había mostrado más permeable que Carrió a las negociaciones, pero las aguas estaban divididas. Por ser un proyecto relacionado con temas electorales, necesita de una mayoría absoluta –129 votos- para ser aprobado en el recinto.
Al conflicto por la ley de financiamiento, ya anunciado este lunes, se le sumó el martes un nuevo problema para el Gobierno. El proyecto de “prevención y represión de delitos en espectáculos futbolísticos”, cuyo envío al Congreso anunció el Presidente tras el escándalo del River-Boca, también chocó con la resistencia oficialista.
“Así como está, no sale”, repetían este martes en los pasillos del Palacio Legislativo diputados de todos los bloques que integran Cambiemos: el PRO, la UCR y la Coalición Cívica. Todos unidos en contra del texto enviado por Patricia Bullrich, con críticas a la falta de proporcionalidad de las penas, en relación con el resto de los delitos previstos en el Código Penal. “Tiene que ser armónico. Son penas muy altas. No tiene sentido”, explicaba un diputado radical que advertía bien temprano que el interbloque no estaba dispuesto a acompañar el texto.
La posición de Cambiemos ya le había sido comunicada a los funcionarios del Ministerio de Seguridad este martes al mediodía, en una reunión que mantuvieron con diputados de los tres partidos que componen la alianza oficialista. Allí, directamente algunos legisladores le plantearon a los enviados de Bullrich que había que “rehacer” el proyecto, eliminar “inconsistencias” y conceptos “vagos”, además de clarificar qué se entiende por “inmediaciones” del estadio y cuánto tiempo se considera que es “antes, durante o después” del espectáculo deportivo.
Horas más tarde, los mismos funcionarios llegaron al Congreso para explicar el proyecto ante los diputados del interbloque. No lograron convencerlos. En el oficialismo no solo sonaban las críticas porque el envío del proyecto no había sido consensuado con el ala parlamentaria sino por la urgencia con la que la Rosada pretendía aprobar la ley. “Parece que se abrió la etapa de decisiones a la carta. Mandan cualquier cosa y quieren que aprobemos todo”, se quejó una diputada del oficialismo que remarcaba otro punto que hizo enfurecer al interbloque: la decisión del Presidente de sacar del temario de las sesiones extraordinarias el debate por la ley de alquileres, que el diputado del PRO Daniel Lipovetzky trabajó en profundidad y logró consensuar con asociaciones de inquilinos y con la oposición. El kirchnerismo aprovechó la decisión presidencial para acusar a Cambiemos de haber “estafado” a la ciudadanía con el tema. En el interbloque oficialista reinaba la rabia contra Balcarce 50.
En paralelo, la discusión por la ley contra los barras apenas avanzó en el plenario de las comisiones de Deportes y Legislación Penal, que presiden Daniel Scioli (FpV) y Gabriela Burgos (UCR), respectivamente. Sin posibilidades de sacar dictamen por el desacuerdo interno, el cuerpo volverá a reunirse este miércoles, luego de las dos sesiones previstas, para intentar consensuar un texto. En el bloque que conduce Nicolás Massot (PRO) confían en que la ley pueda votarse en el recinto el jueves, una posibilidad que estuvo en duda todo el martes y que Carrió podría terminar de dinamitar.
